Por Ramón Alonso miembro de la Comuna

Desde hace tiempo, algunos “expertos” tratan de maquillar hechos históricos en función de sus intereses políticos o económicos. De esta manea intentan falsear nuestro pasado para confundir a personas poco familiarizadas con los factores causantes de la situación actual. Son los equidistantes, quienes en elevada proporción también son falsificadores.

Los equidistantes pretenden hacer creer que la guerra fue producto de una situación insostenible creada por ambos bandos, ocultando que se trató de un golpe de estado de parte del ejército apoyado por: gobiernos y ejércitos extranjeros, grupos monárquicos, organizaciones fascistas, el clero y los círculos financieros, contra un gobierno democrático, elegido en las urnas y al que habían prestado juramento de fidelidad. En la guerra hubo excesos por ambos bandos, pero no hay que olvidar que en lado republicano se trató de violencia derivada del descontrol inicial, mientras que en de los sublevados, fueron operaciones de exterminio militarmente planificadas. Según Paul Preston los datos son inequívocos, 50.000 muertos causados por el lado gubernamental (muchos de ellos, resultado de procesos con garantías desde 1937), frente a los 135.000 causados por el lado fascista, asesinatos sin juicio o con simulacros como los consejos sumarísimos. El fin del conflicto bélico cambió el panorama; los equidistantes ya no pueden imputar excesos a los republicanos; por ello pasan directamente a falsificar la historia.

Derrotada la razón, se impuso la barbarie. Desde el 1 de abril de 1939, las atrocidades tienen un único origen, el aparato de estado franquista. El genocidio continuó con agresiones armadas o atropellos contra la población indefensa. Los hitos más importantes fueron:

El Bando de Guerra. Publicado al principio de la sublevación. Con él se podía detener, juzgar por vía sumarísima y privar de la vida o la libertad a cualquier persona, de manera arbitraria, basados en documentos o denuncias de dudoso origen, dejando a los acusados en una casi absoluta indefensión. Tras miles de condenas a muerte o a largas penas de prisión, que generaron una enorme masa de presos que fueron utilizados como trabajadores esclavos, fue sustituido en 1948 por la Ley de Bandidaje y Terrorismo, vigente hasta el fin de la dictadura.

La infame Ley de Responsabilidades Civiles, que castigaba de manera retroactiva hechos sucedidos desde 1934. Esta ley permitía castigar a una persona varias veces por los mismos hechos. Fueron frecuentes los fusilados que volvieron a ser condenados tras su muerte, debiendo responder sus familiares con sus patrimonios de las multas. Derogada en 1969.

La hambruna, que duro más de 12 años, generando un severo racionamiento que creó un mercado negro de extensión difícilmente evaluable, donde se amasaron inmensas fortunas a costa de las privaciones de la población. Las cartillas de racionamiento duraron hasta 1953.

La implantación del Movimiento Nacional (MN), término aparecido al ser inminente la victoria de los aliados. Con esto pretendieron enmascarar la liturgia falangista, pero las estructuras, procedimientos, y simbologías mantuvieron una clara inspiración fascista. Tuvo un gran poder: político con las cortes, sindical con los sindicatos verticales y mediático, con nodo (noticiero cinematográfico), radio nacional, televisión, diarios generales (Arriba, Pueblo) o provinciales. En síntesis, un conglomerado de organismos con enorme influencia, cuyo personal vivía del erario público, gozando de grandes privilegios. Todas esas organizaciones, muchas innecesarias, tenían exceso de personal y se usaron para instaurar un clientelismo político que todavía persiste.

La represión implacable, sistemática y extensiva. Los cuerpos policiales detuvieron y torturaron a cientos de miles de personas en la inacabable noche franquista. Los distintos órganos policiales tenían poder ilimitado, para lo que contaron con amplio amparo legal, prestado por una judicatura muy favorable a cubrir sus excesos, lo que suponía de facto la impunidad casi absoluta. El sistema judicial paso por tres fases, la Justicia Militar y sus Consejos de Guerra sumarísimos, el Juzgado Especial Nacional de Actividades Extremistas, y finalmente el Tribunal de Orden Público (TOP), que también era único y especial.

Como los neofranquistas (de los que los equidistantes forman parte) no pueden ocultar estos hechos, cambian de método: Adulteran la historia. Según muchos de ellos, el gobierno de Franco, se había transformado en sus años finales en una especie de autoritarismo paternalista. Ya no era ni dictadura ni mucho menos fascista. Los hechos siempre obstinados muestran lo contrario:

Si bien la violencia institucional no era tan intensa como en los primeros años, esta no había desaparecido. Analicemos el periodo 1964 a 1976 (periodo de vigencia del Tribunal de Orden Público): en él hay contabilizados e identificados más de 100 muertos y más de 100 heridos causados impunemente por las ‘fuerzas del orden’ contra personas que reclamaban mejores salarios, o libertades básicas o por “error” (Granada, la Bazán, Pedro Patiño, Enrique Ruano, Cipriano Martos, muertos en controles…). Muchos cambios legislativos fueron para perfeccionar el sistema represivo: La modificación de la Ley de Orden Público, permitió a la policía mediante fuertes sanciones administrativas encarcelar a muchos detenidos sin mandato judicial. Los Estados de Excepción, la disposición que declaraba como aforados a los policías y la Ley Antiterrorista, dieron mayor cobertura jurídica a los excesos policiales.

Los Tribunales Militares siguieron funcionando, como en los casos de la Sardina en Canarias en 1968, los asesinatos de la Bazán, el proceso de Burgos, el infame caso Puig Antich o las farsas de 1975, sin olvidar el caso del periodista Huertas Clavería, encarcelado por la “justicia militar” por insinuar que algunas viudas de relevantes oficiales regentaban prostíbulos en Barcelona.

El TOP, competente en todo el país, cuyos autos eran irrecurribles y que condenaba en base a los informes policiales, había incrementado su actividad. Los detenidos de fuera de Madrid pasaban al juzgado que territorialmente correspondiese, quien enviaba al TOP los sumarios, donde se aceptaban o no. Como norma general, los detenidos quedaban en prisión preventiva hasta esa primera decisión. Si se acordaba su libertad, (provisional o definitiva) no recibían compensación alguna por el tiempo pasado entre rejas, aunque generalmente hubieran perdido sus empleos. Según J.J. del Águila se instruyeron más 20.000 sumarios, afectando a más de 50.000 individuos, con 3.900 sentencias condenatorias para unas 9.000 personas. Sin embargo, tanto estas como las no condenadas sufrieron consecuencias como los despidos y nunca fueron compensadas por ello ni por las torturas y las penalidades padecidas durante el proceso.

El aparato franquista (MN, Sindicatos verticales, etc.), seguía funcionando a todo trapo. Se organizaban frecuentes manifestaciones y demostraciones sindicales de ‘adhesión al régimen’, los artículos de prensa eran interminables loas.

En conclusión, a la muerte del dictador, los rasgos distintivos de las dictaduras fascistas seguían vigentes: el aparato represivo funcionaba con total impunidad, el “partido único” seguía haciendo mascaradas como la del 1 de octubre del 75, alimentando a más de un millón de parásitos y los tribunales (militares, TOP) cometían arbitrariedades y condenaban a su libre albedrio. El franquismo no murió con Franco. Como es bien conocido el TOP, el Movimiento y la Brigada Social no cesaron sus actividades hasta 1977, disfrazándose para seguir actuando. Los parásitos fueron recolocados en la administración pública y los que hicieron enormes fortunas con el trabajo esclavo o el mercado negro siguieron con sus negocios sin molestia alguna.