Mañana conoceremos la sentencia del caso de los ERE en Andalucía. Un proceso que se ha dilatado demasiado en el tiempo y que, cuanto más lo ha hecho, más ha perjudicado a la limpieza democrática. Aunque el fallo de este martes es recurrible al Tribunal Supremo, resultará balsámico para quienes perdieron la confianza en una Administración de la que se da por hecho que nos roba.

Hace nueve años ya del inicio de las investigaciones de esta causa. El juicio arrancó en diciembre de 2017 y mañana, al fin, conoceremos la sentencia, después de que se haya trufado demasiadas veces con calendarios electorales. Por la trascendencia política que tiene, se pone el énfasis en los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, pero hay muchos más imputados en esta trama. Toda la ciudadanía necesita una sentencia condenatoria, luz sobre los hechos y que quienes son culpables de este robo al pueblo paguen su delito.

Como debiera suceder en todos los delitos económicos, las personas culpables no sólo deberían pagar con penas de prisión, sino también devolver y compensar por lo robado. Es evidente que esto no sucederá, como no sucede nunca, pero la condena se espera como agua de mayo para que la fe en la Administración comience a restaurarse. Es un camino lento, mucho más lento de la rapidez con que se pierde la confianza en nuestros gobernantes que, ya de por sí, siempre anda algo tocada.

Por otro lado, es obvio que la política se entremezcla en esta causa y que los partidos rivales aprovecharán todo cuanto puedan para sacar rédito político. No se les puede culpar, porque el delito todavía se antoja más lacerante por el hecho de que fuera cometido por un gobierno que se jacta de defensor de la clase obrera. Sin embargo, a pesar de que es lógico y comprensible que se utilice políticamente la sentencia, quienes lo hagan ha de tener un cuidado exquisito: pasarse de frenada sería contraproducente y les haría perder razón y credibilidad, especialmente, a la hora de generalizar a toda España un delito que se circunscribe únicamente a Andalucía.

Por su parte y en función de cuál sea la sentencia, para el PSOE es hora de agachar cabeza. Si el fallo judicial le es contrario y, aunque Chaves y Griñán salgan de rositas, a buen seguro lo será, toca aguantar el chaparrón. Es el momento de morderse la lengua, de pedir perdón, de no contraatacar al PP con demasiada vehemencia con que éste último fue condenado como partido por corrupción. Es el momento de asumir que el correctivo que el PSOE sufrió en las urnas en Andalucía no fue casual y el camino hacia la restauración de la confianza ciudadana no está empedrado con exabruptos, prepotencia y soberbia.