Escuche a estas mujeres, Bolaños, ministro de Justicia

A Churra, la internaron embarazada en las Esclavas de la Virgen Dolorosa de Madrid, donde estuvo durante los años 1984 y 85. El Gobierno socialista de Felipe González ya llevaba tres años en el poder. Fue testigo de esterilizaciones impuestas y ella misma sufrió el intento de robo de su bebé. Una compañera de ella, internada en Peñagrande, relata: “vi muertes de bebés y un niño de cinco años, lo toqué, y su cuerpo, estando muerto, parecía goma”.

Entre 1941 y 1985 existió en España una institución penitenciaria para niñas y adolescentes donde se las encerraba por ser traviesas, porque el padre las violaba, porque algún hombre las había dejado embarazadas siendo menores, porque habían salido respondonas, porque tenían una amiga íntima que a sus padres les daba mala espina, porque sus madres no podían hacerse cargo de ellas, por bailar y porque les gustaba el rock. Allí se convertían en esclavas bajo un régimen de terror del que nadie se hacía cargo. Se llamó el Patronato de Protección de la Mujer y era el infierno por el que pasaron miles de crías, un infierno cuyo dolor llega hasta nuestros días.

A Loli la internaron en el María Goretti de Canillejas. La encerraron porque le confesó a un psiquiatra que su padre la violaba. Las condiciones de vida dentro eran tan atroces, que se escapó y, aun sabiendo lo que le esperaba allí, regresó a casa. Entonces, su padre la dejó embarazada. Pasó por el Tribunal de Menores, que la mandó a otra institución del Patronato, Peñagrande. Ocurría en 1982, el año en el que el PSOE se hacía con el Gobierno por mayoría absoluta. Ese mismo año nació su hija, allí dentro, donde la convencieron de que no valía nada. Un año después, en el 83, su padre acudió a visitarla a Peñagrande. Se la llevó a un hostal de Madrid a pasar la Semana Santa con él, donde la violó repetidamente y la volvió a dejar embarazada. Ella estaba tutelada, a ella no la permitían salir de Peñagrande. Para nada, excepto para que la violara su padre.

Esta semana la Conferencia Española de Religiosos (Confer) ha organizado un acto para pedir perdón a estas mujeres. Un acto en el que sencillamente eso, han pedido perdón y se han comprometido a “revisar” sus archivos. Ante un centenar de supervivientes del Patronato, tres religiosas han balbuceado apenas un perdón insuficiente haciendo hincapié una y otra vez en la idea de una “reparación simbólica”. El daño no es simbólico. La reparación tampoco puede serlo.

María Jesús sobrevivió a las Oblatas del Santísimo Redentor de Carabanchel Alto. Su madre, viuda, la ingresó temiendo que su abuela, violenta hasta la sangre, acabara matándola a golpes. Tenía, cuando entró, ocho años. A su madre le prometieron darle estudios y cuidados. Dentro, la sometieron a un régimen de esclavitud y trabajos forzados, hambre y frío. María Jesús cuenta cómo, si se orinaban en la cama, a las pequeñas les frotaban la vulva con ortigas. También el ano. Relata cómo les obligaban a lamer el suelo dibujando cientos de cruces con la lengua o a desatascar las letrinas obstruidas día tras día con las manos desnudas. “Cuando salí de allí, con 13 años, mi futuro estaba hecho añicos”, cuenta. “Las heridas que he arrastrado afectaron a mis relaciones más queridas”.

No olvidemos sus nombres: Oblatas del Santísimo Redentor, Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, Terciarias Capuchinas, Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Auxiliares del Buen Pastor, Siervas de la Pasión, Religiosas Misioneras de María “Ianua Coeli”, Cruzadas Evangélicas… A muchas de ellas, aún hoy el Estado les paga la “atención” a mujeres en situación de extrema vulnerabilidad. Incluso entre los mismos muros de entonces.

A Consuelo García del Cid, alma de todo este relato, mujer incombustible que lleva décadas dando luchando contra el silencio, la drogaron e inconsciente la trasladaron de Barcelona a Madrid. Se despertó en el reformatorio de las Adoratrices de la calle Padre Damián, 52. “Creo que a las dos semanas ya pensaba en quitarme la vida”.

Consuelo habla de las adolescentes que se suicidaban dentro, de cómo ningún médico pasaba por allí a preguntarse por qué tantas venas cortadas. Habla del robo de sus bebés, de las torturas a las crías que llegaban embarazadas, de cómo otras niñas eran obligadas a hacer de matronas. Habla del dolor que permanece y no está sanado. Porque toda violencia de Estado exige reparación. No perdón. Se perdonan los pecados. “El trato dispensado a las internas supone un sinfín de delitos tipificados en el Código Penal”, afirma Consuelo. “A nosotras, la democracia nos debe 10 años de vida, y en esta caso, la responsabilidad es del Gobierno de España y del Ministerio de Justicia”.

Como recuerda García del Cid, el Patronato de Protección de la Mujer fue “un sistema penitenciario de menores oculto con el Ministerio de Justicia a la cabeza”. Es pues el Ministerio de Justicia quien tiene que reparar todo el daño, el inconmensurable daño hecho, en la medida de lo posible. Ministro Félix Bolaños, está en sus manos que estas mujeres no vuelvan a esperar otros cincuenta años.