Un mito nos hace creer que el avestruz entierra la cabeza ante el peligro. En realidad, lo que hace ante cualquier amenaza es hacerse el muerto y esperar. Se tira al suelo y como su cuello y su cabeza son del color de la tierra árida, en la que vive en África, se mimetizan y parece que los entierra, aunque solo es tanatosis. El término científico para lo que practican varios insectos, aves, peces, sapos y serpientes cuando se sienten amenazados. Se paralizan hasta la inmovilidad tónica con la esperanza de que así desaparezca el problema.

En España la practicamos bastante y los problemas nos crecen y se multiplican. Catalunya, la falta de memoria histórica, el Consejo General del Poder Judicial, la financiación autonómica… Éstos son los primeros que me vienen a la cabeza mientras nos veo a todos haciéndonos los muertos tapaditos con la bandera.

La semana pasada volví a visualizarnos de esta guisa cuando varios tertulianos ilustres me dijeron en directo que el enfoque que proponía del suceso de la semana simplemente no tocaba para mantenerse en su raca–raca.

Una narcolancha arrolló a una patrulla de la Guardia Civil asesinando a dos guardias civiles e hiriendo de gravedad a otro. No fue un accidente. La narcolancha era mucho más poderosa que el barco de las Fuerzas de Seguridad y les pasó por encima tres veces con la clara intención de matar. Ocurrió en Barbate, en Cádiz, en el epicentro de entrada del tráfico de cannabis en España y en Europa.

Desde entonces en los medios se ha señalado al episodio como un punto de inflexión y un nuevo motivo para la crítica demoledora del Gobierno, con la petición de dimisión del ministro de Interior, Grande Marlaska, incluida.

"Esto no puede ser" es el clamor que subyace en todos los discursos y en eso creo que todos estamos de acuerdo.

Lo curioso es que siendo tan claro el diagnóstico no se permita ni plantear la solución más razonable.

A raíz del espantoso incidente, el Gobierno ha subrayado lo que ha hecho contra este narcotráfico en la zona desde que llegó a la Moncloa en junio de 2018. En julio de aquel mismo año puso en marcha un plan específico de lucha contra el narcotráfico en El Estrecho, que antes no había. Desde entonces ha invertido 80 millones de euros en él. Ha reforzado con 5000 agentes a los Cuerpos de Seguridad que allí trabajan. Se han llevado a cabo 22.000 operaciones policiales, se ha detenido o investigado a más de 20.000 sospechosos, se han incautado 1.700 toneladas de droga, se han abierto 12 juzgados más, se han destinado 1.000 millones al puerto de Algeciras, 800 a sus infraestructuras ferroviarias, 450 a políticas activas de empleo que se sumaron a los 50 millones que ha invertido en eso la Junta de Andalucía, etc.

La queja de quienes luchan contra esta delincuencia, poniendo en riesgo sus vidas, es que sus medios no están a la altura y la mala noticia es que nunca lo estarán. Ellos siempre tendrán un barco más grande, un GPS más potente, un drón que vuela más alto, un submarino supersónico o lo que haga falta porque al Estado igualar su inversión nunca le saldría rentable.

Los jueces de la zona no dan abasto. Las plazas en judicatura y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado allí rotan y rotan. Pocos quieren ese trabajo. Hay juicios que prescriben porque las instrucciones se complican y se alargan y alargan. En uno de los último macrojuicios por el tráfico de cannabis en esta zona se gastaron 150.000 euros en remodelar el juzgado para que cupieran los 150 acusados que se sentaban en el banquillo.

Con todo esto presente, ¿por qué no nos estamos planteando legalizar el cannabis como ahora mismo está haciendo, por ejemplo, Alemania?

El Gobierno alemán tripartito del SPD, los Verdes y los liberales del FDP han llegado a un acuerdo con la Comisión Europea para sacar adelante un proyecto de ley que legislará sobre su consumo recreativo terminando con una lucha condenada al fracaso y cambiando infinitos gastos inútiles por 4.700 millones de Euros para las arcas del Estado, en ahorro y en impuestos, según sus cálculos.

Holanda, Canadá, Uruguay, Sudáfrica, recientemente Malta, y 21 estados de esos Unidos han decidido dejar de poner puertas a este mar como hace tiempo que hacemos todos con otros mares, como el alcohol o el tabaco –que también rompen vidas–, contra los que luchamos con buenos resultados de una manera menos costosa, en muchos sentidos, y mucho más lucrativa.

En España se calcula que el 10% de la población consume cannabis con regularidad. El 10% de 48.000.000 de habitantes, son 4.800.000 y eso es mucha gente y un mercado gigante que se mantiene desde hace décadas. La inminente regulación de su uso médico en nuestro país debería ser solo el primer paso para terminar con éste tráfico, restringir más el acceso de menores y vulnerables a sus efectos perniciosos, imponer controles de calidad y de abusos, y hacer caja en lugar de mantener este agujero negro en nuestros presupuestos.

Alemania va camino de sumarse al club de lo posible. Eso es lo que dice la lógica y la empírica. Habrá que ver si aquí dejamos el de los imposibles y de tirarnos las víctimas a la cabeza mientras nos hacemos los locos o los avestruces y no evitamos muertes como las de esta semana.