"La dependencia de la economía europea de materias primas esenciales como el litio o las tierras raras —que actualmente no se producen en el continente— no es sostenible". Así comenzaba el discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la apertura de las Jornadas de la Industria de la Unión Europea (UE), ya en 2021. Los datos respaldan su afirmación: actualmente, entre el 75% y el 100% de los metales utilizados en la UE proceden de fuera de sus fronteras. Una situación que, lejos de revertirse a medio plazo, se agudiza ante una economía cada vez más dependiente del uso intensivo de materias primas minerales. Solo para la producción de baterías de coches eléctricos y sistemas de almacenamiento energético, Europa necesitará hasta 18 veces más litio en 2030, y hasta sesenta veces más en 2050.

Además, en un contexto de renovadas tensiones geopolíticas a escala global, el control sobre la extracción, el procesamiento y las cadenas de distribución de materiales fundamentales se ha convertido en un elemento estratégico dentro de la competencia interimperialista actual. En este marco, la Unión Europea lleva tiempo desarrollando una ambiciosa agenda comercial destinada a reforzar su autonomía estratégica, en la que se inscriben nuevos mecanismos de inversión como el Global Gateway: un paquete de financiación público-privada que pretende movilizar 300.000 millones de euros para competir con el Belt and Road chino, es decir, la Nueva Ruta de la Seda. Tanto la agenda de inversiones del Global Gateway como la reciente oleada de acuerdos comerciales impulsados por la UE en los últimos dos años —renovación de los tratados con Chile y México, conclusión del acuerdo con Mercosur, y la firma de partenariados estratégicos sobre materias primas con una decena de países— han sido diseñados con un objetivo claro: garantizar el acceso de las transnacionales europeas a los recursos minerales de esas regiones.

Sin embargo, para reducir esta elevada dependencia del exterior, la UE también ha desatado una auténtica fiebre minera interna, amparada en el nuevo Reglamento Europeo de Materias Primas Fundamentales. En este sentido, la Comisión ha desarrollado una estrategia para abrir 47 minas en territorio europeo, clasificadas como proyectos estratégicos; destinadas a la extracción de diecisiete minerales en los que la UE depende, casi en su totalidad, de terceros países. Una ola extractiva que afecta de forma particular a la Península Ibérica: solo en Extremadura se han concedido hasta 150 permisos de investigación para la búsqueda de materias primas.

En esta carrera global por los recursos, el Gobierno español se ha posicionado como el alumno más aplicado de Bruselas, lanzando un ambicioso plan de prospección con la puesta en marcha del Programa Nacional de Exploración Minera. No se producía una iniciativa de este calibre desde el Plan Nacional de Minería del tardofranquismo, ejecutado entre 1969 y 1970. Actualmente, España es el país europeo con mayor número de proyectos extractivos reconocidos como estratégicos: siete en total, de los cuales seis son de extracción y uno de reciclaje. Esta realidad contrasta con países como Italia, Francia o Alemania, donde la mayoría de los proyectos presentados se centran en reciclaje, procesado o sustitución. Esto confirma el papel de “zona de sacrificio” que las élites europeas parecen haber asignado a España.

A los impactos devastadores de la minería sobre el territorio, el medioambiente y la salud, se suma la desprotección derivada de la tramitación acelerada de permisos que la legislación otorga a los denominados “proyectos estratégicos”. Estos no solo impiden una participación efectiva de las comunidades locales —que no son debidamente informadas sobre los riesgos—, sino que, al ser considerados de “interés público superior”, permiten relajar la aplicación de normativas ambientales fundamentales como la Directiva Hábitats, la Directiva Marco del Agua o la Directiva de Aves. Cabe destacar que muchos de los yacimientos de los llamados “minerales críticos” se ubican en las proximidades o incluso dentro de zonas especialmente protegidas, como la Red Natura 2000.

Aunque se nos presenta la expansión minera como una vía para alcanzar la supuesta autonomía estratégica europea, la realidad es muy distinta. Detrás de los proyectos impulsados por la UE en nuestro país se encuentran dos de las mayores corporaciones globales del sector, el mayor fondo de inversión del mundo, varias de las fortunas más importantes de España y dos empresarios previamente sancionados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por infracciones muy graves. Una vez más, se sitúa al frente de supuestos proyectos estratégicos a un poder corporativo cuyo único interés es el beneficio privado.

Esta fiebre minera se nos ha vendido como indispensable para afrontar las necesidades de una transición ecológica. Sin embargo, cada vez resulta más evidente que el impulso extractivista está íntimamente vinculado al rearme europeo. Se están destinando materias primas escasas —cruciales para una verdadera transición energética— a nutrir la industria militar. La fiebre extractiva no solo tiene poco que ver con una transición justa, sino que además profundiza las desigualdades sociales y territoriales existentes. Tampoco resuelve el problema del expolio al Sur Global; por el contrario, lo intensifica, apostando por un modelo insostenible basado en una demanda desbordada de minerales.

Así, Europa impulsa una nueva fiebre minera cuando, en realidad, podría estar apostando por una transformación del modelo económico que reduzca la demanda de materias primas y promueva el reciclaje para cubrir las necesidades esenciales. Pero no nos engañemos: esta ofensiva extractivista, una vez más, responde a los intereses de las élites, no a las necesidades sociales de los pueblos.