La periodista Gessamí Forner firma hoy en El Salto un artículo sobrecogedor que evidencia la bajeza moral que todavía se da en nuestra democracia: la tortura a las personas detenidas. Los motivos para avergonzarse de una parte de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como del mismo Gobierno, van a más, porque tal y como ha ratificado el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos (DDHH), dichas torturas se encubren pese a las denuncias.

Olviden las acusaciones porque nada tienen que ver para juzgar los hechos. Ni siquiera hablen de delitos, porque las torturas se producen antes del juicio y, hasta la celebración de éste, toda persona tiene la presunción de inocencia según nuestro Estado de Derecho. La tortura nunca está justificada y, lamentablemente, en España existe.

No es la primera vez que traigo esta lacra de nuestra democracia a la luz, pero el tufo de violación de Derechos Humanos (DDHH) a manos de una parte de nuestras Fuerzas de Seguridad es irrespirable: hasta en once ocasiones ha condenado el Tribunal de Estrasburgo a España por hacer caso omiso de las denuncias de torturas. Y sacúdanse prejucios: de esas once condenas, seis se produjeron bajo un gobierno progresista, con Interior liderado por Fernando Grande-Marlaska, tal y como indica El Salto. Una inmundicia moral que no debería permitirse ninguna democracia... y la nuestra lo hace.

Hoy víctimas de estos abusos protagonizarán un acto simbólico de entrega de las sentencias en el ministerio del Interior, reclamando que España admita una vergüenza nacional: que en pleno siglo XXI y pese a estar expresamente prohibida, emplea la tortura; yo añadiría, además, que la encubre, tal y como la justicia europea ha evidenciado hasta en once ocasiones.

El silencio mediático en torno a este tema resulta tan unánime como lamentable, pese a los años que la misma ONU nos lleva suspendiendo en respeto a los DDHH. Si queremos construir una democracia madura, con sólidos pilares, no podemos practicar y ocultar torturas, tratos indignos a las personas detenidas; en esencia, que la venganza impune continúe integrada en el ADN de una parte de nuestras Fuerzas Armadas y, por qué no admitirlo, de nuestra misma sociedad.