Esperanzas de cambio

Antonio Antón

Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

La respuesta dominante que están aplicando los Gobiernos e instituciones europeas es la política de austeridad, como ajuste económico regresivo y recortes sociales, frente a la opinión mayoritaria de las sociedades. Esa realidad tiene un fuerte impacto en la conciencia social con la mezcla de incertidumbre, adaptación e indignación. Pero, conviene analizar las tendencias sociales de fondo y su carácter ambivalente para perfilar el horizonte. Y un elemento clave es la mentalidad de la población y su actitud: hacia la resignación y el fatalismo o hacia una conciencia cívica, democrática y de cambio.

Tenemos cuatro componentes principales de actual escenario:

1) La prolongación de la crisis socioeconómica, causada por los mercados financieros, con graves consecuencias sociales para la mayoría de la población.

2) La gestión antisocial e impopular de la clase política dominante, con una estrategia liberal-conservadora bajo la hegemonía del bloque de poder (centroeuropeo) representado por Merkel, con la colaboración o corresponsabilidad, primero, de los gobiernos socialistas en los países periféricos como España y, después, de los gobiernos de derecha.

3) Significativo proceso de deslegitimación social del contenido principal de esa política, el reparto injusto de los costes de la crisis, y la crítica hacia la involución de la calidad democrática del sistema político, conformándose una importante corriente social indignada, un campo social diferenciado y en desacuerdo con esas medidas regresivas (que en algunos aspectos concretos alcanza a dos tercios de la sociedad) y, particularmente, una desafección o brecha social respecto de la clase política.

4) Ampliación de las protestas sociales y resistencias colectivas, configurándose una ciudadanía activa, de fuerte contenido social, con un carácter sociopolítico progresista y democrático; se puede cifrar entre cuatro y cinco millones de personas participantes en los procesos huelguísticos y entre uno y dos millones en las grandes manifestaciones sindicales o ciudadanas (y según diversas fuentes en torno a un millón de participantes en las redes sociales vinculadas a estas protestas); se ha encauzado, fundamentalmente, a través del movimiento sindical y el movimiento 15-M (o 25-S), conformando una representación social dual, no exenta de tensiones y altibajos, con sus respectivos representantes o grupos de activistas.

En consecuencia, existen cuatro elementos, íntimamente interrelacionados, que se encadenan históricamente y que, con diversos antecedentes, conforman un nuevo escenario sociopolítico, desde el año 2010. Se ha abierto una profunda y prolongada pugna sociopolítica con el telón de fondo de posiciones contrapuestas: el reparto más o menos desigual de los costes de la crisis, el refuerzo o el desgaste del poder financiero con mayor o menor subordinación de las capas populares, el alcance de los procesos de deslegitimación de la política de austeridad y las élites gestoras con una democracia débil o una democratización profunda.

Y en el campo cultural y de la conciencia social la incógnita está entre dos dinámicas:

a) si la mayoría ciudadana asume los retrocesos democráticos y de bienestar social, bajo de argumento central de contener las demandas populares por su ‘insostenibilidad’ económica y con el refuerzo de los poderosos;

b) si, dada la inmensidad de la riqueza generada, los derechos adquiridos y la amplia conciencia de justicia social, es la economía la que debe servir a la sociedad y se apuesta por una distribución más equitativa, una salida de la crisis más justa, solidaria y progresista y una regeneración democrática del sistema político.

Las opciones básicas son dos:

1) Una profunda reestructuración regresiva del Estado de bienestar europeo, con un retroceso de su modelo social, los derechos sociolaborales y la calidad democrática, con una relegitimación de las élites gestoras y los grupos dominantes de poder financiero.

2) Una dinámica sociopolítica que impida esa salida y apueste por una democratización del sistema político, una renovación profunda de las élites institucionales, una regulación institucional de los mercados financieros, con una fiscalidad progresiva, y un refuerzo de un Estado de bienestar más avanzado.

Ese bloque de poder financiero e institucional es el que dicta la orientación de las políticas, las principales medidas de recortes y fija los ritmos de los retrocesos a imponer. Deben cuidar algunos límites: una mínima cohesión social de las sociedades europeas, una legitimidad básica con una democracia débil y un equilibrio político-institucional de la Unión Europea. En su conjunto, la ciudadanía indignada, los movimientos sociales y las izquierdas sociales y políticas están a la defensiva. Las protestas sociales progresistas son, fundamentalmente, expresivas y de resistencia.

La dinámica principal apunta, a medio plazo, a la imposición de un fuerte retroceso del modelo social europeo, particularmente, en los países periféricos del sur de Europa (que es el marco en que nos situamos). Pero el futuro está abierto por la presencia de los factores opuestos a esa tendencia y que permiten mantener la esperanza de conseguir otro horizonte.

Por tanto, los poderosos no tienen ganado todo el partido (o toda la liga, siguiendo con el símil futbolístico). Su debilidad principal es que su estrategia produce desempleo y sufrimiento popular masivo, no asegura suficiente cohesión social y modernización económica y social, no garantiza una salida justa y equilibrada de la crisis y carece de una legitimidad completa.

La mayoría institucional conservadora en España va perdiendo legitimidad rápidamente; sus recetas se van viendo cada vez más como injustas e ineficaces y sus discursos van perdiendo credibilidad. Su alternativa, presentada como la única posible, no soluciona sino que empeora la grave situación económica, política y social. Su hegemonía cultural e ideológica se está resquebrajando. Los últimos datos sobre la corrupción (caso Bárcenas) acentúan su deslegitimación social.

En el plano sociopolítico, la persistencia de la indignación ciudadana frente a la corrupción (económica y política) y la política de austeridad y recortes sociales, junto con una ciudadanía activa que exige justicia social y democratización política constituyen un factor relevante que pugna por un cambio social y político. Es un acicate para la renovación de las izquierdas y un factor para fortalecer una alternativa progresista que rompa el fatalismo y refuerce la esperanza.