La Comisión PEGA, esto es, la comisión de investigación encargada de examinar el uso del programa espía de vigilancia Pegasus y otros programas equivalentes, publicó sus recomendaciones el pasado 15 de junio. Precisamente desde Bruselas se ha contemplado a España como espía y víctima simultáneamente, puesto que, al tiempo que una comisión de la Eurocámara concluyó que España espió con Pegasus a independentistas catalanes, también señalaron a Marruecos como autor del espionaje sufrido por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y la ministra de Defensa Margarita Robles (causa ésta última que terminó siendo archivada por la Audiencia Nacional).

Podría decirse que el trabajo desarrollado por la Comisión PEGA no ha contribuido a mejorar el escaso prestigio que tienen estos grupos de trabajo –ya saben, aquello de "si quieres retrasar o distraer la solución de un asunto, crea una comisión"-. Sin embargo, no ha sido tanto por su esfuerzo como por los palos en las ruedas que los Estados miembros han estado introduciendo en cada paso.

Los trabajos de esta comisión se han extendido durante algo más de un año y medio y, como nos descubre la periodista italiana Laura Carrer, la colaboración de los gobiernos ha brillado por su ausencia. Eurodiputadas que participaron activamente en la investigación lamentaban el pasado junio cómo buena parte de los Estados miembros o han ignorado o, aún peor, han obstruido el trabajo de PEGA.

El presidente de la comisión, el holandés Jeroen Lenaers, ya había anticipado meses atrás que ni los Estados miembros ni la propia Comisión Europa estaban colaborando como era deseable. Para muestra un botón: las respuestas al cuestionario sobre uso de software espía únicamente llegaron de 10 de los 27 Estados miembros, con ausencias, según Carrer, como los Países Bajos, la República Checa, Dinamarca, Italia o Malta, entre otros.

En mayo, la eurodiputada Sophie In't Veld, visiblemente decepcionada porque “ningún gobierno ha rendido cuentas de manera efectiva”, afirmaba que “ni una víctima de abuso de espionaje ha obtenido justicia”, advirtiendo que pese a haber concluido el trabajo de PEGA, “los Estados miembros y la Comisión Europea no deberían dormir tranquilos, porque tengo la intención de seguir adelante con este caso hasta que se haga justicia”.

La amenaza del uso sin trabas de programas de espionaje comercial, con total ausencia de supervisión judicial, parece ser algo más que una amenaza, vista la nula la colaboración por parte de la mayoría de los gobiernos europeos. De ahí que entre las recomendaciones contempladas y aprobadas posteriormente en la Eurocámara, destacan las dirigidas específicamente a España. Según indican, las autoridades españolas deberían llevar a cabo una investigación “completa, justa y eficaz”, prestando especial atención a los 47 casos en los que sigue sin quedar claro quién autorizó el uso de programas espía. No se olvida la resolución de las víctimas, instando a España a que vele porque las víctimas puedan hacer valer sus derechos ante los tribunales.

¿Es útil el software espía? Lo es, hasta el punto de que ni siquiera la Comisión PEGA aboga por prohibirlo. Por este motivo, el contraargumento construido sobre la seguridad nacional explotado por los defensores acérrimos de esta tecnología carece de fundamento. Es posible utilizar este software, pero siempre de manera proporcional, respetando la legislación de la Unión Europea y cumpliendo requisitos como la autorización judicial y la supervisión independiente.

Sin embargo, y tras el balance que realizan los propios eurodiputados que han participado de la investigación, ¿podemos sentirnos seguros y seguras? La propia 'T Veld duda de confiar en las autoridades nacionales para velar por el respeto de la privacidad, dado que son quienes han cometido algunos de los casos de espionaje estudiados. Así, la holandesa mira directamente a la UE, con capacidad (y deber) de actuar en esta cuestión, algo por lo que tampoco parece que esté especialmente motivada.