Una estafa democrática (otra más)

Asistimos con perplejidad algunas, que nunca nos curamos de espanto, al falseamiento del currículo que hizo la exdiputada y exvicesecretaria general del PP, Noelia Núñez, la gran promesa -decían sus excompañeros/as de partido- a la que algunos situaban ya como "sucesora de Ayuso en la Comunidad de Madrid cuando ésta diera el salto a La Moncloa". Así la veían a Núñez en el PP de Madrid, algo que no nos sorprendería -no encuentro diferencias políticas e intelectuales entre la presidenta madrileña y ella, salvo el ya citado CV falso- si la también concejala de Fuenlabrada no hubiera tropezado ruidosamente en su camino hacia la fama partidista. Por sus hechos, además, hemos confirmado que la sociedad de la imagen en redes sociales, que tanto esclaviza a demasiada gente y engaña a otra tanta, se ha trasladado a una hoja falsa que se cuelga en las páginas digitales de instituciones y partidos donde, al parecer, cotiza al alza la acumulación de títulos, aunque estos carezcan de valor real y a sus expedidores no los conozca ni el Tato. 

Lo que nos permite esta titulitis de Instagram, eso sí, es reconocer de fondo una política de proliferación de presuntas universidades privadas donde todo el que quiera -estudiando o no, pero siempre pagando bastante- se marcha con ese codiciado título para poner en la web de un partido, institución u organismo público; también en empresas privadas, aunque en éstas es más complicado sobrevivir sin formación real o un buen enchufe que garantice no solo el acceso al puesto de trabajo, sino también la continuidad. La Comunidad de Madrid, la de Ayuso, la que era de Núñez, es especialista en atraer a esas universidades que brotan sin control como setas, a las que el Ejecutivo autonómico respalda generosamente y que garantizan un ecosistema de Instagram, donde todos los que pagan tendrán su título (o títulos) y hasta gobernarán España. Habría pocas diferencias entre la Noelia Núñez que falseó su currículo y la que obtuviese sus títulos vía chiringuito rápido, no me cabe ninguna duda. Carecer de títulos no resta en política, cuyos/as representantes deben serlo de los intereses de toda la sociedad; la mentira, sí; la indecencia, también... O deberían.

La torpeza de Noelia Núñez -que solo por edad, ya complicaba la obtención de los títulos que decía tener- ha destapado una sonrojante guerra de currículos entre los dos principales partidos, como era previsible, lo que en el fondo también desnuda la ineptitud clasista de una siempre excesiva parte de nuestros dirigentes públicos, que buscan medrar a costa de mentir, manipular o exagerar su formación académica. 

Es curioso, si se me permite la retranca, que con la declaración del patrimonio o el resto de actividades que realizan nuestros parlamentarios y gobernantes, ocurra exactamente lo contrario: si se pueden ocultar o matizar las posesiones y dedicaciones al margen de la política, mejor cuando son muchas. Tardamos en enterarnos, por ejemplo, de dónde habían salido los 600.000 euros que Feijóo declaró tarde cuando llegó al Senado tras haber arrojado por la ventana de Génova 13 a Pablo Casado y ocupado el liderazgo del PP. Al final nos enteramos de la exitosa venta de un chalé en las Rías Baixas, pero a regañadientes del protagonista y su equipo. 

Contado así, lo de los títulos, el patrimonio y las "otras" actividades de nuestros políticos/as puede parecer peccata minuta, pero si lo ponemos en contexto y lo analizamos en profundidad, que para eso estamos en Público, nos damos cuenta de que nos enfrentamos a una desvergonzada utilización de la confianza pública que tiene poco que ver con una "democracia plena". Este reportaje del periodista Samuel Martínez da buena prueba de ello, pero además, exige una rendición de cuentas públicas inmediata por parte de unas instituciones ya muy dañadas en su credibilidad y prestigio. Al final, como nos lleva ocurriendo con la monarquía parlamentaria desde el siglo pasado, lo que ocurre es que no existe ningún control sobre el currículo, el patrimonio o las actividades fuera del ámbito que les es propio en el caso de los parlamentarios/as. No hay una investigación o un contraste previo sobre lo que nos cuenta cada político/a en las instituciones que les exigen -dicen- transparencia. Como con la Jefatura de Estado, nos están pidiendo un ejercicio de fe en quienes nos representan que no nos debería de dar la gana de hacer en ningún caso, por mucha corona que se vista y crucifijo al que se rece. Transparencia, pues, también en las universidades privadas que emperifollan Madrid.