Europa frente al espejo

En los últimos días hemos visto en el Parlamento Europeo uno de los momentos más preocupantes de su historia reciente. Con los votos de la derecha, la extrema derecha y una parte importante de los liberales, se ha aprobado el nuevo Reglamento de Retorno de la Unión Europea, una norma que consolida la deriva restrictiva de las políticas migratorias europeas y que sitúa a las instituciones comunitarias en una contradicción cada vez más evidente con los valores fundacionales que debería defender.

"Send them back". Devuélvanlos. Estas tres palabras resonaron en Estrasburgo el día de la aprobación. Puede parecer solo una consigna, pero en realidad sintetiza un cambio de paradigma. Ahora la migración deja de ser tratada desde una perspectiva de derechos y pasa a ser abordada desde la lógica de la expulsión y la criminalización. Se abraza sin ambages la visión de la extrema derecha, coordinada para perjudicar a los más vulnerables.

El nuevo reglamento abre la puerta a la detención de personas migrantes durante períodos prolongados que pueden superar los dos años sin haber cometido ningún delito. También permite la detención de menores en condiciones similares a las de las personas adultas. Y, siguiendo a la extrema derecha italiana, autoriza la creación de centros de deportación en terceros países fuera del territorio europeo, aunque no garanticen un respeto mínimo a los derechos humanos.

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La lógica que inspira estas medidas es exactamente la misma que sintetiza el lema "Send them back". La prioridad deja de ser garantizar derechos y pasa a ser acelerar las expulsiones. Las personas dejan de ser sujetos de derechos para convertirse en un expediente que hay que gestionar y alejar.

Estas medidas comportan graves riesgos en materia de derechos humanos y entran en contradicción con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. De hecho, el nuevo reglamento se acerca a modelos que parecían incompatibles con el proyecto europeo: hasta hace poco, el intento del Gobierno de Giorgia Meloni de expulsar a personas migrantes a centros en Albania era inconcebible a escala europea. Conviene recordar que esta iniciativa ha chocado reiteradamente con los tribunales italianos precisamente por las dudas jurídicas y las vulneraciones de derechos que plantea.

Ante esto, la pregunta es inevitable: ¿cómo puede la Unión Europea exigir el respeto a los derechos humanos en todo el mundo mientras impulsa mecanismos que buscan externalizar sus propias responsabilidades hacia terceros países, alejando deliberadamente a estas personas de los sistemas europeos de garantías jurídicas y de supervisión democrática? Externalizar las fronteras no puede significar externalizar los derechos ni las responsabilidades.

El mismo día de la aprobación, los grupos de extrema derecha del Parlamento Europeo celebraron el resultado con una fiesta en Estrasburgo. Más allá de la anécdota, lo relevante es cómo el discurso del miedo, la deshumanización y el señalamiento de personas vulnerables que llegan al territorio europeo buscando un futuro mejor, huyendo de guerras en las que, muy a menudo, Europa está implicada, ha ganado espacio en la política común.

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Este nuevo reglamento no es solo una victoria de la extrema derecha. También refleja la creciente sintonía entre el centroderecha europeo y posiciones que hasta hace pocos años eran marginales. Y cuando las fuerzas democráticas asumen esos marcos, no frenan a la extrema derecha: la legitiman.

Por ello, desde Esquerra Republicana hemos planteado al Estado si estaría dispuesto a ofrecer protección a aquellas personas que puedan ver vulnerados sus derechos como consecuencia de este nuevo marco normativo. No se trata de una excepción. En Estados Unidos, diversos estados y ciudades han limitado el alcance de las políticas migratorias federales impulsadas por Donald Trump, priorizando la protección de los derechos por encima de la persecución indiscriminada por parte del ICE. Europa debería mirar más hacia esas experiencias que hacia modelos de deportación masiva.

Sabemos que la gestión de los flujos migratorios es un reto real y complejo, pero también una oportunidad. Por eso, la respuesta no puede consistir en renunciar a los principios fundacionales de la Unión Europea. No se puede construir una Europa más fuerte erosionando derechos fundamentales. No se puede defender la democracia asumiendo que hay personas menos dignas de protección que otras.

La Unión Europea debe garantizar los derechos humanos y la dignidad de todas las personas. Solo así podremos preservar los valores democráticos que han definido el proyecto europeo. Debe compartir responsabilidades, no externalizarlas más allá de sus fronteras.

Vivimos tiempos convulsos, en los que discursos que parecían superados vuelven a ganar espacio e influencia. La historia europea nos enseña que las democracias no se degradan de golpe. Lo hacen cuando aceptan que determinados derechos dejen de ser universales. Lo hacen cuando normalizan la deshumanización.

Por eso las palabras importan. Que en Estrasburgo pueda celebrarse el "Send them back" como una victoria nos obliga a preguntarnos qué tipo de Europa estamos construyendo. Porque el problema no es solo qué dice este reglamento, sino qué dice de nosotros como sociedad.

Nosotros lo tenemos claro: ahora es el momento de alzar la voz. Defender la democracia, los derechos humanos y la humanidad. Porque el futuro de Europa no puede construirse sobre la renuncia a los valores que la hicieron posible.