A finales de enero, mientras en Europa ya se habían suministrado millones de vacunas COVID-19 y el Viejo Continente lloraba por las esquinas víctima de la usura de las farmacéuticas, en África solo habían llegado 25 vacunas… para todo un continente que en extensión suma tres veces Europa con más de 1.200 millones de habitantes (la Unión Europea no llega ni a 450 millones).

Fue Guinea, quien consiguió suministrar esas vacunas. Ya finales de 2020, este país había adquirido 55 dosis de la vacuna rusa Sputnik V, entonces en fase experimental, para probarla con funcionarios del gobierno. Se constataba el fracaso anticipado de Covax, esto es, el programa público-privado mundial para evitar precisamente la desigualdad en el suministro de vacunas. La idea era que los países más ricos trataran la pandemia como un programa de la humanidad en conjunto y realizaran donaciones a los más pobres, pero la máxima de ‘sálvese quien pueda’ es lo que ha primado y, consecuencia de ello, ahora Europa vuelve a llorar por las esquinas temerosa de la cepa sudafricana. Recibe de su propia medicina.

A pesar de que es cierto que la incidencia del virus en el continente africano ha sido menor (no llega ni al 5% mundial), las vacunas y la eficacia de Covax se antojan cruciales para controlar la epidemia a nivel global. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de África (África CDC) cifra los contagios hasta la fecha en 3,6 millones de casos, con 93.000 muertes y 3,1 millones de recuperaciones.

Las previsiones de la ONU son que en marzo únicamente el 3% de la población africana esté vacunada, alcanzando únicamente el 20% para finales de año. Países como India y Sudáfrica han pedido que se liberen las patentes de las vacunas COVID para favorecer el suministro, pero la UE (incluida España), Japón o EEUU se niegan a ello. De hecho y a pesar de la opacidad, se ha hecho público que entre las cláusulas abusivas que la UE aceptó firmar con las farmacéuticas se encuentra la prohibición expresa de cesión de vacunas a terceros países. Un auténtico despropósito en favor del negocio.

Ayer mismo anunciaba la OMS anunciaba que Covax enviará 90 millones de dosis a África durante el mes de febrero, que únicamente cubriría al 3% de población más vulnerable. La Unión Africana (UA) sitúa el horizonte incluso en 2022 para conseguir 670 millones de vacunas y siempre y cuando consiga la financiación, lo que es harto complicado.

El caso de Ghana

Si nos fijamos en un país como Ghana, que no es de los más favorecidos en África, podemos entender cómo están lidiando con la pandemia. Con una población cercana a los 30,5 millones de personas, su economía por PIB lo sitúa en el el puesto 75 del ranking mundial, arrastrando una deuda per cápita de más de 1.100 euros por habitante y un bajísimo nivel de vida (y antes de que a alguien se lo ocurra jugar la baza de la corrupción, Ghana no está tan lejos de España: en el Índice de Percepción de la Corrupción tiene un 41 frente al 58 de nuestro país).

Según el registro realizado por la Universidad Johns Hopkings, Ghana ha registrado cerca de 70.000 casos, con unas 440 personas fallecidas y una infección media diaria de 700. El presidente del país, Nana Akufo-Addo, anunciaba a finales de enero que el gobierno estaba trabajando para comprar 17 millones de dosis de vacunas COVID-19 para fines de junio de 2021, con el compromiso de que sólo se adquirirán las que hayan sido evaluadas y declaradas seguras.

Un día antes, el ministro de Sanidad, Kwaku Agyeman-Manu, anunciaba en el Parlamento que ante la escasez de suministro desde los países más desarrollados, Ghana estaba barajando la posibilidad de producir localmente las vacunas. Sin embargo, no terminan de salir los números, en un país con escasos apoyos que ha visto cómo la pandemia ha frenado en seco su buena marcha decrecimiento del PIB del 7% interanual.

Mientras, la pandemia avanza, hay preocupación por una variante detectada en Ghana y ayer mismo se anunciaba que de los 227 diputados del Parlamento que se habían sometido a pruebas, 15 había dado positivo. A esos 15 parlamentarios hay que sumar, además, otros 56 empleados de la Cámara (de un total de 193) que también están contagiados. Y Europa mira para otro lado.