Analizo desde un punto de vista sociológico e histórico la respuesta cívica y sindical frente a la reforma laboral del PP, en el año 2012, para deslegitimar su carácter agresivo con la mayoría social y generar las condiciones sociopolítica para su derogación, con la garantía de los derechos sociolaborales. Esa experiencia tiene un impacto en la legitimidad social para derogarla, y explica por qué ese objetivo figura en el acuerdo del Gobierno de coalición y la propuesta de iniciar un cambio profundo de las relaciones laborales y del mercado de trabajo.

Las direcciones confederales de CCOO y UGT convocaron una huelga general para el día 29 de marzo de 2012 contra la reforma laboral del Gobierno del PP y su política de recortes sociales. Tal como he explicado en un artículo reciente, La reforma laboral del PP, es una norma que facilita y abarata el despido, empeora las condiciones laborales y precariza el empleo; no crea puestos de trabajo y prolonga la crisis; perjudica a la mayoría de la sociedad y desequilibra las relaciones laborales con un fuerte incremento del poder empresarial. Junto con las medidas de restricción del gasto público y el recorte de prestaciones y servicios públicos, trata de imponer una fuerte regresión en los derechos sociolaborales y consolidar unas condiciones de vida y empleo precarias para la mayoría y, especialmente, para los sectores más vulnerables.

Hay, por tanto, una motivación clara para una fuerte y masiva oposición social que, vista desde ahora, conviene recordar. Es la base de su deslegitimación actual y el emplazamiento cívico que tiene el actual Gobierno progresista de coalición, el conjunto de fuerzas progresistas y, particularmente, el sindicalismo para derogarla y aprobar un nuevo modelo de empleo y relaciones laborales.

Se trataba de una acción de reafirmación democrática y de progreso que, tras todo el proceso de protesta social, la formación de un espacio sociopolítico de cambio y la configuración de un acuerdo progresista entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, terminó por desalojar del gobierno al Partido Popular. Se abrió un periodo de cambio de progreso, en el que la agenda social y laboral era fundamental, tal como detallo en el libro Perspectivas del cambio progresista.

Veamos algunas características de esa experiencia colectiva de movilización social que está condicionando las dinámicas actuales de legitimación social para garantizar un cambio profundo del actual y regresivo modelo laboral.

A pesar de estar en el momento más álgido de la activación cívica representada por el movimiento 15-M (2010/2014), existen muchas dificultades para la movilización social generalizada que representaba la huelga general del 29 de marzo de 2012 contra la reforma laboral del PP y su política regresiva. En primer lugar, por el fuerte bloque de poder de la derecha y el mundo económico, su inmenso aparato institucional y mediático y su renovado apoyo electoral (aunque no para esas medidas restrictivas). En segundo lugar, hay que tener en cuenta factores estructurales (fragmentación del tejido productivo, capacidad coactiva empresarial, fragilidad de las capas trabajadoras…) y contextuales (imponente poder institucional a favor de estas políticas restrictivas, dificultades del sindicalismo, debilidad de las izquierdas…).

Esta apuesta no consiguió la total paralización productiva del país ni una participación generalizada de toda la población, pero tiene los apoyos sociales necesarios en los dos planos fundamentales: participación activa suficiente (en los paros y todas las actividades y manifestaciones de apoyo), y amplia legitimidad social, al contar con el rechazo de la mayoría ciudadana a esta reforma laboral. Fue un acto de reafirmación democrática y estímulo de la participación ciudadana, de freno a la involución social y exigencia de otra política socioeconómica, laboral y de empleo…

Este proceso de huelga general constituyó una prueba de la acción colectiva progresista y la reafirmación democrática de una amplia izquierda social o ciudadanía crítica. Al tercio de esa ciudadanía indignada, más implicada activamente en la movilización contra los recortes sociales, se sumó la simpatía y la solidaridad del tercio intermedio, entonces más pasivo y ambivalente. La persistencia y el refuerzo de la resistencia cívica de ese primer bloque social fue determinante para ensanchar la oposición social a esta política regresiva y restarle credibilidad ciudadana. Fue una respuesta contundente de una ciudadanía activa y un paso sustancial para fortalecer la oposición popular a esas políticas antisociales y deslegitimar a sus gestores. Se extendió una mayor comprensión ciudadana hacia los justos objetivos de este conflicto social, factor clave para debilitar y revertir hoy esta política socioeconómica y laboral regresiva.

Pese a las dificultades evidentes para forzar la retirada inmediata de la reforma laboral, se le redujo su legitimidad y credibilidad social, y reforzó las condiciones sociopolíticas para obtener su derogación. Fue un paso clave para frenar la ofensiva liberal y regresiva del nuevo Gobierno del PP, y supuso ya una importante erosión de su plan antisocial. Fue un fuerte impulso social para exigir un giro de la política socioeconómica y laboral. Necesitaba continuidad y una estrategia progresista de firmeza para consolidar y ampliar los apoyos sociales y generar una dinámica de cambio social profundo hacia una salida de la crisis económica más democrática y equitativa.

Todo este proceso de indignación popular progresista y activación cívica de esos años (2010/2014) conformó las bases sociopolíticas para el desarrollo del cambio de progreso en el siguiente lustro. Ahora, con una nueva mayoría parlamentaria progresista, se pone en marcha la implementación del giro social hacia un nuevo modelo de empleo y relaciones laborales.