González, Aznar y Rajoy, más imputables que Zapatero

Pretendo un análisis comparativo de las actuaciones objeto de críticas de los expresidentes del Gobierno -de todos ellos-. Desde la perspectiva jurídica, exclusivamente. No entro en otras consideraciones: si es un caso más de lawfare, si Zapatero era el personaje político al que la oposición le tenía más ganas, etc. Finalmente juzguen ustedes, si el tratamiento judicial de los cuatro expresidentes es semejante o no. Y de no serlo, dónde estriba la diferencia.

El caso del expresidente González

En 1998 fue condenada por el Tribunal Supremo la cúpula del Ministerio de Interior, el ministro Barrionuevo y el Secretario de Estado Rafael Vera, a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación, además de muchos otros colaboradores. La condena fue por el secuestro de Segundo Marey en 1983 por un error perpetrado por los GAL -Grupos Antiterroristas de Liberación-  en la lucha contra ETA. Un ejemplo de terrorismo de Estado. En algunos comentarios de los medios y en las declaraciones de los políticos, destacando Alcaraz y Anguita, se identificaba a Felipe González, presidente entonces del Gobierno, como el señor X, que aparece en investigaciones policiales en relación con los GAL, es decir, aparece como la instancia superior de la que dependían las actuaciones de los GAL. También el comisario Amedo declaró que el secuestro de Marey procedió "de arriba". Y lo más relevante: los papeles de la CIA desclasificados, en los que claramente se afirma que el presidente González había organizado un grupo para atacar al margen de la ley a los terroristas de ETA.

En los medios se reflejaba un estado de opinión generalizada de que el ministerio de Interior del Gobierno socialista no podía emprender algo tan grave con el desconocimiento del presidente del Gobierno. Tantas fueron las presiones desde la sociedad civil y la oposición política que el Tribunal Supremo se planteó si ordenar o no la comparecencia del presidente del Gobierno. Finalmente, González ni fue imputado ni declaró como testigo.

El caso del expresidente Aznar

En el caso del expresidente Aznar hay contrato firmado y factura con la empresa Abengoa para recibir una comisión del 1%  por sus servicios a favor de adjudicaciones a Abengoa en Libia, siendo presidente Gadafi, el mismo que desplegó en el Palacio de El Pardo una gigantesca jaima cuando visitó en 2007 Madrid y Sevilla. En Sevilla se reunió Aznar con Gadafi privadamente. Aznar lamentó el triste final del tirano Gadafi, cuando fue derribado del poder por una coalición al mando de Estados Unidos. El periódico elDiario.es publicó el contrato y la factura de 100.000 euros firmados por Aznar y Abengoa. La justicia se mantuvo al margen. No es que el presidente no fuera llamado, al menos, a declarar. Es que no hubo ninguna investigación judicial. La Fiscalía no se dio por enterada.

Hay otro escenario de clara inconstitucionalidad: la participación de Aznar y, por lo tanto, de España  en la guerra de Irak en 2003. Recuerden la foto del denominado "Trío de las Azores" en la que figuran el presidente estadounidense George Bush, el primer ministro inglés Tony Blair y el presidente español José María Aznar. La participación de España en una guerra ajena hizo salir a la calle en manifestación a dos millones de personas en Madrid y millón y medio en Barcelona. La Constitución exige "la previa autorización de las Cortes Generales para declarar la guerra y hacer la paz" (art. 63. 3). Aznar nos metió en una guerra sin el debate y la resolución del Parlamento. Igualmente, el expresidente vulneró el derecho internacional y las funciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se presentaron denuncias ante los tribunales. Nuestra justicia permaneció muda. Consecuencia de la exclusiva decisión de Aznar fueron los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Aznar no solo se ha librado de una imputación judicial, sino que nunca ha pedido perdón por la participación en la guerra y sus consecuencias.

El caso del expresidente Rajoy

El expresidente Rajoy se lleva la palma de las sorpresas de la no imputación, porque no solo en un caso sino en dos se ha visto involucrado y, en uno de ellos – el caso Gürtel-, además con la consecuencia de una condena penal del partido político PP.

En el caso Kitchen, operación para destruir pruebas incriminatorias contra el PP en manos del extesorero Bárcenas,  hay audios y mensajes con referencias al "Asturiano" y al "Barbas". Esta operación fue orquestada presuntamente por el ministerio de Interior del Gobierno de Rajoy, cuya cúpula está siendo juzgada en estas fechas. El inspector jefe, Gonzalo Fraga, declaró recientemente en la Audiencia Nacional que en audios y anotaciones intervenidos a Villarejo, se usaban los apodos citados para referirse a Rajoy. No solo eso, sino que era habitual el empleo del apodo en las relaciones entre los miembros de la trama. Como en el caso del expresidente González, hay una opinión generalizada de que un programa de actuaciones tan  graves tenía que ser conocido por el presidente del Gobierno.

Pero en el caso Gürtel – el de la existencia de una caja B en el  PP- aún son mayores las pruebas contra el expresidente por tres razones. Primera: la condena penal por el Tribunal Supremo del PP como partícipe a título lucrativo, dejando sentado el alto tribunal la existencia de una caja B del partido político. Segunda: las referencias textuales a "M. Rajoy" en los papeles del extesorero del PP, Bárcenas, con la indicación de que el expresidente cobraba sobresueldos en negro de la caja B. Tercera: es totalmente improbable que el expresidente no estuviera al tanto de la existencia de esta financiación irregular del partido político. A pesar de estos indicios, Rajoy no fue imputado. Únicamente declaró como testigo.

Hay otras operaciones de las "cloacas del Estado" y "la policía patriótica", como la operación Cataluña contra los líderes separatistas catalanes o las múltiples operaciones contra Podemos, llevadas a cabo presuntamente por una alianza de altos políticos de Interior, policías y medios de comunicación, de las que es inverosímil que no fueran conocidas por Rajoy.

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Víctor López

El caso del expresidente Zapatero

Finalmente, llegamos al expresidente Zapatero, imputado recientemente por el delito de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. El extenso auto del juez es muy contundente en sus apreciaciones, pero esta contundencia en mi opinión -ya a mis años avezado en la lectura de autos y sentencias- no se corresponde con los indicios y no existen pruebas concluyentes. Las había más poderosas en los casos de los expresidentes anteriores, que han tenido mejor suerte que Zapatero. Sin embargo,  ninguno ha sido imputado.

Formulo las siguientes consideraciones: ¿Ha actuado por su cuenta el mediador Julio Martínez o por indicación de Zapatero? Todos los testimonios aparecidos en la prensa lo pintan como un aprovechado, que se arrima a los poderosos para obtener beneficios; antes con Zaplana y después con Zapatero. ¿No les parece raro que haya concedido una única entrevista al rotativo OkDiario, que dirige Eduardo Inda?.

¿No es posible suponer que el dinero recibido por Zapatero es producto de cinco años de trabajo con Plus Ultra? Las acusaciones corresponden a un periodo -años 2020 y 2021- , en los que Zapatero había dejado de ser presidente desde hacía mucho tiempo (su mandato terminó en 2011). Los expresidentes rápidamente se enrolan en empresas que les pagan cifras astronómicas. Han aparecido en varios medios para estupor de los lectores/as. No es el caso de Zapatero. Por otra parte, la ley de incompatibilidades, ley 3/2015, reguladora de altos cargos de la Administración General del Estado, solo establece restricciones durante dos años tras la conclusión del mandato público. No es aplicable a Zapatero.

En relación con el juez, tengo limitado el espacio del artículo y no puedo extenderme como quisiera. Creo que sus apreciaciones son a veces maximalistas y no amparadas en pruebas y claros indicios. No creo que  los materiales probatorios sean suficientes  para asegurar tajantemente que Zapatero es el creador de una empresa offshore en Dubai para cobrar comisiones. Considero que es excesivo afirmar, en el actual estado del procedimiento judicial, que Zapatero es el artífice de una organización criminal.

Por otro lado, incurre en falsedades. No es verdad que Plus Ultra no estuviera cumpliendo sus obligaciones fiscales, que es una exigencia para recibir la ayuda pública. Tenía una moratoria.

Contrasten los informes de la UDEF con las interpretaciones del juez. Éste eleva a indicio lo que es una conjetura o incluso confusión de la policía. En no pocos pasajes.

Llegado a este punto, cedo la palabra al lector/a para valorar si Zapatero, único expresidente imputado, merece o no correr una suerte distinta a la de sus compañeros en el desempeño de la presidencia del Gobierno. ¿Merecieron, como él, ser imputados los expresidentes Suárez, González, Aznar y Rajoy?