La factura que no te enseñan

Hay un momento en la vida adulta que tiene algo de rito de iniciación: recibir la primera nómina. Uno mira lo que ha ganado, después lo que finalmente ingresa en su cuenta y descubre una distancia entre ambas cifras. Es fácil entender lo que ocurre a continuación. Basta abrir TikTok, Instagram o X para encontrar a alguien dispuesto a explicarlo en treinta segundos: esto es lo que has trabajado, esto es lo que has ganado y esto es lo que el Estado se ha quedado. La cuenta es sencilla y, precisamente por eso, poderosa. Lo que casi nunca aparece en ese vídeo es la otra cuenta.

Porque cuando alguien recibe su primera nómina, su relación económica con el Estado no acaba de empezar. Lleva probablemente veinte o veinticinco años viviendo dentro de una arquitectura colectiva que ha hecho posible, entre otras muchas cosas, que llegue hasta esa nómina. Nació en un hospital, tuvo pediatra, vacunas, profesores, colegios, calles iluminadas, policía y bomberos. Quizá recibió una beca o alguna vez una ambulancia acudió cuando alguien de su familia la necesitó.

Nada de eso figura en la nómina. Sí aparece, perfectamente detallado, lo que aportamos, pero no existe una casilla que contabilice lo que hemos recibido antes de empezar a contribuir ni todo aquello que seguirá estando ahí si mañana lo necesitamos. Tal vez una parte del problema empiece precisamente en esa asimetría.

Los últimos barómetros fiscales muestran una creciente desafección entre los jóvenes y una parte significativa considera que viviríamos mejor sin impuestos. La reacción más fácil sería atribuirlo al egoísmo o a la falta de conciencia cívica. Sería también la menos útil. Antes de juzgar a una generación convendría preguntarse qué experiencia concreta está teniendo del contrato social que le pedimos sostener.

Hay motivos para el malestar. Estamos pidiendo confianza institucional a jóvenes que han estudiado más que sus padres, pero tardan más en emanciparse; que trabajan y, aun así, no pueden pagar una vivienda; que observan cómo tener un empleo ya no garantiza construir un proyecto de vida. Responderles que deberían estar agradecidos porque existen hospitales y colegios sería no haber entendido la profundidad del problema.

Reconocer esa frustración, sin embargo, no obliga a aceptar todas las respuestas que se ofrecen para explicarla. Y hay una que merece ser discutida: la idea de que los impuestos son esencialmente dinero que alguien nos arrebata y que, si desaparecieran, permanecería tranquilamente en nuestros bolsillos.

Imaginemos que mañana eliminamos los impuestos. Solo tendríamos que esperar a que empezaran a llegar las facturas. Porque no desaparecería el coste de educar a un niño, de una operación, de una carretera, de cuidar a una persona dependiente, de formar a un médico, de apagar un incendio o de proteger a alguien cuando pierde su empleo.

Nada de eso se vuelve gratuito cuando desaparece un impuesto. Solo cambia quién lo paga, cómo lo paga y, sobre todo, qué ocurre con quien no puede pagarlo.

Ahí está probablemente el equívoco fundamental. La alternativa a los impuestos no consiste en conservar intacto nuestro dinero, sino en sustituir una parte de la financiación colectiva por muchas más facturas privadas. Y, vista así, la discusión deja de ser exclusivamente económica para convertirse también en una discusión sobre libertad.

Durante demasiado tiempo, quienes defendemos el Estado del bienestar hemos explicado la fiscalidad fundamentalmente desde la solidaridad. Pagamos entre todos porque vivimos juntos y debemos contribuir al sostenimiento de una sociedad común. Es verdad, pero quizá hemos dejado en segundo plano otro argumento todavía más poderoso: lo público no solo reduce desigualdades; también amplía libertades.

Una buena educación pública significa que la cuenta corriente de tus padres condiciona menos hasta dónde puedes llegar. Una sanidad pública, que enfermar no tiene por qué convertirse en una catástrofe económica. Una beca permite que alguien nacido en una familia humilde pueda tomar decisiones que, de otro modo, quedarían reservadas a quien nació con patrimonio. Una prestación por desempleo proporciona tiempo y margen de elección a quien pierde su trabajo. Una escuela infantil accesible amplía las posibilidades de trabajar, tener hijos y organizar la propia vida.

Todo eso también es libertad.

Existe, sin embargo, otra libertad menos espectacular y mucho más determinante: que nuestra existencia no dependa completamente del dinero que tenemos.

El Estado del bienestar es, entre otras cosas, una infraestructura construida para ampliar ese espacio de autonomía personal. No pretende que todos vivamos igual, ganemos lo mismo o desaparezcan el mérito, el esfuerzo y la responsabilidad individual. Lo que una sociedad democrática puede decidir es que existen determinadas cosas demasiado importantes para que el tamaño de nuestra cartera determine por completo nuestro acceso a ellas.

Que, si dos niños tienen el mismo talento, el patrimonio de sus padres no debería decidir cuál de los dos puede desarrollarlo. Que, si dos personas padecen la misma enfermedad, su cuenta bancaria no debería determinar cuál recibe tratamiento. Que nacer en una familia pobre puede condicionar muchas cosas, pero no debería escribir de antemano nuestra biografía.

Sostener ese principio requiere recursos. Y precisamente por eso existe una obligación política que no deberíamos eludir: discutir no solo cuánto recaudamos, sino cómo recaudamos y qué hacemos con cada euro.

Defender la fiscalidad no significa defender cualquier impuesto, cualquier gasto ni cualquier Administración. El dinero público exige más rigor, no menos, porque no pertenece a quien lo gestiona. Combatir el despilfarro, exigir eficiencia y perseguir el fraude no son concesiones al discurso antiimpuestos, sino condiciones necesarias para que un sistema fiscal pueda ser defendido.

Hay además otra condición imprescindible: la justicia. Cuando muchos ciudadanos consideran que los impuestos no se pagan de manera justa porque quienes más tienen no contribuyen suficientemente, el problema no se resuelve con campañas para explicar las bondades de Hacienda, sino haciendo el sistema más justo.

La pregunta verdaderamente política nunca ha sido simplemente cuánto pagamos, sino quién paga, cuánto paga, qué capacidad tiene para hacerlo y qué sociedad construimos con lo recaudado. La progresividad fiscal parte de una intuición sencilla: mil euros no significan lo mismo para quien gana 20.000 al año que para quien gana 200.000. Exigir un esfuerzo acorde con las posibilidades de cada uno responde a una idea de justicia más profunda que la mera igualdad aritmética.

Y aquí aparece una paradoja. El discurso contra los impuestos suele presentarse como una rebelión contra un Estado que invade la vida de los individuos. Pero imaginemos una sociedad en la que cada uno tuviera que comprarse individualmente aquello que necesita. ¿Quién estaría mejor preparado para vivir en ella?

Probablemente no el joven que cobra 1.300 euros y paga un alquiler. Quien posee un gran patrimonio puede comprar educación, sanidad, seguridad, cuidados y oportunidades. Quien no dispone de él necesita instituciones capaces de garantizar que determinadas oportunidades no estén en venta al mejor postor.

Por eso, cuando alguien nos proponga una sociedad en la que "cada uno se pague lo suyo", quizá convendría preguntarse cuánto tiene nuestra familia antes de celebrarlo. Hay algo profundamente paradójico en presentar como liberación un modelo en el que nuestra libertad dependería todavía más del patrimonio con el que nacimos.

Nada de esto significa que los jóvenes deban aceptar sin más el contrato social que han heredado. Al contrario. Si una generación contribuye al sostenimiento de una sociedad, pero no puede acceder a una vivienda, emanciparse o imaginar razonablemente que vivirá mejor dentro de diez años, tiene pleno derecho a cuestionarlo.

La respuesta no puede consistir en pedirle paciencia, sino en renovar ese contrato para que vuelva a ser creíble también para quien hoy tiene veinte o treinta años.

Quizá la gran tarea de nuestro tiempo no sea convencer a los jóvenes de que pagar impuestos es bueno. La tarea es construir una sociedad en la que contribuir tenga sentido porque el esfuerzo se reparte con justicia y porque lo común devuelve algo mucho más importante que una suma contable: capacidad real para decidir sobre la propia vida.

Una sociedad que pida más a quien más puede aportar, que sea implacable con quien defrauda, que gestione cada euro con rigor y que garantice que algunas de las decisiones más importantes de nuestra existencia dependan de nosotros mismos y no del patrimonio de nuestros padres.

Esa es la parte que desaparece cuando reducimos toda la conversación a una nómina.

Por supuesto que tenemos derecho a mirar cuánto aportamos. Debemos hacerlo. Pero después convendría mirar también qué riesgos compartimos, qué oportunidades hemos recibido y qué queremos que siga estando disponible para cualquiera cuando lo necesite.

Tal vez entonces descubramos que la pregunta verdaderamente interesante no es cuánto dinero queremos que el Estado deje en nuestro bolsillo, sino qué parte de nuestra libertad queremos tener que comprar solos y qué parte queremos garantizar entre todos.