Falta vivienda pública, faltan salarios dignos y sobra rentismo

Junts, PP y Vox, con su voto en contra, tumbaron el Real Decreto conocido como escudo social. Su “no” fue una decisión política consciente que deja desprotegidas a millones de personas. Personas que, desde hoy mismo, verán su día a día un poco más difícil. Han hecho caer la única red de seguridad que evitaba que mucha gente se precipite al vacío.

Para votar en contra utilizaron la mentira y el miedo. Lo que se votaba en el Congreso, en realidad, era si se mantenía la protección frente a los desahucios de personas vulnerables cuando no existe alternativa habitacional y el propietario es un gran tenedor. No pequeños propietarios. No jubilados. Personas vulnerables frente a grandes propietarios que conciben la vivienda como un activo con el que enriquecerse. No hay excusa posible para oponerse a eso.

Junts utilizó deliberadamente esta mentira para no decir abiertamente cuál es su verdadera intención: proteger a quienes especulan con la vivienda. Bajo el ruido interesado del marco de la “okupación” se esconden sus verdaderas prioridades, que no son otras que ponerse del lado de los grandes propietarios y en contra de la clase trabajadora de Catalunya, que es quien sufre los desahucios, la precariedad, y el miedo a verse expuesto a unos alquileres totalmente abusivos.

Pero las consecuencias de este voto en contra van más allá. Con él también cayeron la revalorización de las pensiones, dejando a millones de pensionistas en la estacada, el bono social eléctrico y la prohibición de cortar la luz, el agua y el gas a quienes no pueden pagar. En una sola votación, Junts, PP y Vox decidieron que miles de familias puedan quedarse en la calle y a oscuras, y que los pensionistas pierdan poder adquisitivo.

En Catalunya, por ejemplo, 160.000 familias dependen del bono social eléctrico. Familias ahora condenadas a la oscuridad. La pobreza energética no es un concepto abstracto, es frío dentro de casa. Votar en contra de estas medidas no es defender ningún principio, es asumir que el sufrimiento forme parte del cálculo político. Por eso, las entidades en defensa del derecho a una vivienda digna se han movilizado contra el voto de las derechas, porque saben, también, que no se ha votado contra un decreto, sino a favor de seguir extendiendo una alfombra roja a la especulación.

Llegados a este punto, se evidencian dos perversidades profundas. La primera, la de las derechas, que utilizan el miedo, profundizan en el marco de la "okupación" y, mientras tanto, votan contra medidas que evitan el sufrimiento real de quienes han sido apartados a los márgenes. La segunda perversidad es la de un Gobierno que mantiene al país en una provisionalidad permanente, gobernando a base de prórrogas y parches, como si la inseguridad vital de millones de personas fuera asumible, mientras para la industria de la guerra, la caja siempre está llena: 94.000 millones en programas de armamento.

Desde Esquerra Republicana votamos "sí" porque no dejaremos a nadie en la calle ni pasando frío por tacticismo parlamentario. No se puede normalizar vivir a base de parches anuales. Seis años de gobiernos que se dicen progresistas han sido seis años de prórrogas, no de medidas estructurales para hacer frente a una emergencia que se ha cronificado y que exige ir más allá de soluciones provisionales.

Hace falta parque público de vivienda, regulación efectiva y derechos estables. Tumbar el escudo social es injustificable. Un Estado que desmantela sus redes de protección no avanza, retrocede. La dignidad no se negocia, y quienes han votado en contra deberán responder ante una ciudadanía que no acepta vivir sin derechos.