Un ex Fiscal anticorrupción español, Jiménez Villarejo, señala en la cadena SER, más asustado que apesadumbrado -conoce bien a la derecha de este país-, el tremendo peso del franquismo en la democracia española. Un peso que ya estaba ahí con el PSOE, que no hizo mucho por extirparlo. Con el PP, regresa crecido y arrogante. Sociedades formalmente democráticas pero con el peso de la exclusión y el veto de que hizo gala el fascismo. ¿No hay suficientes razones para tener miedo?

Un juez, Garzón, fuera de la carrera judicial por perseguir la trama Gürtel de financiación ilegal del PP, por inculpar a Berlusconi en 2001, por registrar la sede del BBV, por perseguir paraísos fiscales y cuestionar la legalidad del campo de concentración norteamericano de Guantánamo y, gota que colmó el vaso de las familias del poder ibérico, por preguntar por los orígenes del sistema oligárquico español, esto es, por los crímenes del franquismo. El responsable de la red Gürtel, Correa, desde la cárcel exige cambios en la fiscalía y en la policía como si el Estado fuera una franquicia de su negocio.

El fresco, ajeno al Estado de derecho, parece no tener fin. Unos gobiernos, del PSOE y del PP, que no permitieron que Botin fuera juzgado por un fraude a la Hacienda pública de casi 40.000 millones de euros -las cesiones de crédito del Banco Santander-, negándose el fiscal público a hacer la acusación y permitiendo archivar la causa denegando a la acusación particular la posibilidad de iniciar el juicio; que no permitieron que el Presidente de Telefónica, César Alierta, fuera juzgado por uso de información privilegiada por la compra de acciones de Tabacalera, de la que entonces era Presidente. ¿Causa de su libertad? Prescripción después de todo tipo de obstáculos creados desde la fiscalía (organismo dirigido por el Gobierno).

Negativa del Gobierno de España (PSOE) de incorporar la Directiva europea contra el blanqueo de dinero proveniente de negocios ilegales y del fraude fiscal (2005). En 2009, España es condenada por no incorporar la directiva. En 2003, dos diputados del PSOE desaparecen cuando tenían que votar el gobierno de Madrid, en una coalición entre el Partido Socialista e Izquierda Unida. Detrás de los dos tránsfugas, oscuras redes inmobilliarias. Hay que repetir las elecciones y las gana Esperanza Aguirre. Uno de los tránsfugas, Tamayo, visita en 2010 -sin éxito- a la Presidente Aguirre en la sede de Gobierno. Acusa de estar detrás de la trama al que era el número dos del PP regional -Ricardo Romero de Tejada- y amenaza con "tirar de la manta". La fiscalía investiga el caso pero pronto lo abandona.

El Partido Popular gana las elecciones y cambia la cúpula de la policía que estaba investigando la red Gürtel. Igualmente, abre, pese a ser cosa juzgada, el caso del 11-M, con el fin de insistir en la idea de que fue ETA y no Al Qaeda quien hizo los atentados de Atocha. ¿La razón? Desprestigiar a Rubalcaba y presentar como un robo la pérdida de las elecciones en 2004, que ganó Zapatero. Destituye igualmente a cinco jefes de inspección de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (que estaban con el caso Gürtel y el caso del yerno del Rey, Iñaki Urdangarín, Duque de Palma) y nombra directora adjunta-número 2- a Pilar Valiente, quien fuera Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y que se vio obligada a dimitir en septiembre de 2001 como consecuencia del fraude de Gescartera que llevó a la cárcel a su Presidente (robaron 120 millones de euros). A Pilar Giménez Reyna, Presidenta de Gescartera, la policía le encontró una nota en su diario donde decía, en relación con la posible intervención por parte de la CNMV de esa empresa: “Solo está Pilar Valiente, que avisa rápidamente”.

El diario El mundo publica una noticia falsa acusando de terrateniente a uno de los promotores de la consulta popular contra la privatización del Canal de Isabel II. La policía valenciana denuncia a uno de los estudiantes que protestan contra la violencia policial. El grupo de ultraderecha "manos limpias" denuncia a siniestra y a siniestra a todo aquel que pretende tocar intereses de la derecha económica y política española....

El Ministerio de Medio Ambiente pretender legalizar todas las edificaciones ilegales construidas en las Costas. Se aprueba una reforma laboral que destruye buena parte de lo construido desde la llegada de la democracia. Comienza un ataque furibundo contra los sindicatos. Comienza un ataque igualmente furibundo contra la televisión pública, a la que se pretende primero amordazar y luego manipular. La iglesia consigue que desaparezca la asignatura Educación para la ciudadanía, mientras sigue la amenaza sobre el matrimonio homosexual y la última ley del aborto.

La conclusión de todas estas medidas es solamente una: poner el país al servicio de unos cuantos privilegiados, anestesiando al resto con propaganda o con represión. El efecto es el mismo que consiguió el fascismo en los años treinta: vetar el paso a millones de personas a los derechos de ciudadanía. Con la diferencia de que ahora no hace falta dar golpes de Estado cruentos, fusilar al amanecer o acallar cada rincón crítico con cárcel o palizas. El papel de los militares y los falangistas ahora lo hacen los mercados, los jueces e, incluso, los partidos. No hace falta fusilar a nadie. De momento.