Nada confirma más a una republicana en su creencia de que la monarquía es la menos democrática de las instituciones que el nacionalpopulismo se apropie de ella y la utilice como símbolo de su ideología. Antes de la la manifestación en la Plaza de Colón, en una comparecencia delante de la sede nacional del PP (por poco tiempo), la presidenta madrileña se preguntó en alto qué será del rey cuando tenga que firmar los indultos de los presos independentistas: "¿Qué va a hacer el rey? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice?".

Mientras Isabel Díaz Ayuso hablaba, flanqueada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente del PP, Pablo Casado, la gente gritaba "¡Ayuso, a La Moncloa!" y se indignaba a la vez por ese secuestro al que Pedro Sánchez iba a someter a Felipe VI para que firmara la medida de gracia a los condenados y condenadas por el procés. Ayuso venía a confirmar -y coincide, desde luego, con mi percepción- que, tras haber escuchado el discurso del rey el 3 de octubre de 2017, maldita la gracia que le hace al jefe del Estado firmar esos indultos a unos políticos soberanistas que, además, renegaron de la Corona mucho antes de 2017, como la mayoría del pueblo catalán. La presidenta de Madrid no contempla siquiera que el rey pueda estar a favor de indultar a estos encarcelados. Yo tampoco, francamente.

Felipe VI es Rey de España y jefe de Estado y tiene unos deberes (pocos) y unos privilegios (muchos) recogidos en la Constitución Española. Entre los primeros, está el que figura en el art. 62, que Ayuso ha decidido saltarse a la torera contra el criterio de Casado, poniendo en una situación incómoda al PP y al monarca, que no contempla más que cumplir con su obligación constitucional y firmar los decretos de indulto previa publicación de éstos en el Boletín Oficial del Estado (BOE), le guste o no; que aunque no tenga voz como rey, tiene voto como ciudadano. Precisamente, son rúbricas del rey como éstas y otras que se suponen menos contradictorias para él, las que le otorgan el privilegio de la inviolabilidad real (art. 56.3 CE), muy cuestionado por el uso que hizo de él Juan Carlos I, utilizándolo, al menos, para enriquecerse de un forma que para el resto de españoles sería ilegal y daría con sus huesos en la cárcel.

Ayuso ha ido muy lejos con su apelación al rey y su complicidad en los indultos de Sánchez. Lo admiten en la cúpula de su partido, Casado no lo esperaba; ni siquiera en la manifestación de la madrileña Plaza de Colón este domingo, el líder de Vox, Santiago Abascal, se refirió a la obligación del monarca. Conociendo la trayectoria de la presidenta madrileña, podría pensarse que desconoce la Constitución y las funciones del rey (o su carencia) en las decisiones del Consejo de Ministros, lo cual, para una líder que pretende llegar a La Moncloa, sería muy grave. Yo no lo creo; me temo que Ayuso es más bien de tensar la cuerda al máximo, caiga quien caiga para hacer oposición a Sánchez puenteando a su líder nacional: en la manifestación del 13-J tenía que significarse por encima de Casado. Lo ha hecho y ha abierto un melón complicado; el de la utilidad de la Corona, para empezar. Lo que le parezca esto al rey es lo de menos, cree la presidenta de moda; y oigan, al fin y al cabo, los/as republicanos venimos denunciando que la monarquía española es heredera de quien es hace mucho tiempo. Que nos den la razón a gritos desde el PP es lo más sorprendente.