El martes 8 de noviembre en Londres se sustanció la vista de la apelación del Rey emérito contra la decisión del juez londinense, Matthew Nicklin, que no le había declarado inmune. La resolución del juez traía causa de la demanda presentada por Corinna Larsen, examante del Rey emérito, acusándole de acoso y difamación. La defensa de los abogados del emérito insistió en la consideración del Rey acusado como plenamente inviolable, siendo prueba de ello el carácter oficial de los agentes del Centro Nacional de Investigación (CNI), institución del Estado español, de los que la recurrente afirmaba en su declaración que habían sido sus acosadores. Con absoluta desvergüenza los abogados utilizaban una oculta, privada e ilegal actuación de los agentes para demostrar la “oficialidad” de las actuaciones del presunto acosador. El proceso seguirá durante largo tiempo y con ello el desprestigio de la institución de la monarquía española. Evidentemente es clara la responsabilidad del Rey emérito en el desprestigio, pero también de Felipe VI y del presidente del Gobierno, quienes ante los lamentables acontecimientos responden cruzándose de brazos y poniéndose de perfil.

El presidente del Gobierno ha dicho en no pocas ocasiones y durante años que “es necesario reformar la inviolabilidad del monarca”, a la que considera “una institución de otra época”. Incluso ha anunciado la posibilidad de una reforma legislativa. Sin embargo, a pesar de estas palabras e intenciones de Sánchez, el PSOE ha derribado las comisiones parlamentarias para investigar los actos del emérito, tanto la comisión de Cataluña como la del Congreso de los Diputados. Una alianza PP-PSOE dio al traste con el propósito de creación de estas comisiones de investigación. El PSOE, partido político tradicionalmente republicano, no ha querido ni quiere saber nada del asunto, distanciándose de la opinión contraria de parte de sus militantes. En contra de los hechos -que no de las palabras- del presidente del Gobierno los partidos políticos Más País y Compromís presentaron en el Congreso varias proposiciones de ley para reformar la inviolabilidad absoluta del monarca. Igual hizo el PNV. Las proposiciones duermen en un cajón del Congreso acompañando a otras muchas proposiciones que no verán la luz de la discusión parlamentaria.

Creo que ha llegado el momento de que el presidente del Gobierno dé un paso al frente y cumpla con sus palabras. Por el bien de la institución monárquica. Cuanto más tiempo pase sin atajar el problema, mayor será su deterioro y el aumento de los republicanos/as en España. Es inexplicable la posición abstencionista de un partido republicano como el PSOE, al no querer convertir la inviolabilidad absoluta (siempre y en todo momento inviolable) del Rey en la inviolabilidad relativa (únicamente inviolable en el ejercicio de sus funciones). Para nada repercutiría en la estabilidad de la Corona y aumentaría su prestigio en la sociedad.

Por otra parte, el jefe del Estado, Felipe VI, sigue escondido, sin dar la cara, quizás pensando que el paso del tiempo calmará la situación nada favorable a la monarquía. Se ha limitado a promover una tímida reforma para el uso de la asignación presupuestaria a la Corona y a declarar su patrimonio. En este medio he defendido el carácter insuficiente y cínico de esta pretendida reforma y he expuesto un completo Estatuto de la Corona, es decir, el largo recorrido democrático y transparente que el Rey debería emprender para convertir a la monarquía en una institución de acuerdo con los tiempos y con los valores constitucionales. Pero lo que más ayudaría al reconocimiento del valor, la modernidad y la utilidad de la Corona es que el Rey declare su conformidad con una reforma de la inviolabilidad para que ésta deje de ser absoluta. Estoy pidiendo a Felipe VI unas simples palabras en el cercano discurso de Navidad de la Corona: “considero que la inviolabilidad del Rey debería afectar únicamente a sus funciones públicas”. Sencillamente esto. Y con esto el monarca, quizás por vez primera, coincidiría con el sentir y el querer de la ciudadanía española, pues a ésta le repugna que un Rey no pueda ser procesado por los delitos de robo, fraude y cualquier otro delito, inclusive el asesinato. Un Rey totalmente impune.

El director de un importante diario digital también ha dirigido sus palabras al Rey en un artículo de sugerente título: “¿Dónde está el rey? ¿A qué espera para actuar ante el secuestro del Poder Judicial?”. Piensa que Felipe VI tiene la obligación de intervenir para evitar el deterioro de las instituciones del país y singularmente de las que atañen a la justicia. Se apoya en las funciones del Rey contenidas en el art. 56. 1. de la Constitución y entre ellas la que reza: “arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”. Precisamente se olvidaron los constituyentes de un relevante carácter, que debe adornar el ejercicio de la máxima magistratura del país: la neutralidad. El Rey, que no puede votar, debe ser exquisitamente neutral, porque, si no lo es, perderá la imparcialidad y con ello la confianza de sus conciudadanos. El duro discurso de Felipe VI reconviniendo a los disidentes catalanes en los acontecimientos de septiembre-octubre de 2017 fue criticado por haber cruzado la neutralidad que se esperaba de la Jefatura monárquica del Estado. También sería criticado si ahora interviene llamando a la necesidad de un funcionamiento regular de las instituciones. Si el Rey interviene, tiene que hacerlo con persistencia y equilibrio. No puede intervenir hoy sí y mañana no. No puede intervenir en este grave problema y no en otro parecido. Con el agravante de la disparidad de los ciudadanos en identificar dónde reside el grave problema, que justificaría la intervención del Rey. Si el Rey interviene, alguien se sentirá perjudicado o, al menos, pensará que no debió intervenir… porque no lo hizo en otra ocasión más perentoria.

Ahora bien, ¿a quién perjudica que el Rey diga que su inviolabilidad debe ser relativa y referida exclusivamente a sus funciones constitucionales? ¿Quién piensa que el Rey puede asesinar, robar, defraudar, sin tener que responder por ello ni ser procesado? ¿Quién cree que puede seguir siendo Rey de los españoles/as, a pesar de cometer cualquier delito? Sus palabras solo le atañerían a él, al renunciar a un privilegio, tan arcano como irracional y humillante para la ciudadanía, y en cambio beneficiaría sobremanera a la monarquía, a la Jefatura del Estado, a los principios que rigen el ordenamiento jurídico español y en definitiva a la democracia. Ya no habrá una institución por encima de los valores y principios constitucionales y enfrentada a una serie de derechos fundamentales, como los derechos a la igualdad ante la ley y el derecho a la tutela judicial de las personas.

¿Cómo proceder? La inviolabilidad absoluta del Rey no está presente en la voluntad del constituyente (lean los debates constitucionales para comprobarlo). No aparece en la Constitución, que solo contiene una formulación genérica de la inviolabilidad sin adjetivarla como absoluta, y que por tanto admite diversas interpretaciones sobre su alcance. Tampoco es defendida por la opinión común de los expertos constitucionalistas, divididos entre una mayoría de “absolutistas” y una minoría de “relativistas”, aun cuando todos conformes con que la inviolabilidad del monarca únicamente debería de referirse claramente en la Constitución a las funciones del Rey. La inviolabilidad absoluta únicamente reside en la actual jurisprudencia del Tribunal Constitucional al interpretar el ambivalente art. 56. 1. de la Constitución. Esta jurisprudencia podría cambiar si se dieran dos circunstancias: a) una ley del Parlamento definiendo la inviolabilidad relativa del Rey válida solamente para el ejercicio de sus funciones públicas, y b) un gesto de Felipe VI afirmando que su plena inviolabilidad no responde a los valores y principios constitucionales.

Es el momento de la seriedad del presidente del Gobierno, cumpliendo con sus reiteradas palabras y promesas, y del gesto de Felipe VI, haciéndonos saber que no está conforme con su completa impunidad. Es el momento porque la monarquía sigue en caída libre, por más que los poderes públicos se nieguen a pasar una encuesta ciudadana. A empeorar la situación y aumentar el descrédito de la monarquía ha contribuido el sarcasmo atrevido e insolente del Rey emérito contestando “qué explicaciones” a la pregunta de la periodista sobre si iba a dar algunas explicaciones. La única pregunta y la única respuesta del emérito en su vuelta a España. Y seguirá aumentando el descrédito con la demanda de la examante del emérito ante los tribunales londinenses.

Es el momento. Se impone un oportuno cortafuegos, cuya eficacia depende del impulso del presidente del Gobierno y del gesto del jefe del Estado en el ya próximo discurso de Navidad.