Filtraciones buenas, malas y 1.502 chats

Los agentes de la UCO han contabilizado 1.502 chats de whatsapp vaciados del teléfono del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el mismo día (16 de octubre) en que el Tribunal Supremo abrió una causa contra él por defender al Ministerio Público de las falsas acusaciones vertidas, filtradas y publicadas por varios periodistas desde la Presidencia de la Comunidad de Madrid. La Fiscalía General emitió una nota de prensa desmintiendo el bulo del equipo de Isabel Díaz Ayuso sobre el delito de fraude confesado por su pareja, Alberto González Amador, alias Alberto Quirón. Según el Tribunal Supremo, esa comunicación a los medios no desvela ningún dato que no fuera aportado anteriormente por el propio defraudador confeso y su entorno, incluido el Gabinete de la presidenta que pagamos tú y yo.

El informe de la UCO, que el juez instructor Miguel Ángel Hurtado ha incorporado a la causa contra García Ortiz y fue distribuido a las partes, contiene datos personales que afectan a la seguridad del fiscal general y su familia, así como a la de un escolta y varias personas más, así que García Ortiz se ha visto obligado a denunciar esta filtración tanto a la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del Consejo General del Poder Judicial como a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, que está revisando la seguridad de los afectados.

Si el instructor Hurtado actuase en coherencia con lo que dice que hace -investigar sin indicio o evidencia alguna a un fiscal general por una filtración de datos que llevaban horas circulando por media España-, ahora mismo estaría abriendo una causa a quien desde el Supremo entregó el informe de la UCO a las partes sin omitir los datos personales de sus protagonistas, incluido el fiscal general; pero esperen sentadas.

Las dos conclusiones del informe de la UCO ratifican la ausencia de indicios para procesar a García Ortiz: en su teléfono móvil no hay mensajes ni llamadas a periodistas, al Gobierno o a Satanás que sustenten la causa, como ya sospechábamos algunas siguiendo la instrucción de Hurtado. Sí hay una llamada de un periodista de la Cadena Ser -que nunca respondió el fiscal general- antes de que éste conociera la verdad sobre los mails del abogado de Alberto Quirón, que le trasladó el equipo de la Fiscalía para desmentir el bulo de la Presidencia madrileña. Esta llamada fallida, conociendo el testimonio del periodista citado como testigo ahora confirmado por la UCO, correspondería a su intento de contrastar una información -la que desmentía el bulo de los de Ayuso- de la que el profesional disponía mucho antes que García Ortiz. Lo normal, pues, en este maltratado oficio, aunque el juez Hurtado no quiera tener en cuenta esta declaración... ni la de los testigos que desmontan su causa prefabricada.

El Partido Popular, como era previsible, ha cargado contra el borrado de los chats de WhatsApp por parte de García Ortiz; lo normal, claro, si ésta fuera una causa normal que no consistiera en juzgar filtraciones buenas o filtraciones malas. Para el principal partido de la oposición, que no haya pruebas es la prueba que justifica el linchamiento, cuando lo normal sería agarrarse a la evidencia de que no hay indicios suficientes para llevar a juicio al fiscal general por desvelar secreto alguno de Alberto Quirón y solo porque haya osado desmentir un bulo de la intocable Ayuso y su gente (Pablo Casado, siempre en nuestra memoria). 

Otra cosa, naturalmente, es ese borrado por partida doble, según la UCO y a pesar de las normas internas que recomiendan proteger los terminales de estos altísimos cargos borrando chats y/o cambiando de móvil, por su seguridad y la de quienes interactúan con ellos/as. El vaciado del móvil anula la posibilidad de encontrar indicios que justifiquen el juicio, pero vuelcan toda la sospecha política sobre García Ortiz; sospecha que en el caso de sus detractores -externos e internos, que habelos, hailos- se convierte en certeza ("Quien nada teme nada borra", dice el PP, sin acordarse ya del borrado a martillazos de los discos duros de su contabilidad paralela...)

Por mi parte, no tengo ninguna duda de que el fiscal general valoró todas las cuestiones a la hora de borrar sus chats, también la grave sospecha que se extiende sobre él por esta decisión. Cómo se defenderá de esta sombra es una incógnita en caso de llegar a juicio la causa; y todo apunta a que la pataleta del juez Hurtado acabará con García Ortiz en el banquillo. Lo que sí creo es que el fiscal general, aun siendo inocente, borraría esos mensajes de la misma forma que si tuviera algo que ocultar: 1.502 chats contabilizados por la UCO en el móvil de un fiscal general contienen inabarcable información que atenta contra la seguridad y contra la intimidad, posiblemente, de demasiada gente, sobre todo, si, como los datos personales de García Ortiz, su escolta y varias personas más acaban siendo filtrados desde el Supremo con total impunidad. Y todo por culpa de un defraudador confeso que se contonea de viaje por el mundo haciendo negocios. O lo que sea.