Interior refuerza la seguridad del fiscal general del Estado tras la difusión de sus datos personales

El Ministerio de Interior ha reforzado la seguridad del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras la difusión de datos personales suyos y de uno de sus escoltas, entre otras personas, que figuran en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregado al Tribunal Supremo y notificado por la sede judicial a las partes del caso.

La difusión de estos datos personales se ha producido en unos documentos adjuntados al último informe entregado por la UCO al Tribunal Supremo, relativo al tráfico de llamadas telefónicas realizadas y recibidas por el fiscal general del Estado entre el 8 y el 14 de marzo. Los referidos documentos contienen datos personales —números de teléfono, direcciones postales y DNI— tanto del fiscal general del Estado como de ese escolta, así como de otro fiscal, un abogado y un periodista, entre otras personas. 

García Ortiz ha denunciado dicha filtración tanto a la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del CGPJ como a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, que está revisando su seguridad, aunque aún no ha decidido si reforzarla o no, según fuentes del departamento. 

También Dolores Delgado, exfiscal General del Estado, también ha solicitado al Tribunal Supremo y al CGPJ adoptar medidas tras filtrarse su número de teléfono en el marco de esta causa. Delgado habló en esas fechas que investiga la UCO dos veces con García Ortiz para tratar asuntos diferentes.

Según expone en sendos escritos, Delgado denuncia que está recibiendo "reiteradas llamadas anónimas" a las que no está respondiendo "con la consiguiente zozobra e intranquilidad a la vez que inseguridad" para su persona y su trabajo por, ha insistido, "no haberse adoptado aquellas medidas mínimas de prevención", continúa el escrito.

Por ello, Delgado informa que se ha visto "obligada" a cambiar de terminal para preservar su seguridad y detalla además las llamadas que aparecen reseñadas en el informe de referencia para dejar constancia de que no están relacionadas con la causa que se investiga.

El CGPJ, por su parte, ha informado de que esta misma tarde ha entrado el escrito del fiscal general y se ha remitido al mencionado departamento "para su tramitación".

El documento policial, que ha sido remitido a las partes personadas, incluía datos personales de García Ortiz, de otros fiscales con los que se intercambió comunicaciones, y también de particulares y policías, información que, según ha denunciado el fiscal general, debería haberse omitido.

Esta documentación forma parte de la causa donde el Tribunal Supremo investiga a García Ortiz, además de a otros dos fiscales —Pilar Rodríguez y Diego Villafañe—, por la presunta filtración de un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el que reconocía haber cometido dos fraudes fiscales.

En concreto, el instructor Ángel Hurtado investiga la filtración del correo enviado el 2 de febrero de 2024 por la defensa de González Amador al fiscal Julián Salto, en el que le ofreció reconocer dos delitos fiscales a cambio de llegar a un acuerdo; y de la denuncia presentada por la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid contra el novio de la mandataria regional.

Además, Hurtado investiga la nota de prensa difundida el 14 de marzo por la Fiscalía para desmentir lo que consideraba un "bulo", en alusión a la noticia publicada a las 21.29 horas del 13 de marzo por El Mundo, donde se decía que fue el Ministerio Público quien ofreció pactar a González Amador. Curiosamente, en ese comunicado, se daba cuenta del cruce de 'emails' entre Salto y la defensa, que incluían datos personales.