El Estado social se ha basado en el argumento marxista de que el trabajo no es una mercancía como cualquier otra, de manera que, más allá del número de trabajadores disponibles, el precio mínimo que debe cobrar un ser humano se fija políticamente, algo que no se hace con las patatas o las sardinas, cuyo precio depende de la oferta y la demanda.

El argumento liberal contra el Estado social se centra en la idea de que los productivos y eficientes no tienen por qué financiar a los improductivos o perezosos. En el feudalismo, los señores se apropiaban del excedente -creado por los trabajadores, principalmente campesinos- a través de la coerción: el pacto feudo-vasallático, que obligaba a pagar un porcentaje de la cosecha a cambio de una protección contra los propios señores feudales, siempre con la sanción de la iglesia que cerraba el marco de justificación con la ayuda de dios. En el capitalismo, el excedente se lo apropian los dueños del capital -empresarios, terratenientes, rentistas- a través de un contrato supuestamente libre entre el empleador y el empleado. Y cuando las relaciones son libres, se presupone que también son consentidas. Toda la tarea de desmantelamiento de las redes de apoyo mutuo desarrolladas por el sistema capitalista durante los siglos XVIII, XIX y XX queda fuera de foco. Es el reino de la "libertad" y, por tanto, en libertad, cada cual es responsable de su suerte. Si la sociedad es homogénea, si todos corren los mismos riesgos, todos estarán de acuerdo en colaborar de la misma manera para asegurarse frente a esos riesgos comunes (es lo que ocurre en las sociedades nórdicas). Ahora bien, si hay grandes desigualdades, el escenario cambia. ¿Por qué un profesional liberal o, incluso, un empleado bien remunerado, va a querer subsidiar a los que tienen más riesgos que ellos? ¿Por qué pagar más impuestos cuando sus problemas de salud, de desempleo, de vejez, de ocio, de educación se ven satisfechos por otro lado? El catecismo liberal sanciona la respuesta: los impuestos son una forma de subsidiar a los que no han sabido utilizar su libertad para encontrar su lugar en el mundo. Y fijar un salario mínimo es una forma indirecta de cercenar la libertad.

Ahora bien ¿acaso no subsidian los que cobran un salario mínimo a los que gozan de manera privilegiada de las ventajas de la vida social? ¿Es que vivirían los rico como viven si los conductores de autobús, los electricistas, los maestros, los pescadores, los aceituneros, las amas de casa, los asistentes sociales, los trabajadores de la limpieza, los enfermeros...cobraran un salario "justo", es decir, acorde con las ventajas sociales que reportan? Bajar el salario mínimo es hacer que los pobres subsidien a los ricos. Pero como la hegemonía la han construido los ricos, la lectura es la contraria: bajar el salario mínimo es acabar con la esclavitud y el autoritarismo de un Estado voraz que quiere que los ricos subsidien la indolencia de los pobres. Sólo cuando los más reclamen el salario justo por su trabajo, este esquema falaz se romperá. Mientras, el reino de la impunidad sigue vigente.

El gobierno congela el salario mínimo en 641,40 euros

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El gobierno del Partido Popular deja clara su determinación de quién debe pagar el ajuste económico que permita al sector financiero mantener su tasa de ganancia.