Una fiscalidad radicalmente redistributiva

Cuando hablamos de redistribuir más equitativamente renta y riqueza es normal que pensemos inmediatamente en los impuestos como uno de los más potentes instrumentos de redistribución. Y ello es cierto, pero solo en parte.

Los impuestos actúan sobre una distribución de renta y riqueza preexistentes, pero no nos engañemos, su potencial para reducir las desigualdades es más bien escaso. Lo que podemos exigir de los impuestos es que se repartan con equidad y progresividad y se recauden con suficiencia.

La auténtica capacidad redistributiva de la fiscalidad está en la utilización de esa recaudación impositiva. Es el gasto público el instrumento potente para redistribuir, con la posibilidad adicional de atacar auténticamente sobre las raíces de la desigualdad. Porque la desigualdad proviene ya desde la cuna, incluso antes. Conseguir unas condiciones de vivienda digna y de vida y alimentación sana y suficiente es una primera vía de siembra correctora de desigualdades. Las políticas de cuidados, que inciden de forma especial sobre las oportunidades para las mujeres, tradicionalmente atadas a las obligaciones con la infancia y con las personas mayores, son otra vía de trabajar por reducir la desigualdad en sus raíces.

La inversión en vivienda social asequible, la prestación universal por crianza, los comedores escolares gratuitos, la oferta igualmente gratuita de escuelas infantiles con plazas suficientes, el ingreso mínimo vital (deseablemente automático y universal, como renta básica de ciudadanía), una sanidad pública universal de calidad... son ejemplos de medidas deseables en la dirección apuntada en el párrafo anterior.

El siguiente puntal de una política radical de reducción de las desigualdades es, sin duda, la educación. Para que cumpla su papel, es fundamental asegurar una educación pública y gratuita de calidad y la inexistencia de segregación escolar: es decir, evitar que existan centros para alumnado de familias ricas y centros para alumnado de familias con menor formación y más dificultades de aprendizaje, condenando a estos a un nivel de segunda clase.

Por supuesto, incidir sobre el mercado de trabajo, marcar salarios mínimos justos, erradicar la precariedad, evitar las desigualdades de trato por cualquier causa como género, edad o raza, equilibrar las fuerzas de negociación entre patronales y trabajadores, favorecer la presencia sindical en los consejos de administración y  luchar contra los poderes monopolísticos que se aprovechan de las familias a través de sobreprecios en sus consumos... son vías que favorecen una menor desigualdad en el mismo momento en que se generan las rentas.

Mucha de la pobreza y marginación que queremos erradicar la sufren las personas inmigrantes, fuente principal de nuestro crecimiento económico, demográfico y cultural. Se justifica plenamente que existan medidas de apoyo específicas, al tratarse de una población sin redes sociales de apoyo y a veces alejada de nuestros hábitos culturales. Normalizar la regularización para evitar su situación alegal (que les priva de derechos básicos y les condena al mercado negro y la explotación) es positivo, así como fortalecer y prolongar las políticas activas de integración a sus descendientes.

Prácticamente todas esas medidas, solo una muestra de cuantas son necesarias para ir corrigiendo las desigualdades que genera un mercado descontrolado, necesitan recursos con las que hacerlas frente. La ciudadanía española demanda políticas potentes y eficaces, al menos al nivel de los países europeos más avanzados. Pero ello es imposible sin un sistema tributario que aporte los recursos necesarios para ello. No podemos querer los servicios de los países nórdicos o de Francia, sin ir más lejos, con una presión fiscal hasta diez puntos inferior en relación al PIB que esos países dedican.

La afirmación de que el dinero está mejor en los bolsillos de las personas en vez de en los del Estado es aparentemente cierta para una pequeña minoría que puede afrontar con su dinero sanidad, educación y cuidados de forma privada, comprarse hoy una vivienda donde quieren gracias a sus elevados salarios y sus jugosas rentas de activos financieros.

Relacionado con este tema

De la "progresividad y la justicia social" al "infierno fiscal": así ha cambiado el discurso de Junts sobre los impuestos

Marc Font

Pero esos mismos colectivos privilegiados son los primeros en solicitar contratos y ayudas públicas y socorro cuando vienen mal dadas. Por otra parte, la gran mayoría de la población no tiene esa capacidad de gasto ni puede permitirse ahorrar. Y, peor aún, deteriorado el ascensor social, está condenada a seguir en esa misma situación de estrés laboral y monetario desde su nacimiento hasta su muerte.

El discurso de la igualdad de oportunidades y de la meritocracia a través del esfuerzo personal es una falacia absoluta. Medidas como las anteriormente citadas pueden paliar la desigualdad. Pero solo si la acción pública es potente y decidida, solo si los medios y las políticas son mucho más radicales de lo que lo son actualmente.

Según algunos estudios, hasta el 70% de la desigualdad en España se explica ya a partir de las herencias. Por ello, es tan importante que exista un impuesto de sucesiones. Quienes reciben una herencia no pueden alegar que se penaliza un esfuerzo que no han realizado, que les cae del cielo y que de forma manifiestamente injusta les sitúa en situación de ventaja desde el punto de salida. Necesitamos un impuesto sobre las grandes herencias, semejante al que se aprobó sobre las grandes fortunas. Con un mínimo exento elevado, se haría recaer sobre esa minoría de la población que perpetúa sus privilegios de generación en generación.

Porque conseguir un sistema tributario equitativo, progresivo y suficiente no implica subir impuestos, sino combatir los privilegios existentes. El de los superricos que evaden el impuesto sobre la renta hasta el punto de pagar proporcionalmente menos impuestos que, incluso, los contribuyentes con menores ingresos.

Hay que conseguir que las grandes sociedades paguen no solo el 15% que se ha aprobado como mínimo, sino un porcentaje más acorde con su poder y privilegios y de acuerdo con sus auténticos beneficios. Las múltiples bonificaciones, compensaciones y deducciones facilitan la ingeniería fiscal, propician los trucos contables para evadir los impuestos debidos. Con la complicidad adicional de las guaridas fiscales internacionales y de los asesores cómplices, cuando no inductores.

Relacionado con este tema

Feijóo sostiene en el inicio de la campaña de la renta que con menos migrantes "hay margen para bajar impuestos"

Jose Carmona

Hay que conseguir que las finanzas paguen, por lo menos, los mismos impuestos que las rentas del trabajo o el patrimonio inmobiliario.

Hay que penalizar fuertemente los consumos altamente contaminantes de los ultrarricos con un impuesto verde sobre el lujo suntuario.

Necesitamos una fiscalidad realmente redistributiva que (vía impuestos y, sobre todo, vía políticas de gasto público social) ataque la desigualdad no sólo a posteriori, sino también en sus raíces.

Justicia fiscal y justicia social van de la mano.