Esther Montesinos Calvo-Fernández (@est_montesinos)

• Desde hace unos años se está construyendo una “frontera inteligente” en los límites del Espacio Schengen para monitorear los movimientos de ciudadanos de terceros Estados

• Estas tecnologías contribuyen a la externalización de fronteras, ampliando el alcance de las prácticas discriminatorias y excluyentes

• El uso de estos sistemas de vigilancia con algoritmos automatizados puede llevar a prejuicios y perfilamientos raciales de dudosa garantía y legalidad

Treinta y tres años después de la caída del muro de Berlín, la invasión de Ucrania nos recuerda la fragilidad de la paz y de la concordia. Mientras, más de tres millones de ucranianos buscan refugio fuera de sus fronteras gracias a la solidaridad de sus vecinos. Pero esta apertura ejemplar es una excepción coyuntural que oculta momentáneamente un marco consolidado de blindaje y antimigración. El lema trumpista “Build the wall” ha dado paso a otras fronteras igual de inexpugnables pero invisibles. Junto a un número creciente de murallas físicas, van proliferando una batería de servicios, sistemas y productos que apuntalan los muros, se mueven y acechan a aquellos que tratan de franquearlos.

La apertura ejemplar de fronteras en Europa ante la guerra en Ucrania es una excepción que oculta un marco consolidado de blindaje y antimigración

Desde hace unos años, los objetivos fijados en las Agendas Europeas de Seguridad y Migración han dado luz verde a la construcción de una “frontera inteligente” en los límites del Espacio Schengen para monitorear los movimientos de ciudadanos de terceros Estados. El Nuevo Pacto de Migración y Asilo publicado en 2020 recoge la digitalización de la gestión fronteriza y la reforma de los sistemas de información de la UE, que proporcionan a las guardias de fronteras los datos pertinentes sobre las personas que entran y salen del territorio de la Unión. Hasta la fecha, esta arquitectura de datos abarcaba el Sistema de Información Schengen (SIS), el Sistema de Información de Visados (VIS) y el Sistema Europeo de Comparación de Impresiones Dactilares de los Solicitantes de Asilo (EURODAC), cuya gestión corre a cargo de la agencia eu-LISA.

La Comunicación de la Comisión sobre “sistemas de Información más sólidos e inteligentes para la gestión de las fronteras y la seguridad” de 2016 impulsó un “paquete de fronteras inteligentes” que incluía la creación del Sistema de Entradas y Salidas (SES). Este sustituirá el control manual de pasaportes por un registro automático y digital que recoja el nombre de la persona, el tipo de documento de viaje, datos biométricos (huellas dactilares e imagen facial) y el lugar y fecha de entrada y salida de la Unión. Su puesta en funcionamiento está prevista para este 2022, si bien hay países que ya llevan trabajando en ello desde hace meses, como es el caso de España en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Por otro lado, con el fin de lograr la interoperabilidad de todos los sistemas y facilitar el intercambio y cotejo de información mutuo, en 2020, la agencia eu-LISA adjudicó un contrato de 302,5 millones de euros a las empresas IDEMIA y Sopra Steria para el diseño de un nuevo Sistema de Correspondencia Biométrica Compartido (SCB). Su uso supondría la puesta en marcha de una de las bases de datos más grandes del mundo al almacenar la información registrada en todos los sistemas de gestión fronteriza, actuando, por tanto, a modo de sistema central de la UE.

Paralelamente, la digitalización de las fronteras exteriores se ha fortalecido con la propuesta de un nuevo Reglamento de EURODAC, el sistema informático dactiloscópico europeo, que almacena los datos de todos los solicitantes de asilo con el objetivo de evitar los temidos movimientos secundarios al solicitarse la protección en más de un Estado miembro. La reforma del Reglamento de Eurodac está actualmente en proceso de ser examinada por el Parlamento Europeo, donde el europarlamentario de Vox, Jorge Buxadé es ponente (rapporteur) en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. La reforma propone expandir esta base de datos al reducir la edad mínima para la recogida de datos a seis años y añadir al registro de huellas dactilares, el reconocimiento facial mediante fotografía. También se amplía el periodo de almacenamiento de los datos de 18 meses a cinco años.

Apoyos financieros de la UE

La Comisión ha fijado 34,9 mil millones de euros para la gestión fronteriza y migratoria, de los que 21,9 van a la digitalización de pasos fronterizos y al refuerzo de FRONTEX y EU-LISA

Estos esfuerzos van acompañados de un amplio apoyo financiero por parte de la UE. En el marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027, la Comisión ha fijado un presupuesto de 34,9 mil millones de euros para ser destinados a la gestión fronteriza y migratoria, de los cuales, 21,9, se van a destinar a la automatización y digitalización de pasos fronterizos y al refuerzo de las agencias FRONTEX y EU-LISA.

A ello se une la financiación a la investigación y diseño de nuevos proyectos tecnológicos para la seguridad a través de programas específicos, como es el caso de Horizon, el programa marco de investigación e innovación de la UE. Según The Guardian, en el periodo 2014-2020, 1,7 mil millones de euros de este fondo se adjudicaron al desarrollo de productos de inteligencia artificial y realidad aumentada, drones y otros sistemas de vigilancia biométrica para el reconocimiento facial, por voz, de iris y de las venas de los dedos. Uno de estos proyectos es el llamado iBorderCtrl, un detector de mentiras que interpreta las micro expresiones faciales y lenguaje no verbal de los viajeros al responder una serie de preguntas, y que recibió 4,5 millones de euros de Horizon. Sus implicaciones éticas y base científica, sin embargo, son dudosas, y llevaron al eurodiputado alemán Patrick Breyer a denunciarlo ante el Tribunal Europeo de Justicia ante la opacidad con la que la Comisión Europea estaba llevando el desarrollo del proyecto y su negativa de hacer públicos los informes legales y éticos que lo sustentan.

Entre 2014 y 2020, se adjudicaron 1,7 mil millones de euros al desarrollo de productos de inteligencia artificial incluyendo detectores de mentiras de dudosas implicaciones éticas o base científica

Los peligros de una frontera digital

La implementación de tecnologías de control biométrico e Inteligencia Artificial en las fronteras está en el punto de mira de activistas y organizaciones civiles de derechos, que han denunciado que el uso de estos sistemas de vigilancia con algoritmos automatizados puede llevar a prejuicios y perfilamientos raciales de dudosa garantía y legalidad. Lejos de ser neutrales, estas tecnologías digitales funcionan a partir de la información con la que han sido programadas. Así, la recolección de datos que hacen no es una práctica apolítica, sobre todo si se tiene en cuenta que son diseñados por actores del norte para ser aplicados sobre colectivos vulnerables, de ahí que puedan arrojar juicios falsos y cometer errores ante perfiles no caucásicos.

Además, existe una gran preocupación por los efectos que la experimentación tecnológica tiene sobre las personas migrantes y refugiadas. El desarrollo de nuevos productos de vigilancia implica ensayos de diverso tipo en circunstancias en las que los colectivos destinatarios no tienen la suficiente información ni medios para dar su consentimiento y ser conscientes de las consecuencias negativas conexas. Por ejemplo, el anteriormente mencionado iBorderCtrl fue puesto inicialmente a prueba en aeropuertos de Hungría, Letonia y Grecia. A pesar de que los viajeros podían decidir si someterse o no a dicho programa, la falta de transparencia y definición de riesgos asociados pone en duda que el consentimiento fuera suficientemente informado. Además, un estudio demostró que el sistema solo tenía una fiabilidad del 75%, y en caso de ser denegada la entrada, el viajero no podía acceder a los resultados del test ni saber si sus respuestas habían influido en dicha decisión.

Estas tecnologías están diseñadas por actores del norte para ser aplicadas sobre colectivos vulnerables y pueden darse juicios falsos y errores ante perfiles no caucásicos

Por otro lado, las tecnologías digitales también pueden contribuir a la externalización de fronteras, ampliando el alcance de las prácticas discriminatorias y excluyentes. Es el caso de programas como EUROSUR, que controlan el tráfico migratorio a través de las fronteras exteriores de la UE mediante el despliegue de drones en el mar Mediterráneo y que han sido señalados de ser utilizados para identificar embarcaciones de migrantes y notificarlo a la guardia costera de Libia para que los intercepte y traslade a territorio libio. Esto intensifica la descentralización de fronteras y convierte a las personas migrantes en meros objetos de seguridad y puntos de datos que hay que analizar y almacenar. Asimismo, la incorporación de tecnologías militares en muchos de estos nuevos sistemas de vigilancia refuerza el nexo entre migración y seguridad, abriendo las puertas a una creciente criminalización de la migración y un análisis basado en el riesgo para definir y tratar los casos.

La opacidad de la información sobre estas fronteras digitales complican su cobertura mediática e impiden un debate público informado

La opacidad de la información sobre estas fronteras digitales complican su cobertura mediática e impiden un debate público informado. Tras el velo de la seguridad, se lucran y posicionan los desorbitantes intereses corporativos que conforman la industria tecnológica y de seguridad, como lamenta Chris Jones de StateWatch. No obstante, donde unos ven un vacío, otros –como Alyna Smith de PICUM- ven una oportunidad para denunciar el riesgo que puede entrañar la tecnología para los derechos sociales y civiles, reforzando el debate sobre los derechos digitales desde un marco distinto, en relación con los derechos de las personas migrantes.