El fuego que más calienta

Se llamaba Casio Longino y tenía una larga fama de juez íntegro y ponderado en la Roma republicana. Según Cicerón, su astucia le llevaba a formularse una y otra vez la misma pregunta: Cui bono? ¿A quién beneficia? Se supone que nadie delinque sin la esperanza de obtener algún provecho. En una vieja tragedia de Séneca, Medea atribuye a su marido Jasón la responsabilidad moral de los delitos que ella misma ha llevado a cabo: “quien se beneficia del crimen es quien lo ha cometido”. El rédito de una acción no demuestra por sí solo la autoría, pero suministra un indicio jugoso y allana el camino a la sospecha.

“¿A quién beneficia?”, preguntaba la izquierda parlamentaria con respecto a los saqueos de Barcelona. Joan Baldoví y Elma Saiz teorizaron que el alboroto favorece a las fuerzas reaccionarias. Gabriel Rufián, por su parte, convirtió la duda en razonamiento: si la extrema derecha cabalga a lomos del caos, lo más probable es que el caos proceda de la extrema derecha. Después, cuando los desórdenes llegaron a Bilbao, Oskar Matute invirtió el sentido de la hipótesis preguntándose a quién perjudican los altercados. A quien no benefician, desde luego, es a la izquierda. Más bien al contrario, los disturbios han proporcionado una coartada al discurso derechista de la represión.

El martes, Miguel Tellado corrió a Bilbao para prometer mano dura “con los violentos y quienes los jalean desde las instituciones”. Entre menciones a la extrema izquierda, Otegi y el Mundial, el portavoz de campaña del PP se sumó a las palabras de Alberto Núñez Feijóo, que horas antes había prometido un aumento de las penas por disturbios convocados mediante redes sociales. Si hubieran escuchado al fiscal Jorge Bermúdez, sabrían que integrar estructuras como la que se presupone a Blocus conllevaría largas penas de prisión por delitos de organización criminal. El PP debería saberlo, ya que varios de sus dirigentes han sido imputados por ese motivo.

Bermúdez, adscrito a la Sección de Criminalidad Informática, intuye un cierto aroma a guerra híbrida. Se diría que algún agente foráneo pretende desestabilizar los Estados de la Unión Europea, pues los sucesos de Barcelona o Bilbao no son ajenos a otras convocatorias difundidas en Francia, Italia, Bélgica, Austria, Portugal, Suiza y Países Bajos. Para Bermúdez, alguien está utilizando a los menores más vulnerables como carne de cañón. El malestar juvenil existe y tiene motivos sobrados para aflorar, pero su expresión más despolitizada y nihilista ha sido instigada a través de plataformas opacas y extranjeras.

Hace apenas unos meses nos preguntábamos cuál era el papel de Facebook en los episodios de Ceuta y poníamos en tela de juicio la posición de Marruecos, Estados Unidos e Israel. Hoy sabemos, por ejemplo, que Trump colaboró con los bolsonaristas aplicando aranceles políticos y castigando a magistrados brasileños. En octubre, mensajes internos de Meta documentaban que las redes de Mark Zuckerberg habían restringido los contenidos de Lula y habían promovido los de su adversario. Días después, Reuters recogió testimonios de varios funcionarios estadounidenses que denunciaban una operación para encumbrar a Flávio Bolsonaro.

¿Quién puede creer que Europa está libre de injerencias en los procesos electorales? En el verano de 2024, la red social X amplificó un bulo xenófobo que desató pogromos a lo largo y ancho de toda Inglaterra. El propio Musk compartió las noticias falsas de la extrema derecha británica y auguró que la guerra civil era “inevitable”. En estos últimos dos años, el oligarca sudafricano ha apoyado a la AfD de Alice Weidel, a Marine Le Pen y a Reform UK; ha promovido la desinformación sobre las elecciones de Rumanía; ha amplificado bulos racistas sobre Catalunya; y ha alentado disturbios xenófobos en Belfast.

Es razonable distinguir la protesta social del vandalismo gratuito. El lunes, miles de jóvenes cubrieron las calles de Bilbao con un discurso antifascista. Esos mismos convocantes no solo se han desmarcado de los altercados posteriores, sino que también han denunciado su instrumentalización electoral. Alguien ha decidido eclipsar la movilización masiva con fotografías de coches ardientes. El propio alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, aprovechó la ceremonia de la confusión para poner bajo sospecha a los antifascistas y el PNV cargó el mochuelo a EH Bildu entre menciones extemporáneas a ETA.

¿A quién beneficia? El PP no solo propone ampliar la dinámica punitivista, sino que además pone bajo sospecha la organización digital de las movilizaciones. Nada nuevo bajo el sol. En 2019, en pleno debate sobre las protestas del Tsunami Democràtic, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un decreto que lo facultaba a intervenir los servicios de telecomunicaciones por motivos de orden público. En 2023, Emmanuel Macron propuso bloquear las redes sociales durante los disturbios que siguieron a la muerte del joven Nahel Merzouk a manos de un policía. Impotentes frente a los dueños de las plataformas, a veces caemos en la tentación de culpar a sus usuarios.

Estos días nos hemos acordado de Ángel Acebes durante el 11-M. Más de veinte años después, la derecha continúa buscando chivos expiatorios en ETA, en la izquierda o en el PSOE. “Van a arder las calles de España y, aún más, del País Vasco”, decía el candidato del PP, Jon Echeverría, poco antes de que ardieran las calles de Bilbao. Siguiendo el sapientísimo legado de Casio Longino, Séneca y Cicerón, podemos permitirnos una última idea: no sabemos quién enciende el fuego, pero sabemos a quién calienta.