En una España en la que es más fácil que te desahucien que sufrir una okupación, un país en el que vivir bajo un techo propio, sea comprado o arrendado, se ha convertido en un lujo, circula entre la derecha el mantra de que la única solución pasa por construir más, tanto vivienda libre como de protección oficial (VPO). Sevilla ilustra la falacia de tal afirmación: en esta España nuestra, en la que el salario más frecuente apenas es de 14.500 euros, ¿quién puede acceder a una VPO cuyo precio oscila entre los 200.000 y los 350.000 euros? El PP se limita a apuntar que “construir es caro”.  

Tal y como indica la propia Junta de Andalucía, una VPO ofrece “condiciones ventajosas a los compradores con el objetivo de facilitar el acceso a una casa propia a personas o familias que por distintas circunstancias (renta, edad, pertenencia a determinados colectivos) encuentran dificultades para ello”. En la actualidad, estas dificultades se han convertido en un elemento absolutamente transversal, porque ni siquiera con dos trabajos es posible permitirse un alquiler o comprar una casa., indistintamente de raza, edad, género…

Por otro lado, precios máximos de hasta 350.000 euros no parecen, precisamente, condiciones ventajosas para quienes ni siquiera ingresan al mes 1.500 euros. Si nos vamos al otro extremo, afirmar que 200.000 euros como precio base de una VPO sí es ventajoso, cuando la convocatoria de hace tres años fijó en 188.000 el precio máximo, es grotesco, pornográfico.

Adosar el calificativo de ‘ventajoso’ tomando como referencia para ello los precios desbocados de mercado es hacer trampas; eso es, precisamente, lo que hace el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), plegado al dictado de Vox tras haber pasado por el aro de la extrema derecha para aprobar los presupuestos municipales. Si la Junta quiere ser honesta, el precio ha de ser ventajoso en relación al salario más frecuente, no al precio de mercado, cuyo ascenso es imparable.

Sanz, que se niega a declarar zonas tensionadas como dicta la Ley de Vivienda, se suma al argumentario de Génova y culpa de todo a Pedro Sánchez, al que el PP lleva toda la legislatura poniéndolo en el origen de todos los males. Si cada vez que un dirigente popular mencionara el nombre propio del presidente España ingresara un céntimo, a estas alturas habíamos acabado con la deuda pública.

El próximo 5 de abril hay convocadas manifestaciones por toda España para protestar por haber convertido la vivienda en un bien de mercado en lugar de un derecho fundamental. Nadie ha tenido el coraje de tomar medidas efectivas para atajar el problema, tan solo se ha parcheado poco y mal. En un país teñido de azul, pareciera que al Gobierno de España le ha interesado más dejar en evidencia a los gobiernos autonómicos del PP, insumisos a la Ley de la Vivienda, que hacer cumplir los mínimos que contempla esta norma.

Como puede observarse en Sevilla, construir más VPO no es la única solución, no sólo porque quienes la promueven, como la Junta de Andalucía, no resuelven con ella la inaccesibilidad por precio, sino porque lleva mucho tiempo. En cierto modo, es como si a quien sufre una hemorragia le ponemos cinco tiritas y, en el mejor de los casos, le practicamos un torniquete; si no se adoptan otras medidas, el paciente morirá. Como prueba, un botón: el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla anda sacando pecho de su decreto ley de vivienda para agilizar la construcción de 20.000 VPO… en cinco años. No sé qué produce más tristeza, si la cifra de 20.000 viviendas protegidas, muy lejos de cubrir las necesidades reales de, como le gusta decir a Moreno Bonilla, “la comunidad más poblada de España”, o los cinco años –serán más, advierto- que tardarán en levantarse.

Por otro lado, tirar de ladrillazo únicamente trae aparejado otro problema. Dado el urbanismo depredador que se ha vivido en las grandes ciudades, apenas queda suelo libre –ya ni siquiera digo suelo público-. En consecuencia, las nuevas promociones han de llevarse a la periferia. Puesto que no se interviene el precio del alquiler ni el de la compra-venta, quienes quieran vivir bajo un techo propio se verán abocados a instalarse en el extrarradio, quedando los grandes centros urbanos reservados para una élite económica y para alojar turistas.

Con el pretexto de combatir la España vaciada, la Junta de Andalucía anda vendiendo la idea de utilizar los polígonos industriales de las localidades pequeñas para construir viviendas… aunque en esas localidades no haya problema de acceso a la vivienda. Lo que faltan allí son servicios esenciales y oportunidades laborales, no casas. Sin embargo, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, obvia esa realidad mientras los constructores se frotan las manos pensando en los precios porque, como dicen en la Junta, “construir es caro”.

Nada tiene de malo vivir en las afueras, pensarán algunas personas o, como apuntó el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), "tener que vivir fuera de la ciudad tiene una importancia relativa"... Tan sólo has de preocuparte si no sabes volar, porque como De la Torre lleva años haciendo caso omiso a las advertencias de sus propios técnicos municipales sobre el precio de la vivienda e instalado en esa “importancia relativa”, quienes han sido expulsados de Málaga, pero siguen trabajando en la ciudad, sufren atascos kilométricos que se producen cada mañana en la única autovía de acceso a la capital desde la Axarquía. Vivía De la Torre tan feliz en su escaparate, en el parque temático en que ha convertido Málaga, que se olvidó de pedir adecuar las infraestructuras al éxodo al que él mismo ha contribuido.

Resolver el problema de la vivienda en España no requiere ni una única solución ni un conjunto de medidas livianas. Se trata de una cuestión lo suficientemente urgente y compleja para dejarlo, como pretende la derecha, en manos del libre mercado. En este caso, la recurrente metáfora del zorro cuidando a las gallinas ni siquiera aplica; sería más preciso plantearse cómo vamos a poner a un pirómano a apagar fuegos, si no sólo los provoca, es que disfruta con ellos. El problema es que el Congreso está plagado de pirómanos, cada vez hay menos bomberos y demasiados confunden el calor de la política con estar quemándose –y quemándonos- a lo bonzo.