El gas que nos encadena

La semana pasada, en la ciudad caribeña de Santa Marta, más de 50 países se sentaron por primera vez en la historia a hablar de algo que las grandes cumbres del clima llevan décadas evitando decir con claridad: cómo salir del petróleo, el gas y el carbón de forma ordenada, justa y definitiva. Mientras los delegados debatían en Colombia, el Estrecho de Ormuz (esa franja de agua por la que transita el 20% del gas y petróleo mundial) estaba al borde del colapso por el enfrentamiento entre Israel, Estados Unidos e Irán. La coincidencia no podía ser más elocuente: en una sala, el mundo intentando imaginar un futuro sin fósiles. Fuera, el presente recordándonos brutalmente por qué es tan urgente lograrlo.

El Estrecho de Ormuz no es sólo geografía, es el cuello de botella de la economía global. Cuando se cierra, o simplemente amenaza con cerrarse, los mercados tiemblan. Tras un ataque con drones a una planta de exportación de gas en Qatar, los precios del gas en Europa subieron cerca de un 50% en cuestión de días. Así de frágil es el sistema en el que vivimos. Así de directa es la línea entre una guerra a miles de kilómetros y la factura que recibes a fin de mes.

De Rusia a Estados Unidos: misma trampa, diferente dueño

Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, Europa experimentó de golpe lo peligroso que era depender del gas del Kremlin. Alemania fue el caso más escandaloso: años apostando por el gasoducto Nord Stream y aumentando su dependencia del gas ruso, a pesar de la normativa europea que en 2014 ya señalaba la necesidad de reducirlo. Mientras, Putin acumulaba poder. La respuesta europea, buscar otros proveedores. Misión cumplida…

Pero cambiar de proveedor no es lo mismo que ganar independencia. Europa se ha lanzado en una loca carrera por “diversificar” el suministro. Pero lo que hemos hecho finalmente es firmar acuerdos con países autocráticos como Azerbaiyán, Israel o Egipto y sustituir el gas de gasoducto de Rusia por el GNL de Estados Unidos. El Estado español, por ejemplo, ha pasado de que el gas estadounidense supusiera menos de un 5% de sus importaciones en 2018, a que en 2025 suponga el 30%. Este gas que se importa es gas licuado (el GNL, que es básicamente gas enfriado hasta hacerlo líquido para poder transportarlo en barco). Y aquí viene un detalle que merece atención: la mayor parte de ese gas estadounidense que llega en barcos a nuestras regasificadoras se extrae mediante fracking, una técnica que consiste en inyectar agua a presión en el subsuelo para romper la roca y liberar el gas atrapado. El fracking contamina acuíferos, afecta a la salud, genera terremotos artificiales y destruye paisajes enteros. Está prohibido en el Estado español, gracias a la ley de cambio climático del 2021, pero aparentemente lo que no queremos en nuestro territorio, lo pagamos para que se haga en el de otros.

Y no es un detalle menor saber quién hay detrás de todo esto. Empresas como Venture Global, uno de los grandes exportadores de GNL hacia Europa, están directamente vinculadas a donantes de la campaña de Trump. El mismo Trump que lleva meses presionando a Europa para que compre más gas estadounidense, mientras desregula la industria fósil en casa y amenaza con aranceles a quien no le siga el juego. La soberanía energética europea, al parecer, pasa por enriquecer a los financiadores del negacionismo climático.

El problema de fondo: pagamos todo a precio de gas

Aunque consiguiéramos suficiente gas de todos los rincones del mundo, seguiríamos teniendo un problema estructural: el sistema eléctrico europeo está diseñado para que el precio de toda la electricidad lo fije la energía con el coste marginal más caro que entre para cubrir el consumo en ese momento. Y las horas más caras las fija, sobre todo en picos de demanda diarios, una central de gas.

Esto significa que cuando el gas se dispara, la electricidad se dispara, aunque en ese momento el 80% de la energía que consumes venga de renovables. Es como si el precio del pan lo fijara el ingrediente más caro del mercado, aunque apenas se use. Europa lleva años con esta reforma pendiente y sin atreverse a hacerla. Mientras tanto, millones de familias pagan facturas que no reflejan el coste real de la energía que consumen.

Santa Marta: un primer paso

Volvamos a Colombia. La Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles (su nombre oficial, tan largo como ambicioso) cerró con resultados más modestos de lo que requiere la emergencia climática. Se creará un panel científico de primer nivel para guiar la transición. Se reconoció formalmente la necesidad de un nuevo instrumento internacional, algo que el Acuerdo de París, con todas sus virtudes, no puede cubrir por sí solo. Y se anunció una segunda conferencia, el año que viene en Tuvalu, el pequeño estado del Pacífico que literalmente desaparecerá bajo el agua si no frenamos el calentamiento global.

España acudió con la ministra Aagesen al frente de las negociaciones, lo cuál está bien. Pero importa más lo que venga después: un plan real de abandono de los fósiles, con fechas, con financiación, con compromisos que no se evaporen en el camino.

Porque lo que faltó en Santa Marta fue lo más importante: un tratado vinculante. Un compromiso legal que obligue a los países productores a dejar el carbón, el petróleo y el gas en el subsuelo, que garantice que la transición no la paguen quienes menos responsabilidad tienen en la crisis climática, y que acabe con el sistema de arbitraje que permite a las empresas fósiles demandar a los gobiernos que se atreven a regularlas, conocido por sus siglas en inglés como ISDS.

La alternativa ya existe

Las energías renovables no vienen de un gasoducto que pueda cerrarse o volar por los aires, ni de un estrecho que pueda bloquearse, ni de un país que pueda subir el precio porque le da la gana. Tras una inversión inicial, vienen del sol, del viento y del agua de nuestro propio territorio. Y, adecuadamente instaladas, de forma que se respeten las necesidades y capacidades de los territorios son las energías más democráticas. Son, en el sentido más literal, una de las patas fundamentales de la soberanía energética.

No se trata de elegir entre dependencias. Se trata de construir, por fin, la independencia real y un futuro habitable y en paz. Cada año que perdemos es otro año de facturas al capricho de los mercados, otro año de guerras alimentadas por el control de recursos, otro año de caos climático. Santa Marta nos recuerda que hay una mayoría global que quiere avanzar. Lo que falta es que los gobiernos estén a la altura.

El gas no nos da seguridad. Nos da dependencia. Y la diferencia entre ambas cosas se paga, mes a mes, en la factura de la luz y con grandes impactos ambientales.