Opinión
La generación sin techo: desahucios y salud mental
Por Vicente Losada
Activista de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad)
Durante 70 años, Mari Carmen pagó religiosamente su alquiler en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro. A sus 87 años, fue desahuciada el pasado 23 de septiembre. Dos semanas después, fallecía en el Hospital Gregorio Marañón. Su historia no es un caso aislado. Es la consecuencia previsible de un sistema que trata la vivienda como mercancía y no como derecho.
Menos desahucios, pero más desigualdad
Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2025 se practicaron 25.540 lanzamientos (desahucios) en España. De ellos, 18.317 (el 71,7%) fueron por impago de alquiler, frente a los 4.346 por ejecuciones hipotecarias y el resto por otros motivos. La tendencia es reveladora: en 2015 se registraban en torno a 67.000 desahucios, pero hoy el peso del alquiler como causa se ha disparado. El problema no ha desaparecido: se ha desplazado hacia quienes no pueden comprar y dependen de un mercado de alquiler cada vez más hostil.
No obstante, la disminución de los desahucios no es necesariamente una buena noticia. En 2026, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) advirtió que esta caída "no refleja una mejora de la situación material de los hogares, sino un atasco en la maquinaria judicial".
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El Observatori DESCA, estima que la moratoria evitó decenas de miles de desalojos, pero advierte que su finalización podría reactivar un gran número de casos suspendidos. Mientras los desahucios practicados caen, las ejecuciones hipotecarias iniciadas suben un 17,5% en el mismo periodo, y los desahucios solicitados han crecido un 19,2% interanual. El problema no se ha resuelto: se ha desplazado a la fase previa, acumulando expedientes que tarde o temprano terminarán en desalojo.
El informe de Oxfam Intermón de 2026 revela una realidad aún más dolorosa: uno de cada tres inquilinos ha sufrido un "desahucio invisible" (mudanzas forzosas por fin de contrato o subidas inasumibles). El grupo más castigado son los menores de 35 años, con un 31,9% de afectados. Y lo que es peor: uno de cada dos jóvenes que pierden su vivienda de alquiler se ve obligado a regresar al hogar familiar. La emancipación se ha convertido en un privilegio inalcanzable.
La brecha generacional en una imagen
Los datos del Banco de España (Encuesta Financiera de las Familias 2024) dibujan una España fracturada. La tasa de propiedad entre los menores de 35 años se sitúa en el 36,7%, frente al 82,8% de los mayores de 65 años. En dos décadas, la proporción de hogares jóvenes con vivienda en propiedad ha caído drásticamente, mientras los jubilados con más de una propiedad han crecido un 76%. No es solo una cuestión económica: es una transferencia de riqueza y de futuro de una generación a otra.
Y detrás de cada uno de estos datos hay una realidad que no se mide en cifras: en los últimos cinco años (2021-2025) se han practicado en España una media superior a los 25.000 desahucios anuales. Más de 125.000 hogares han perdido su vivienda en el último lustro. Una cifra que, lejos de ser un problema coyuntural, confirma que estamos ante una emergencia estructural. Y detrás de cada uno de esos desahucios, hay una historia de salud mental rota.
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El precio de un techo: salud mental y riesgo de suicidio
¿Qué supone todo esto para la salud de la población? Un estudio de la Universidad de Granada y la Escuela Andaluza de Salud Pública, publicado en Gaceta Sanitaria, es demoledor: las personas en proceso de desahucio tienen 12,63 veces más probabilidades de tener una salud deficiente y 3,08 veces más de padecer una enfermedad cardiovascular que la población general andaluza .
La evidencia internacional va en la misma línea. Una revisión sistemática publicada en Social Science & Medicine (2017) concluyó que las personas bajo amenaza de desahucio presentan peores resultados de salud mental, incluyendo ideación suicida. Y una revisión de 2025 publicada en PubMed Central (National Institutes of Health, NIH) encontró que la ideación suicida era 2,56 veces más probable en personas desahuciadas. Los desahucios no solo expulsan a la gente de sus casas; les expulsan de su propia salud, de su estabilidad emocional y, en los casos más extremos, de la vida.
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El caso de Mari Carmen es la punta del iceberg de una violencia institucional y económica que no distingue edades, aunque se cebe con los más vulnerables. La vivienda no es un lujo ni una mercancía: es un derecho fundamental y un determinante social de la salud. Como ella nos dejó dicho en su cartel: "Luchad por lo que es vuestro". Y lo que es nuestro es el derecho a un hogar digno, a no ser expulsados de nuestros barrios y a no tener que elegir entre pagar el alquiler o cuidar nuestra salud mental.
El próximo 11 de noviembre, la calle volverá a gritar lo que las instituciones niegan: que la vivienda es un derecho, no un negocio. Porque sin casa no hay salud, y sin salud no hay futuro.
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