Hace dos días recibíamos la nefasta noticia de que la Unión Europea (UE) daba luz verde al uso del glifosato por cinco años más (España votó a favor, aunque países como Francia están en contra). Tal y como ya hemos abordado en este espacio en artículos anteriores, se trata de un herbicida creado por la multinacional Monsanto, sobre cuyos posibles efectos para la salud ya alertó la Organización Mundial de la Salud (OMS): "hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)”.

La UE ha hecho caso omiso de estas advertencias, apoyándose para ello en informes de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) que, a su vez, han sido vitoreados hasta la extenuación por parte de organizaciones de agricultores.

Sin embargo, lo cierto es que la EFSA no es de fiar. ¿Por qué? Sencillo, porque prácticamente la mitad de los expertos de sus paneles científicos tienen relación directa o indirecta con la industria agroalimentaria y alimentaria. Así lo pone de manifiesto el último informe del Observatorio Europeo de Corporaciones, que viene denunciando esta situación desde hace años.

La situación es mucho más sangrante de lo que pudiera parecer en un principio: en los últimos cinco años, más del 26% de los expertos han recibido dinero directamente de alguna empresa con intereses regulados por esta Agencia. No sólo eso, sino que otro más del 30% tiene conflictos de intereses indirectos al pertenecer a alguna organización que ha recibido más del 20% de su financiación procedente de asuntos abordados por la EFSA. A ello se suma, además, un 16% de los miembros con relaciones tanto directas como indirectas con empresas afectadas.

Con estos mimbres en la Agencia –en la que casi el 70% son hombres-, ¿realmente podemos esperar que sus informes, que contradicen a los emitidos por organismos de la Organización Mundial de la Salud, sean fiables?

El Parlamento Europeo lleva cuatro años exigiendo la independencia de la Agencia de la industria agroalimentaria, pero la indiferencia por parte de los mandatarios europeos parece más que evidente, toda vez que buena parte de los científicos que ya fueron denunciados en el pasado por esta situación cuando menos cuestionable vuelven a ser reelegidos, entre los que se incluyen puestos superiores como el presidente, vicepresidente o el comité científico.

Se trata de una sucesión de errores de reclutamiento de expertos por parte de la EFSA que llama poderosamente a la desconfianza. Que exista un conflicto de intereses, ¿implica necesariamente que el experto falte a su integridad y profesionalidad? No tiene por qué, como indica el informe del Observatorio, pero evidencia que un científico se enfrentará a un debate moral y, por ello, jamás debió ser fichado por la Agencia.

Pareciera que hubiera cierta intencionalidad, sino mala fe, por el hecho de que casi la mitad de los expertos se encuentren en esta situación de conflictividad y, además, muchos de ellos han sido renovados a pesar de advertirse de ello.

La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, hoy mismo defendía la independencia y legitimidad de los informes de la EFSA. Claro, que si echamos la vista atrás al equivalente de EFSA en España, ¿qué podemos esperar?: Hace cinco años, ya con el Partido Popular en La Moncloa, se nombró directora ejecutiva y número de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) a Ángela López de Sá. ¿De dónde procedía esta funcionaria de carrera? De Coca-Cola, donde trabajó entre enero de 2007 y marzo de 2012, siendo miembro, además, de la Asociación Española de Refrescos y de la de Zumos.

Para algun@s, no hay conflictos de intereses, más bien al contrario, todos los intereses (los suyos) están alineados. Que cada cual saque sus propias conclusiones.