Resulta que la Empresa de Vivienda de Rivas Vaciamadrid, un ayuntamiento regido por IU y Podemos, presenta una querella porque entiende que los bancos están cargando sobre los ciudadanos un coste, los impuestos notariales, que debía recaer sobre los que hacen el negocio, que son los bancos.

Resulta que la sección segunda del Tribunal Supremo, que es la que está especializada en asuntos de impuestos, dicta una sentencia 16 de octubre de 2018 anulando el artículo 68.2 del reglamento del impuesto. Resulta que esa anulación implica que son las entidades bancarias las que deben asumir ese pago. Porque son las que ganan dinero con la operación.

Resulta que además de la sorpresa, todo era correcto porque Luis Díaz Picazo, el responsable de la sala tercera del Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, estaba enterado del asunto y así lo había firmado. Luis Díaz Picazo había sido puesto en el Supremo por el PP.

Resulta que es probable que estos jueces del PP, más atentos a las cosas del poder que a las cosas de la justicia, se les pasara el asunto. Demasiadas conspiraciones y casi mil imputados del PP en los tribunales. Y de pronto, no habían caído, resulta que esa sentencia podía costar a los bancos algunos miles de millones.

Y resulta que entonces alguien en la banca se ha preguntado en voz alta ¿y para qué coño nos hemos gastado tanto dinero todos estos años si cuando alguien nos hace falta no está ahí para hacer su trabajo? Y resulta que se ponen a sonar los teléfonos en Génova -cuya sede ha sido pagada con dinero negro-, y en la city -que es la que paga a buena parte de los corruptos-, y en la Plaza de las Salesas -que es donde están los jueces, puestos por el PP, que perdonaron a Casado por robarse un máster-. Suenan los teléfonos hasta que echan chispas.

Resulta que Carlos Lesmes, nombrado por el PP presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial habla, con bastante probabilidad, con Luis Díaz Picazo, puesto por el PP en el Tribunal Supremo. Y Luis Díaz Picazo, que no había hecho antes sus deberes, emite un comunicado sorprendente por el cual, de momento, suspende la resolución hasta que un Pleno de 31 jueces, muchos nombrados por el PP, y que tendrá lugar en noviembre, dictamine si va a delante o no ese cambio jurisprudencial.

Y resulta que, como cuenta Ernesto Ekaizer, esa decisión de Díaz Picazo, nombrado por el PP, hizo subir la bolsa. Es decir, que hubo gente que se forró al tiempo que 8 millones de hipotecados oían retumbar en su cabeza otra vez el “que se jodan” tan del PP. Y resulta que la jefa de gabinete de Lesmes, el Presidente del Supremo nombrado por el PP, es la fiscal Ana Murillo, esposa de José Manuel Cendoya, que a día de hoy sigue siendo uno de los vicepresidentes del Banco Santander, el banco que ha perdonado tanto dinero al PP.

Decía el Rey emérito, al que no puede investigar el Parlamento, que la ley es igual para todos. Lo mismo opina su hijo, Felipe VI. Estoy convencido de que mañana mismo, si no esta noche, el Rey Felipe VI va a salir a dar una declaración institucional poniéndose al lado de los ocho millones de españoles estafados. Y va a celebrar que se mande a los antidisturbios a calmar a los banqueros que protesten. Menos mal que vivimos en democracia. Por lo menos la llaman democracia. Lo llaman democracia ¿y lo es?