El asalto a las instituciones brasileñas el pasado domingo por parte de los ultraderechistas seguidores de Bolsonaro nos recordó inevitablemente a lo sucedido un año atrás en Washington DC cuando Trump perdió las elecciones. Demasiadas semejanzas y demasiada banalidad todavía hoy ante unos hechos tan terriblemente graves, que deberían ser tomados muy en serio por quienes tienen a sus ultraderechas afilando cuchillos a las puertas de unas elecciones.

No solo los hechos, sino los protagonistas y las circunstancias, se parecen demasiado. Los seguidores de candidatos ultraderechistas no aceptan el resultado de las elecciones cuando pierden y pretenden ‘recuperar’ el país asaltando las instituciones a la fuerza, y confiando en que las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales les apoyarán. Por suerte, ni en EEUU ni en Brasil se dio esta circunstancia, aunque no son pocos los vídeos de la Policía brasileña en actitud pasiva y en ocasiones colaborativa con los asaltantes. Pero más allá del hecho en sí, lo que debemos tratar de entender es cómo se llegó hasta aquí, qué les hizo pensar que tenían razón o que podrían conseguirlo. En definitiva, cómo fraguó el golpe. Y esto no es solo el acto en sí, sino todo el proceso propagandístico e ideológico para llegar a este.

Difundir el mantra de la ilegitimidad del gobierno cuando pierdes las elecciones es uno de los primeros puntos del manual de la insurrección reaccionaria. Lo vimos con Trump, lo acabamos de ver con Bolsonaro, y lo venimos viendo con el PP y Vox desde hace tiempo. Cuando insistes en hacer creer que el Gobierno es ilegítimo, fruto de una anomalía democrática o de un complot entre la ‘antiespaña’ que representan para ellos fuerzas democráticas elegidas en las urnas, y que solo se ha dado cuando tú has perdido, estás azuzando a que todo valga. En el Congreso, en medios, redes y en algún que otro aquelarre en las calles, se catastrofiza el mandato popular falseando índices macroeconómicos y sociales (sobre todo referidos a la seguridad pública), demonizando a determinados actores políticos o profetizando el fin de los días si esto no se para. No son cuatro influencers ultras, sino la mayoría de los medios de comunicación, toda la derecha, y en no pocas ocasiones, un amplio sector de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los que contribuyen a extender este relato.

Hace unas semanas, un policía cesado de su cargo (pero no expulsado del Cuerpo) por difundir bulos racistas en un acto de la extrema derecha, protagonizaba un espectáculo en una protesta convocada por grupos conspiranoicos y ultraderechistas. Tras insistir en su discurso antipolítico, racista y apocalíptico que pintaba España como el erial de Mad Max, victimizarse como un ciudadano honrado perseguido por disentir, arrogándose la verdad, clamó a ‘recuperar nuestro país’. ‘Ustedes tienen que despertar’, decía el personaje, que, casualidades del destino, ha acabado en las listas de un partido de extrema derecha para las próximas elecciones. No es el único agente que usa su condición de policía para hacer campaña por la ultraderecha, como venimos advirtiendo varios periodistas y por lo que estos mismos nos señalan en sus canales de difusión sin que el Ministerio del Interior tome medida alguna.

Algunos estaban ya metidos en las instituciones, sobre todo en los cuerpos policiales y las fuerzas armadas, aquí, en EEUU y en Brasil, como se ha demostrado tras las identificaciones de varios asaltantes al Capitolio y en el Congreso brasileño, y como hemos denunciado aquí numerosas ocasiones a pesar de la indolencia y la inacción del Gobierno. También lo advirtió la comisión de inteligencia y seguridad del Parlamento británico el pasado verano: la amenaza terrorista de la extrema derecha se le presta poca atención y exige muchos más recursos, y existe una infección considerable de extremismo de derechas dentro de estos cuerpos. Lo mismo sucedió en Alemania recientemente tras la desarticulación de un grupo terrorista de extrema derecha que pretendía dar un golpe de Estado, y entre quienes se encontraban policías, militares y hasta jueces. Justo ayer, mientras escribía estas líneas, la abogada defensora de los derechos humanos y vicepresidenta de la República de Colombia Francia Márquez Mina, denunciaba en su cuenta oficial de Twitter el hallazgo de un artefacto explosivo de más de 7Kg en el camino que conduce a su casa en el Cauca. Pero es que da igual que los servicios de inteligencia de varios países, la Europol o la mismísima ONU adviertan que la extrema derecha es la principal amenaza para las democracias. Aquí seguimos bailando salsa.

Sin embargo, no hay que esperar a que estos se lancen al asalto físico de las instituciones para darnos cuenta de la ofensiva antidemocrática de los reaccionarios. En España, no son pocos los ejemplos de cómo la derecha, aún sin gobernar de facto, manda más que el propio Gobierno en determinados ámbitos. Ya sea en el panorama mediático como en los órganos judiciales, las fuerzas del orden o en las mismas decisiones políticas que toma el Gobierno. Si muchas de las medidas que cualquier progresista entiende que deberían aplicarse por un gobierno que se dice de izquierdas no se toman, es porque existe una resistencia derechista dentro del propio gobierno. Se llamen poderes fácticos, chantajes, engañabobos, traiciones o cobardías. Y es que han conseguido que la medida más light en materia social o económica sea considerada ya ‘comunista’ en una gran parte de la sociedad, temerosa esta de salir a por el pan por si le okupan la casa, lo asalta una horda de MENAs o lo envían a un gulag si hace un chiste machista.

Escribía el periodista norteamericano de The New Yorker, Andrew Marantz, en su magnífico libro ‘Antisocial: la extrema derecha y la libertad de expresión en internet’ (Capitán Swing), que, tratar determinados asuntos (los que quiere la derecha, aunque vayan contra los derechos humanos o contra la propia democracia) como legítimos temas de debate, no es ser neutral, sino cómplice. Marantz narra cómo se gestó la Alt-Right norteamericana y toda la constelación ultraderechista que provocó gran parte del éxito de Trump y posteriormente protagonizaría el asalto al Capitolio. Lo mismo vienen advirtiendo expertos analistas en extrema derecha de todo el planeta, mientras socialdemócratas, liberales y conservadores juegan a la equidistancia y sitúan en ‘los dos extremos’ a quienes defienden políticas sociales y a quienes tratan de acabar con la democracia y con los derechos humanos.

No sabemos si ingenuamente creen que ellos están a salvo, pero la historia nos enseñó que serían de los primeros en caer si los fascistas asaltan el poder. No por ser sus principales oponentes sino simplemente molestos. Quizás habría que recordarles que, entre izquierdistas y periodistas, también había varios nombres de políticos conservadores y liberales en las listas de objetivos a abatir de la organización terrorista alemana desarticulada hace unas semanas.

Este año tendremos varias citas electorales que van a poner todavía más cartas sobre la mesa, y en las que se van a tener que retratar quienes todavía no han cumplido gran parte de sus programas durante su mandato, y quienes pretenden salvar España del infierno comunista a cualquier precio. No será que no hay señales ya sobre el golpismo que acompaña siempre a la derecha cuando pierde, ni de que dejar de hacer algo que prometiste para no enfadar a la derecha, nunca funciona. Se va a fusilar igual. Está por ver si, tras las múltiples experiencias y advertencias de la insurrección reaccionaria a lo largo de la historia, incluso sin asaltar las instituciones, tanto el Gobierno como la sociedad está dispuesta a entregar la democracia sin pelear.

Y no solo en las instituciones se juega este partido. Para quienes sienten que, gobierne quien gobierne, no le representan, siempre puede organizarse y participar en los movimientos sociales, que siguen haciendo de contrapeso a la infección reaccionaria. Ni todo se juega en las urnas, ni todo está perdido. El nihilismo es el primer paso para la rendición.