"Maldita sea la suerte del día en que se me ocurrió volver a ser reportero", Con esta frase resumió Pedro J. Ramírez 24 años de trayectoria como director de El Mundo tras ser desalojado del timón verde por inescrutables conspiraciones palaciegas. Los palacios se llaman Zarzuela y Moncloa. No sé si os suenan. Qué país extraño, este que entremezcla palacios y redacciones de periódicos. O algo falla en la puerta de los periódicos, o hay un butrón en los palacios.

Que un periodista, en acto público y difundido por el propio medio que lo acaba de destituir, sugiera que el Gobierno y el rey han impedido que continúe con su labor profesional, dice muy poco en favor de la marca España o de la anomalía España. Pedro J. dio esta semana el más intenso titular de su carrera: En España la libertad de prensa no existe. Subtítulo: El Gobierno y la Jefatura del Estado interfieren en lo que debemos o no debemos saber los españoles.

De creer a Pedro J., y yo le creo, estamos ante una de las acusaciones más graves que se han escuchado en democracia. Yo sospecho que esta explosiva denuncia aun no ha cuajado del todo, ni siquiera entre los periodistas, por haber sido Pedro J. un personaje tan político, tan trending y tan couché. Nos hemos tomado la destitución de Pedro J. como la destitución de un ministro, y Pedro J., aunque a veces lo parezca, no es ministro.

Si es verdad que el gobierno y el rey pueden destituir al director de un periódico, es que en España hemos entendido regular lo de la libertad de prensa, los derechos humanos y tal. Lo que dice la libertad de prensa es que son los periodistas los que hacen dimitir a reyes y presidentes, y no al revés.

Las acusaciones derramadas por Pedro J. deberían de ser investigadas, me parece a mí. Y los periódicos tendríamos que sentirnos impelidos a escrutar qué mecanismos de presión se activaron, qué personajes influyentes levantaron sus teléfonos, qué contraprestaciones se ofrecieron desde Moncloa y Zarzuela para que una empresa privada permita una injerencia de tal calibre en su gestión.

La historia de la España reciente demuestra que tumbar a Pedro J. tuvo que ser arduo. No lo habían tumbado ni la ley de la gravedad, ni la ley a secas, ni la gravedad húmeda de ciertas conspiraciones videográficas. Por eso sus acusaciones tienen aún más fuste. Yo quiero saber, taxativamente, si vivo en un país en el que los poderes políticos y dinásticos deciden por quién soy informado y por quién no. Para enterarme bien de si vivimos o no en una democracia, que ando con las dudas propias de la edad.

Hasta ahora, en esta España anómala, sospechábamos con razón que los grandes periódicos no eran del todo independientes cuando les condonaba una deuda el gran banco, cuando en el BOE se repartía la tarta de suscripciones anuales para la oficialidad, o cuando veíamos que la publicidad institucional no era directamente proporcional al número de lectores. Entre otras rarezas. Ahora Pedro J., nuestro Kane riojano, da un paso más hacia el abismo y nos más que insinúa que lo han echado Mariano Rajoy y Juan Carlos I en persona. Qué barbaridad. La cosa se ha puesto en Madrid como para no bajarse del landó.

Tras airear tan detonante acusación, el deber profesional de Pedro J., como periodista, es que sus revelaciones no expiren aquí. Su obligación deontológica, y la nuestra, es investigar esta destitución a fondo hasta desentrañar si Mariano Rajoy y Juan Carlos I dieron un golpe de Estado en la dirección del segundo periódico más vendido de este anómalo país. Si así ha sido, el rey y el presidente deben de ser denunciados ante el Tribunal de Estrasburgo, me da la impresión, por atentado contra el artículo 10 del título primero del Convenio Europeo de Derechos Humanos, referido a la libertad de expresión. "Maldita sea la suerte del día en que se me ocurrió volver a ser reportero". Pues no, Jota. El titular es cojonudo. Que es lo que a ti y a mí nos importa.