Hace ahora tres meses desde que el medio catalán Directa destapara la presencia de un agente de Policía infiltrado en varios movimientos sociales en Catalunya. Un tal Marc se había hecho pasar por un estudiante comprometido con diversas causas, y entró a militar en un colectivo por el derecho a la vivienda, un sindicato de estudiantes independentista de izquierdas y un centro social de l’Eixample de Barcelona. Tras sospechar que lo habían descubierto, y pocos días antes de la publicación, ‘Marc’ abandonó la ciudad de Barcelona. El espía había actuado bajo una identidad falsa facilitada por la policía, consiguiendo incluso matricularse en una universidad. Tras la publicación del reportaje, ‘Marc’ colgaba en sus redes una foto posando junto a una piscina y riéndose de todo.

Semanas después, también la Directa publicaría otro reportaje destapando el intento de dos agentes que se identificaron como miembros del Departamento de Seguridad Nacional de los servicios secretos españoles, de captar a un militante de las juventudes de ERC para que fuese su informante. No era el primero ni será el último. Hace unos años, también la Directa destapó cómo agentes de información ofrecían ciertos beneficios e incluso dinero a activistas que se encontraban a la espera de juicio por causas políticas a cambio de información. Casos que, casualmente, acabarían archivándose por falta de pruebas, a pesar de que a más de uno le costó unos meses de prisión preventiva.

Pocos medios se hicieron eco de estas informaciones. A pesar de saberse que los colectivos que habían sido víctimas del espionaje no suponían ninguna amenaza violenta, dejar al descubierto estas prácticas no provocó ningún escándalo. Se asume que estas cosas pasan y ‘algo habrán hecho’ si la policía les pone el ojo. Esta es la actitud habitual de los equidistantes y bienpensantes demócratas que acatan o confían en todo lo que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad hacen o deshacen, y de los periodistas que se dedican a reproducir sus notas de prensa como si fuesen sentencias. Aunque luego se escandalicen con lo de Villarejo, como si este fuese un verso suelto que nadie conocía y actuaba sin el conocimiento del resto.

Al ser preguntado por estos casos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que se trataba de ‘especulaciones sin pruebas’. Òmnium Cultural denunció el caso ante la Audiencia Nacional el pasado mes de julio. Interior contraatacó haciendo llegar un informe de la Comisaría General de Información en el que reconoce el uso de estas prácticas y las justifica considerándolas ‘legítimas, idóneas y oportunas’. Si las escuchas con Pegasus y otros dispositivos similares por parte de los servicios secretos españoles y quién sabe quién más han pasado sin pena ni gloria tras unos cuantos días de pataleta en el Congreso y de revuelo en los medios, imaginen lo que les importa que se descubra el espionaje y la guerra sucia contra activistas.

Pero esto va más allá del independentismo, aunque los argumentos de Interior en citado informe sean que se trata de una práctica de "captación de información de interés para el orden y la seguridad pública en los mismos entornos en los que se mueven los individuos radicales o comprometidos con proyectos secesionistas ilegales". Por si no fuese suficiente, añaden una vez más la sombra del terrorismo para que nadie ose poner en cuestión el espionaje y la guerra sucia: "los extremismos identitarios excluyentes que pueden derivar en violencia y verse incrementados en un entorno de crisis económica constituyen una de las notas preocupantes de la actualidad". Y menciona el eje de la Estrategia de Seguridad Nacional que hace referencia a "La lucha contra el terrorismo y la radicalización violenta".

Que nadie ajeno al independentismo crea que esto no le afecta. Aunque siempre he aborrecido los tediosos comentarios de ‘ya os avisamos’ que suelta algún indepe recién llegado cuando salta una noticia de represión en el resto del estado (como si antes del 1-O no hubiese pasado nada), el argumento esgrimido una vez más por Interior para justificar el espionaje (relacionando independentismo con terrorismo), ya lo vivimos mucho antes con el ‘todo es ETA’, cuando un disco de Negu Gorriak o un libro en euskera fuera del País Vasco ya eran indicios suficientes para pertenecer ‘al entorno de ETA’. Hemos visto como el caso de Tamara y Adrià, de los CDR, que la Policía y la prensa vendió como un germen terrorista, se caía por su propio peso y acabaría archivado, sin que los periódicos le dedicaran ni una décima parte de lo que le dedicaron cuando ocupó las primeras páginas.

El lawfare contra miembros del Gobierno de coalición con el tándem cloaca-periodismo escandalizó a buena parte de la sociedad, pero esta guerra sucia ha estado siempre en marcha contra movimientos sociales y activistas que no cuentan con tantos ni tan grandes altavoces para denunciarlos. Ni tanta solidaridad ni credibilidad como la que sí han gozado ciertas figuras públicas. La vigencia de la Ley Mordaza sigue permitiendo continuados abusos y montajes, y justo cuando la legislatura está a punto de terminar, las ratas de la cloaca pisan el acelerador. Es el caso de Raquel, la mujer de la barriada del Río San Pedro, en Puerto Real, Cádiz, cuyas imágenes gritando a los agentes antidisturbios durante la represión de las protestas de la huelga del metal a principios de año se hicieron virales. El próximo mes de febrero será juzgada por un presunto delito contra la intimidad y revelación de secretos. Como ella, cientos de activistas arrastran juicios pendientes e incluso penas de prisión con la palabra de la policía como única prueba. Y casi nadie la pone en duda.

Pero no es necesaria siquiera una ley como la de seguridad ciudadana (la ley mordaza) para atar bien corto o encerrar a quien disienta. La opacidad de las medidas de seguridad amparadas bajo el mantra de los ‘radicalismos’ o la amenaza terrorista es el as en la manga de cualquier régimen para justificar la vulneración de cualquier derecho. El caso de ‘Marc’ i el de Raquel son dos gotas en el mar, pero no preocupan mucho más allá de quienes insistimos en que no todo vale.

Leyendo entre líneas, cuando Interior habla de ‘extremismos’ y de la crisis económica que viene en su informe sobre este caso, sugiere que habrá carta blanca para el resto. No olvidemos que ‘Marc’ no solo se infiltró en el independentismo. También lo hizo en el movimiento por la vivienda de Barcelona. Interior lo justifica así: "los miembros de los colectivos secesionistas radicales presentan una particularidad que hace especialmente complicada su vigilancia mediante otros medios: su multimilitancia". Es decir, cualquier movimiento social ha estado y está en el punto de mira de la cloaca y del Estado profundo. No se trata solo de que escandalice, pues es de sobra conocido que el Estado emplea estas y muchas otras tácticas contra la disidencia política, y bien lo saben los movimientos sociales y activistas del resto del Estado desde que empiezan a militar. No es un ‘no se podía saber’, sino un ‘me la suda’, el problema de todo esto.