Hantavirus: manual para salvar situaciones inéditas

Hay marco legal para imponer una cuarentena. Restringir libertades individuales como medida de prevención y control frente a un grave riesgo para la salud pública tiene un evidente fundamento jurídico. La restricción tiene que ser proporcional, necesaria y limitada en el tiempo, tal como establece la Ley Orgánica de 1986 en sus primeros artículos. Quizá hubiera sido deseable una norma con mayor especificidad, pero no nos hace falta para tomar medidas en casos como este. Con la combinación legislativa y el derecho a la salud que contempla el artículo 43 de la Constitución tenemos mimbres más que suficientes. Si alguno de los 14 españoles que viaja en el barco afectado por el brote de hantavirus rechazara el aislamiento, las autoridades podrían imponer la cuarentena sin necesidad de consentimiento. Por supuesto, siempre se requiere ponderación y nunca sobra al control judicial, pero está claro que el consentimiento informado al que se refería Margarita Robles solo afectaría a los tratamientos a los que, eventualmente, tuvieran que someterse los confinados. La orden ministerial, los protocolos y, sobre todo, la reciente autorización judicial, no dejan lugar a dudas. Si había claridad sobre este asunto durante la pandemia, cuando el destinario de las restricciones era un conjunto indeterminado de personas, más claridad hay en un supuesto en el que los destinatarios son 14 sujetos concretos.

La tensión entre derechos individuales y bienes públicos, intereses o derechos colectivos, puede darse en muchas ocasiones. En nuestro sistema jurídico y en situaciones de normalidad se opta por dar prioridad a los primeros sobre los segundos. La violación de derechos y libertades está controlada directamente por el Tribunal Constitucional, al que puede recurrirse en amparo, algo que no sucede, por defecto, si hablamos de derechos sociales. La jerarquía entre unos y otros la establece el artículo 53 de nuestra Constitución. Esta arquitectura puede alterarse en situaciones de especial gravedad, aunque no exijan la declaración de un estado de alarma, y conviene que tal alteración venga acompañada de una autorización judicial.

Lamentablemente, como sucedió con la covid, también ahora hemos visto a las derechas hacer un uso partidario, oportunista y electoralista de una situación crítica. La frivolidad con la que Santiago Abascal se ha manejado en estos días, culpando a Sánchez de levantar cortinas de humo, y las irresponsables declaraciones de Feijóo pidiendo cabezas (as usual) muestran la incapacidad que tiene la oposición para gobernar y gobernarse en contextos desfavorables. La primera reacción ha sido siempre la de hacer extrapolaciones catastrofistas, alarmar y alimentar la confusión para disparar al Gobierno. Justo cuando más calma se necesita, el dueto PP-Vox apela con entusiasmo a la desestabilización y el desasosiego. Está claro que no superan la tentación de usar el miedo o cualquier motivo legítimo de preocupación para sacar su particular tajada.

En fin, era de esperar que las derechas apostaran por cerrar los puertos a un barco en el que podrían morir un buen número de personas, también los 14 españoles, muy españoles, a los que de nada parece servir la bandera roja y gualda, porque ya sabemos que el rodillo no es solo el de la "primacía nacional". El principio que opera eficientemente es el del desprecio al más vulnerable y el de un "nosotros primero" cada vez más arbitrario, más estrecho y cerrado. Es lo que tiene la tesis, tan inmoral como poco contrastada, del bote salvavidas. Si hay que elegir, el criterio que se impone es el de empezar por quienes más se parecen a mí, y en las posiciones chovinistas de los ultras, por supuesto, siempre tenemos que elegir. Ni razones humanitarias, ni omisión de socorro, ni solidaridad, apriorísticamente, hay personas que sobran. En el hantavirus, se suma, además, la desconfianza frente a la gobernanza internacional, la irrelevancia de la OMS y de los organismos multilaterales. La reacción de Clavijo y la de Ayuso, aún más inexplicable, indican una incomprensión preocupante acerca del significado de las fronteras y las competencias institucionales. Allí donde se exige coordinación internacional, nuestras derechas optan por la estrategia de la rana en el agua hirviendo, seguramente, en la idea, cortoplacista y miope, de sacarle algún rédito electoral. No sé quién está en condiciones de premiar semejante enroque.

A estas alturas, deberíamos tener claro que en un país gobernado por las derechas no tendríamos herramientas transfronterizas para afrontar este tipo de problemas, más allá de las que ofrece la represión más cruda y la necropolítica. Y lo peor es que, a la interna, tampoco tendríamos el sistema robusto de salud pública que esos problemas exigen. Las derechas privatizan servicios sanitarios y han obstaculizado con sus votos el pleno rendimiento de la Agencia de Salud Pública. Incluso hace unos días Feijóo pedía los nombres de los expertos a cargo para fiscalizarlos y desautorizarlos, como hicieron, en su momento, con Fernando Simón.

Todo parece indicar que la crisis del hantavirus está canalizada. El Gobierno ha demostrado que puede reaccionar. En España hay nervio político e instrumentos legales para salvar situaciones inéditas, aunque las derechas sigan monologando en su particular soliloquio.