Esta semana se ha colocado la primera piedra de un nuevo hospital en la ciudad de Málaga. A escasos meses del inicio de la campaña electoral, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) realiza este acto simbólico de la promesa que lanzó en 2015 y que abrirará sus puertas seis años después de lo comprometido. Para compensar, el presidente de la Junta de Andalucía complace al sector capillita y nombra al futuro complejo hospitalario Virgen de la Esperanza. Todo muy oportuno en un estado aconfesional. 

Moreno Bonilla afirma que "será el hospital más moderno de España". Lo dice sin despeinarse a pesar de que no comenzará a funcionar hasta, por lo menos, 2032. Eso más que esperanza, es tener fe ciega, especialmente considerando que los habitantes de Málaga ya han visto sus despropósitos previos, con el Hospital Valle del Guadalhorce convertido durante mucho tiempo en unas instalaciones fantasma y ahora con denuncias de pacientes que comparten habitaciones con personas fallecidas durante horas. 

En un momento en el que, debido a las precarias condiciones que ofrece, el SAS (Servicio Andaluz de Salud) es incapaz de encontrar profesionales médicos suficientes para responder a las necesidades de la población, es necesario volver a recurrir a la fe para creerse que la Junta será capaz de dotar a ese hospital con personal suficiente para atender sus casi 900 camas, 48 quirófanos, 200 consultas externas, 26 salas de radiodiagnóstico, 100 boxes de observación, etc. De ahí el nombre de Hospital Virgen de la Esperanza, porque el tercer hospital de Málaga en manos de la gestión del PP, necesita un milagro para ser una realidad. 

Ironías aparte, imponer, como de hecho se ha impuesto, un nombre religioso para un futuro centro de la Sanidad Pública que financiamos todos y todas las contribuyentes de España es profundamente irrespetuoso. Si bien es cierto que la Hermandad de la Esperanza de Málaga ha orquestado una campaña de recogida de firmas que ha encontrado muchos apoyos para ello, haber privado al conjunto de la sociedad malagueña de elegir el nombre de su hospital es un error democrático. 

Lo más acertado habría sido confeccionar una terna de nombres en la que, por supuesto, estuviera el de la virgen, pero acompañado por otros nombres laicos, como por ejemplo, Fanny Medina (Francisca Medina Verdejo), la primera doctora de Andalucía que abrió su consulta en 1921 en la calle Comedias de la capital de la Costa del Sol. Es muy probable que hubiera salido igualmente la denominación religiosa, pero al menos habría podido presumir de haber sido elegida libremente, y no de haberse impuesto. Participación ciudadana y derecha se han dado de bruces una vez más, dando voz exclusivamente a un sector de la sociedad.  

El trato de favor y la pleitesía a la Iglesia Católica en este nuestro Estado aconfesional es indiscutible. Cada vez que alguien quiere ser fiel a lo estipulado en la Constitución, las fuerzas vivas conservadoras se tiran a su yugular en un acto tan cristiano, he de decir, como en siglos atrás torturando, asesinando y expulsando a quien no comulgara con esta confesión. Líderes ultra como Isabel Díaz Ayuso hablan de "tradición católica", obviando los ocho siglos de convivencia musulmana, las multiculturalidad que enriquece nuestra historia y, muy especialmente, que en España se ha impuesto la religión católica a fuego en múltiples épocas.  

Cuando el Gobierno de España propuso un funeral de Estado por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, volvieron las voces conservadoras con la matraca de la tradición católica. Vaya por delante que no soy partidario de estos funerales de Estado, pues considero que cada cual ha de despedirse de sus seres queridos como le dé la gana, sin que las instituciones metan el hocico. La mejor muestra de apoyo y respeto es el rápido esclarecimiento de las circunstancias del accidente. 

Dicho lo cual, la opción laica en un Estado aconfesional se me antoja como la más oportuna. Los dirigentes del PP que criticaron esta decisión y volvieron a presentarse como baluartes del catolicismo no tienen ninguna autoridad para reivindicar tal cosa. Es un acto más de hipocresía porque, como hacen con la memoria histórica, su predilección por los valores católicos es selectiva. Lo hemos podido comprobar recientemente con el modo con el que ha chocado frontalmente con la Iglesia Católica al oponerse a la regularización de personas migrantes.  

Mientras la Conferencia Episcopal da la bienvenida a la medida afirmando que se trata de "un acto de justicia social y reconocimiento a tantas personas migrantes que con su trabajo llevan tiempo contribuyendo al desarrollo de nuestro país, aun a costa de mantenerles en situación irregular", los de Feijóo no sólo no comparten estos valores católicos sino que recurren a la mentira con bulos sobre las ayudas o, incluso, fabulando con una incorporación al censo electoral que nuestra ley impide. 

El PP, cada vez más alineado con Vox, recurre al comodín católico cuando le es propicio para ganar votos. En otras circunstancias, no duda en abrazar cualquiera de los siete pecados capitales, con la soberbia, la avaricia y la ira a la cabeza.  

Como Estado aconfesional, lamentablemente España sigue haciendo aguas, con una idea tan extendida como equivocada de que libertad religiosa es imponernos el catolicismo y obligarnos a financiarlo a quienes no comulgamos con él. En los tiempos que vivimos, incluso y como vimos en Jumilla, hay Administraciones Públicas que impiden la práctica de otras confesiones. Quizás es que cuando las derechas hablan de tradición católica se refieren precisamente a eso, a perpetuar las tropelías que su Iglesia ha cometido históricamente en nombre de su Dios, sin dudar en atentar contra sus propios valores para lograr sus propósitos. Pues como dicen también en Málaga, se van a topar con una jartá de herejes.