La hora de los políticos giratorios

Cuando un político o política comienza a destacar en su trabajo, bien por ganar unas elecciones, bien por ser designado para una alta responsabilidad, sabemos por las entrevistas que empezamos a hacerle los periodistas que su dedicación a la política es vocacional y que tiene un profundo sentido del deber público, de servir a la gente desde las instituciones para mejorar su vida. Por eso es ministra, presidente, alcalde o consejera; por vocación de servicio público y nada más.

Esto lo he leído o escuchado yo a presidentes como Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González o José María Aznar, cada uno en su estilo. También a exvicepresidentes y exministras como Rodrigo Rato, Pedro Solbes, Ángel Acebes, Luis de Guindos, Elena Salgado, Ana Palacio, Cristina Garmendia, Pío Cabanillas, Javier Solana, Isabel García-Tejerina y un largo etcétera al que se suman secretarios de Estado, subsecretarias o consejeros autonómicos.

Deben recordar bien sus nombres porque es ahora cuando muchos de ellos nos van a demostrar esa vocación de servicio público con la que se les llenaba la boca cuando los medios les preguntábamos el porqué de su dedicación a la política, un oficio ingrato y no excesivamente bien remunerado, en comparación con el resto de la Unión Europea y teniendo en cuenta la dedicación que exige esa admirable inclinación. Les cueste lo que les cueste.

Este martes el Consejo de Ministros ha desplegado un plan de choque contra la insoportable subida de la luz, un bien tan esencial que su ausencia puede matar a la gente. Además de anunciar importantes recortes fiscales en la factura de los ciudadanos, el presidente Pedro Sánchez ha aceptado intervenir en los beneficios obscenamente cuantiosos del oligopolio energético en España para bajar ese recibo hasta un 22%: "Se lo pueden permitir", ha dicho el jefe del Ejecutivo en una entrevista en TVE. "Y tanto", le hemos contestado desde los hogares españoles; bueno, desde casi todos los hogares, ya que, al menos, en los de los dirigentes del PP, consideran que garantizar un servicio básico a los españoles -la justicia social de toda la vida- es intervencionismo, comunismo, terrorismo, bolivarianismo y un ataque a la libre regulación del mercado eléctrico, que como todo el mundo sabe, en España es muy competitivo, con cuatro grandes empresas que se lo guisan y se lo comen todo con ansiosa glotonería.

Estas mismas compañías no han tardado ni 24 horas en dar a conocer su malestar y su chantaje, en palabras del líder de Más País, Íñigo Errejón, planteando cerrar sus centrales y dejar a España sin el 25% de su energía. Así, sin anestesia, enfrentándose con brutalidad impensable en un Estado de derecho a un Gobierno elegido democráticamente y a unos ciudadanos/as asfixiados económicamente.

Pero no pierdan la esperanza, porque ahora precisamente es cuando entran todos los nombres que enumeré al principio y los muchos que me he dejado en el teclado: los políticos y políticas que saltaron desde su actividad pública a las cúpulas de las eléctricas con toda su vocación de servicio a la ciudadanía. Porque se trata de eso, ¿verdad? Una acción tan contradictoria y sonrojante como pasar de las instituciones a las empresas que se regulan desde las instituciones, además, en una materia tan esencial como el suministro eléctrico de 47 millones de españoles, no puede hacerse si no es desde la única intención de ayudar a la gente. Porque no va a ser desde la pretensión de forrarse, que eso es incompatible con la ética más elemental y debería estar prohibido, como una forma de corrupción más. No, los exministros, expresidentes, exsecretarias de Estado, exsubsecretarios o exconsejeras giratorios van a interceder ante las eléctricas, en sus consejos, y van a pedir justicia social y solidaridad con los ciudadanos y ciudadanas; van a trabajar por que este looby cese sus chantajes y amenazas. Cómo vamos a pensar lo contrario en una "democracia plena", ¿verdad? Si es que nos queremos poco.