El Partido Popular ha asumido finalmente el enfoque racista de los ultras y sigue los trotes acelerados de Santiago cierra España. La relación directa entre inmigración y delincuencia y la cantinela de la paguita forman parte ya del argumentario de todas las derechas en este país. Como si los migrantes no aportaran nada al sostenimiento de los servicios sociales o no pagaran sus impuestos, cuando suponen ya el 14% de los cotizantes a la Seguridad Social, son el 30% de los trabajadores de la hostelería y el 40% del campo o el hogar. De hecho, según un informe del Banco de España (2024), harían faltan 24 millones más para mantener nuestro sistema de pensiones.

En la ponencia que se aprobó en el congreso del PP se planteaba limitar la regularización por arraigo y la reagrupación familiar de migrantes, eliminar prestaciones a migrantes en situación irregular, ligar la residencia de larga duración a las cotizaciones y el conocimiento de la cultura española, y primar la migración de los culturalmente cercanos. Una combinación de racismo cultural y racismo del bienestar que apoya, finalmente, la tesis de la preferencia nacional.

Vox habla de los "incompatibles con nuestra cultura" para referirse a los seguidores del Islam, a "los que no comen jamón". En los últimos meses, ha defendido en el Congreso "la prohibición del velo islámico en todos los espacios públicos" y la supresión del programa de enseñanza de la "Lengua Árabe y la Cultura Marroquí", alineándose con la islamofobia europea. Los populares están dispuestos a servirles de palmeros, pero cuanto más se acercan a Vox, más votos pierden. El horizonte racista siempre se mueve y los ultras piden cada vez más. Ya no solo se trata de salvar al pueblo sino de salvar a la especie, a los españoles de pura sangre, y para eso hay que echar mano, si es preciso, de la excepcionalidad permanente. La democracia siempre fue un lastre para la necropolítica. El rosario pasa ahora por la Ecología racial de Amanecer Dorado y la reemigración de Alternativa por Alemania, aunque ellos hablan de delincuentes e indocumentados, y Vox quiere echar a todos los "inadaptados". La autovictimización nacional es un arma política que estimula la venganza dotándola de una legitimidad moral que, en condiciones normales, nunca tendría.

Vox es el autor intelectual de la xenofobia y la incitación al odio que infectó el canal anónimo de Telegram "Deport Them Now", epicentro de la violencia en Torre Pacheco. Actuar "sin temor a las consecuencias legales", con cacerías, patrullas vecinales y ejecución directa. Una jueza de Mataró acordó el ingreso en prisión provisional sin fianza del tal Lupiáñez, al parecer, el único integrante del canal, que no logró valorar la repercusión social de su comunicado. Siempre hay personas precarias que sobreviven gracias al espejismo del poder individual que les proporcionan las redes sociales y las tecnologías digitales. Seres, objeto de manipulación, que creen estar llamados a desempeñar un protagónico papel heroico. Ansiosos de experiencias catárticas, se estimulan con la idea de ejecutar purgas y solventar, así, sus propias frustraciones. El resentimiento es un atributo de quienes se consideran desposeídos y es muy fácil compensarlo con orgullo nacional.

El resto del trabajo ya es cosa de profesionales. Núcleo Nacional, Desokupa, Vito Quiles o Bertrand Ndongo se dedican a funcionar como cámaras de eco. La turba en redes facilita actitudes irresponsables y autoindulgentes. Siempre es más fácil autojustificar los discursos de odio si uno cree que todo el mundo lo hace o haría lo mismo, si pudiera. Y como el anonimato garantiza la impunidad, se pueden disociar los clics encadenados de sus demoledoras consecuencias. Totalitarismo de la multitud teledirigida. Por suerte, no siempre funciona. El ejército digital sufre a menudo de astroturfing: el supuesto apoyo popular está inflado o fabricado para ganar legitimidad y amplificar el impacto.

En el último lustro, los delitos de odio han aumentado un 45% y los de tipo racista se han duplicado. Y eso que no suelen denunciarse y apenas hay sentencias condenatorias. En su artículo 510, el Código Penal condena a quienes "públicamente" fomenten, promuevan o inciten "directa o indirectamente" al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra colectivos vulnerables. Se ha de provocar una situación de riesgo real y tangible para el colectivo en cuestión, y ese riesgo se valora, entre otras cosas, en función del contexto y la influencia que se tenga.

Vox alimenta la tensión social echando leña al fuego en zonas conflictivas y lo hace a través de sus púlpitos multiplicados. Cuando Santiago Abascal sostiene que los migrantes llegan a España "a ocupar, violar, robar o matar" o que propinan palizas a los españoles por el simple gusto de divertirse, podría estar cometiendo un delito de odio porque en ese discurso concurre un componente de clara y real incitación a cometer acciones ilegales y porque tiene la capacidad que se necesita para favorecer su ejecución. Como se ha visto en Torre Pacheco, hablamos de un peligro claro e inminente, no solo de un riesgo en abstracto. Por lo demás, estos delitos se han incluido entre los susceptibles de generar la llamada responsabilidad penal de personas jurídicas, partidos políticos, por ejemplo, cuando se cometen en beneficio propio. En el caso de Vox, el rédito electoral es claro.

"El avión está esperando. Billete de vuelta, billete de vuelta. No olvides tu maleta". El videoclip de los ultras replica la propaganda neonazi y sádica de Alternativa por Alemania y lleva la firma indeleble del partido de Abascal. El PP de Feijóo corre detrás de su propia sombra sufriendo el "síndrome de la rana hervida". Empeoramientos paulatinos que suelen pasar inadvertidos y acaban conduciendo a situaciones críticas e irreversibles. Lamentablemente, en este caso, las estamos sufriendo todos.