Las togas negras se lanzan a las calles con perfil revolucionario para salvar el Estado de Derecho. Save the rule of law. La separación de poderes está en juego y es el ahora o nunca. Han pasado años ejerciendo al amparo de "superiores" que dictaban sentencias, nombraban y promocionaban jueces, desde cargos caducados, sin que se escuchara una mosca. Pero siempre hay una gota que colma el vaso. Esa gota ha sido la reforma de la carrera judicial y el Estatuto de la Fiscalía que promueve el Gobierno de coalición.

La huelga la lideran cinco asociaciones de centroderecha que se oponen abiertamente a Sánchez. En este país, el asociacionismo judicial de sesgos ideológicos y partidarios es perfectamente compatible con la independencia y la imparcialidad. Cosas veredes.

La revuelta gira alrededor de varios ejes: acceso, promoción y competencias.

En el actual modelo de oposiciones del turno libre prima el uso de la memoria. Hay que saberse al dedillo las normas jurídicas vigentes, en muchos casos, de corta vida y siempre condicionadas por los vaivenes de la legislación europea. Ahora resulta que uno de los ejercicios orales de acceso a la judicatura se pretende sustituir por una prueba escrita y anonimizada, por la resolución de un caso práctico (como el que hacen notarios, registradores o abogados del Estado) y esto se ha convertido en un anatema. ¿Se entiende que la capacidad de redacción, la argumentación jurídica y la aplicación del derecho a supuestos concretos, es algo que no hace falta evaluar? Todo hace pensar que el problema no es ese, sino otro. Parece claro que el santo tribunal que juzga a los aspirantes pierde poder si se estrechan los márgenes de la "discrecionalidad". Cuatro palabras del legislador pueden convertir bibliotecas enteras en basura, decía el emblemático Von Kirchmann. La jurisprudencia no es ciencia y el imperio de la ley positiva convierte a los juristas en gusanos que viven de la madera podrida. Son ideas del siglo XIX, pero conviene seguir "cantando" temas.

Con la reforma, también pierden poder los "preparadores", que tienen bien montado su particular negocio privado, porque el Gobierno convertirá el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) en un espacio público de preparación de oposiciones y quiere que se coordine con entes provinciales para que los opositores no tengan que pagarse varios años en Madrid. Dicen los huelguistas que, en ese centro, "dependiente" del Gobierno, se acabará haciendo una selección ideológica, aunque también hay selección cuando los jueces se escogen entre quienes pueden vivir en la capital llenando los bolsillos de sus "preparadores-mentores".

El Ejecutivo pretende regularizar al millar de jueces y fiscales sustitutos que se dedican a cubrir bajas y sacan adelante los juzgados en situaciones precarias. Se prevé un proceso abierto que no se limite a quienes han desempeñado esas funciones dentro de la carrera y todos han de acreditar cinco años de ejercicio profesional para presentarse a las pruebas. El acceso a la carrera por el cuarto turno (diez años de experiencia sin pasar por oposición) solo representa el 9.33% de la judicatura, aunque la ley prevé un 25%. Con la reforma se reduce el tiempo de preparación y se amplía el número de plazas. Los huelguistas creen que cinco años de ejercicio no aseguran una acreditación rigurosa de conocimientos jurídicos, pero no se entiende por qué los aseguran varios años memorizando temas en pijama y zapatillas. La sensación es que siempre hubo clases en la carrera judicial.

Finalmente, tampoco gusta la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, prevista ya en el proyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque, en este caso, la razón es bien sencilla. Habrá transferencia de funciones de jueces a fiscales y serán estos últimos los que se ocupen de dirigir las investigaciones y esclarecer los delitos. ¿Se acabarán las instrucciones prospectivas y tiránicas? Nadie puede asegurarlo. Habría que garantizar más imparcialidad en la Fiscalía. Ahora el nombramiento será por cinco años y no coincidirá con la legislatura, pero hay que ver si es suficiente. Lo cierto es que, de momento, mengua el poder del estrado y eso duele.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha declarado, por unanimidad, que el ejercicio del derecho a la huelga por parte de los jueces carece de "soporte" legal. Ni siquiera tienen reconocido el derecho a la libertad sindical. La inconstitucionalidad de la huelga es, pues, indudable. Se niega el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y, dada su falta de legalidad, no pueden preverse servicios mínimos. El resarcimiento lo pagaremos todos con cargo a los Presupuestos y las responsabilidades disciplinarias caerán en saco roto.

La primera coreografía que protagonizaron los jueces frente al Supremo (prohibida por el artículo 395.1 de la LOPJ) derivó, como era de esperar, en proclamas protofascistas, y llevaba como banda sonora un bonito reggaetón: "Jueces y fiscales en unión, no se compra, no se manda callar, mérito y ley, ni amiguismo ni dedazo, que despierte la nación". Está claro que las togas heroicas están dispuestas a sacrificar lo que haga falta por salvar a España.