Buen diagnóstico, poca concreción: así es la nueva estrategia del Gobierno contra una pobreza energética en aumento
Los indicadores oficiales de pobreza energética han aumentado desde 2018. Este problema ya afecta de manera directa al 17% de la población.
El Gobierno presenta un plan para combatirla hasta 2030. Los colectivos sociales destacan las buenas intenciones del Ejecutivo, pero echan en falta más detalles en las propuestas.
Madrid--Actualizado a
La pobreza energética ha avanzado mucho en los últimos años en España: es un problema social que ya afecta de manera directa al 17% de la población. Los datos hablan por sí solos. La Encuesta de Condiciones de Vida, publicada el pasado 5 de febrero por el Instituto Nacional de Estadística (INE), certifica esta cruda realidad: el 16,1% de los hogares españoles no pudo permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada el año pasado. Hace cinco años esa tasa era del 11,1%.
Los indicadores oficiales de pobreza energética dibujan una situación incluso más adversa. Todos han aumentado desde 2018. De acuerdo las estadísticas oficiales, el 17,6% de la población sufre la pobreza energética y otro 14,4% de la ciudadanía cae en lo que los expertos denominan pobreza energética escondida, esto es, personas que restringen el uso de la calefacción para poder pagar la factura. En este sentido, otro 9,7% de los hogares acumula retrasos en el pago de las facturas.
Pese a la urgencia del problema, el Gobierno ha tardado un año en renovar la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE) que caducó a finales de 2024. Este pasado martes, el Ejecutivo reunió a la Mesa Social de Pobreza Energética, integrada por varios colectivos sociales, para presentar el nuevo plan que pretende mantener en vigor hasta el año 2030.
Tras la reunión, Sara Aagesen, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, explicó que la nueva estrategia se sustenta en tres pilares: mejorar el conocimiento sobre pobreza energética, garantizar la protección de las personas más vulnerables a través del bono social y apostar por medidas estructurales que conlleven una reducción de las necesidades energéticas de la población.
Más allá de garantizar el acceso de los más vulnerables al bono social, con la intención de excluir del mismo a las familias numerosas con más renta (aunque esa medida aún no es definitiva), el texto también contempla crear un observatorio de pobreza energética y potenciar la rehabilitación energética de los inmuebles, al tiempo que llama a una mejor coordinación entre las administraciones públicas.
Mònica Guiteras: "Necesitamos un bono social garantista y necesitamos que sea una realidad la prohibición de cortes de suministro"
Alba del Campo, activista y experta en políticas energéticas locales y miembro de la Coalición por la Energía Comunitaria muestra su cautela a la hora de valorar la nueva ENPE. "La nueva estrategia parte de una buena diagnosis y ha hecho un buen proceso de escucha entre las organizaciones sociales, pero adolece de falta de concreción", lamenta la experta.
La experta explica a Público que la anterior ENPE, la que estuvo en vigor entre 2019 y 2024, "tenía objetivos más ambiciosos" que la nueva para acabar con la pobreza energética en España, pero el problemas es que se implementaron menos del 60% de sus medidas. "Es posible que los objetivos de la anterior estrategia estuvieran sobredimensionados, pero había unos objetivos. Ahora los objetivos son cumplir las medidas planteadas. El Gobierno ha hecho una relación de las mismas, pero no hay unos objetivos ni unos indicadores de seguimiento y evaluación de la estrategia. La evaluación será ver si se han realizado las medidas y a mí esto me parece un paso atrás", abunda Alba del Campo.
Del Campo señala que con la ENPE anterior, los objetivos de reducción de pobreza energética quedaron muy por debajo de lo planteado inicialmente. Es más, desde 2018 todos los indicadores han aumentado. Es especialmente llamativo el de lo los hogares con una temperatura inadecuada en invierno: su tasa casi se ha duplicado al pasar del 9,1% en 2018 al 17,6% en 2024 (último dato disponible).
Mònica Guiteras estuvo presente en la reunión con la ministra. Socióloga y miembro de Alianza contra la Pobreza Energética, también se muestra más expectante que satisfecha respecto a la nueva ENPE, además de lamentar que no se informó a los colectivos sociales con la suficiente antelación. La experta reconoce las buenas intenciones, pero también lamenta la falta de detalle: "Si no se le dota de normas y de presupuestos se queda en un manifiesto de voluntades totalmente insuficiente porque al final si esta estrategia nueva no permite que se prohíban los cortes de una vez por todas, pues de poco nos servirá. Nosotras lo que pedimos es que hagan realidad las medidas", apunta. En cualquier caso, Guiteras apuntan que en "un mes y medio" la Mesa Social de Pobreza Energética se volverá a reunir con el Gobierno. La experta espera que para entonces las propuestas del Gobierno sean más concretas.
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Las dos expertas coinciden a la hora de fijar las principales reivindicaciones de los colectivos que forman la Red Estatal por la Pobreza Energética. En concreto, estas demandas se concretan en tres medidas principales: la automatización del bono social, la aplicación del principio de precaución frente a los cortes del suministro en caso de impago para las familias vulnerables y que se redefina la situación de hogar vulnerable (hoy solo aplicada a las personas beneficiarias del bono social) y la implementación de una tarifa social.
Guiteras pone el foco en la automatización del bono social y en garantizar y extender la prohibición de los cortes de suministro en caso de vulnerabilidad. "No solo pueden estar protegidos del corte aquellos que tienen el bono social", concluye.
Para Alba del Campo, la automatización del bono social es imprescindible, aunque señala que también es importante definir de manera clara qué es una situación de vulnerabilidad en términos energéticos. "Ahora mismo cliente vulnerable es quien tiene la luz contratada con una comercializadora de referencia y es beneficiario del bono social. Eso deja fuera al 70% de las personas vulnerables", matiza la experta. En diciembre de 2025, el bono social llegaba a 1.725.902 hogares, según los datos del Gobierno. Esto significa que el bono social está cubriendo solo al 35,5% de los hogares vulnerables, calculan las expertas de la Red Estatal por la Pobreza Energética.
El bono social, la piedra angular
El bono social es la piedra angular de la lucha contra la pobreza energética, pero conviene mejorar la prestación: por eso hablan de "automatización del bono". Alba del Campo lo explica de manera diáfana: "Para tener la condición de consumidor vulnerable, hay que tener el contrato de suministro con una comercializadora de referencia. Es decir, dentro del mercado regulado. Es decir, las empresas del oligopolio. Y solo facilitan el bono social las empresas comercializadoras de referencia. Una persona vulnerable tiene que acreditar su situación ante la comercializadora mediante un formulario".
"Nosotras hemos presionado para que esta automatización pueda ser una realidad. También la simplificación de los trámites y, por supuesto, hemos presionado para que se amplíe el número de personas con bono social", matiza Guiteras.
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"Necesitamos un bono social garantista y necesitamos que sea una realidad la prohibición de cortes de suministro", concluye Guiteras.
Guiteras hace referencia a otro pilar de la lucha contra la pobreza energética: la prohibición de cortes para los hogares vulnerables, lo que se denomina "principio de precaución". Según ella, la ministra Aagesen ha garantizado que esto se va a cumplir con la nueva ENPE, pero ella muestra alguna reserva: "Tenemos que ver cómo eso se va a concretar, si va a depender de los servicios sociales de cada comunidad autónoma, cómo se va articular y a quién va a beneficiar, si solo a los casos más extremos o no. La anterior estrategia era un compendio de buenas intenciones que no se terminaban de concretar. Ahora esperamos que se ponga en marcha algo más cooperativo", afirma Guiteras.
En cualquier caso, como señala la Red Estatal por la Pobreza Energética (ReDE) en un nota de prensa, "la pobreza energética sigue ahí; está además está en aumento y la población es más vulnerable y está más desprotegida".
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