Las dudas y alternativas que deja el final del acuerdo de Endesa y la Generalitat contra la pobreza energética

La falta de renovación del convenio entre Endesa y la Generalitat para condonar los impagos de los clientes vulnerables -entre otras medidas- plantea toda una serie de interrogantes que todavía no tienen respuesta, especialmente sobre qué ocurrirá con las familias que han perdido un escudo que en los últimos años las protegía de la pobreza energética. ¿Por qué no se ha renovado? ¿Qué se ha cumplido y qué no? ¿Qué alternativas sugiere el Govern? ¿Qué dice la compañía eléctrica con más cuota de mercado en Catalunya?

El convenio, firmado en marzo de 2021 bajo el Govern republicano de Pere Aragonès tras la presión de las entidades contra la pobreza energética, finalizó el 31 de diciembre de 2025 sin que se haya cerrado un nuevo acuerdo bilateral. Con una vigencia de cuatro años y con efectos retroactivos desde 2015, una vez finalizado, el Govern apuesta por reforzar el bono social eléctrico -ayuda estatal- y por el despliegue de un fondo de atención solidaria, un mecanismo que "no resuelve la situación actual de desprotección de miles de familias vulnerables", según Irene González, portavoz de L'Aliança contra la Pobresa Energètica, que reclama medidas urgentes para encontrar una solución a largo plazo.

Tanto Endesa como el Departament de Drets Socials coinciden en que la firma de este convenio se enmarca en un momento de emergencia energética por el alza de precios tras la pandemia de la Covid-19, que se agravó un año después por la guerra de Ucrania, y que ahora la situación es diferente. Ambas defienden que, a diferencia de cuando se firmó el pacto, "ahora hay herramientas de protección estructurales, impulsadas por el Estado, como el bono social y el escudo social".

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El bono social eléctrico tiene una implementación "muy baja" en Catalunya

A pesar de que la ley 24/2015, y ahora el escudo social, impiden que se corte el suministro a las familias vulnerables, la APE considera que no se pueden presentar como alternativas al convenio. La entidad recuerda que el bono social eléctrico tiene una implementación "muy baja" en Catalunya. Según datos del Síndic de Greuges de 2023, el 23% de la población en situación de pobreza severa no accedió a esta ayuda estatal. Actualmente, 185.000 familias en Catalunya son beneficiarias, pero el Departament de Drets Socials admite que el número podría ser muy superior.

Según datos del Síndic de Greuges, también con datos del 2023, hasta un 20% de los hogares catalanes no pueden mantener en casa una temperatura adecuada. El porcentaje se ha disparado en la última década: en 2013 era del 5,2%, en 2020 del 9,4%, y en 2021 del 15,9%, con el punto de inflexión de la pandemia. El informe también muestra que el 9% paga las facturas con retraso.

L'Aliança contra la Pobresa Energètica y la Taula del Tercer Sector lamentan que la falta de un convenio renovado "incrementa la incertidumbre de muchas familias que quedan desprotegidas". González critica que, aunque el Govern ha puesto a consulta pública el decreto para crear el Fondo de Atención Solidaria de Suministros Básicos, "este instrumento aún tardará tiempo en estar operativo, pero la deuda que se genere este año no tiene una respuesta clara", señala González. Esto implica que los impagos acumulados a partir del 1 de enero de 2026 quedan, de momento, "sin un mecanismo definido de condonación".

Los impagos acumulados a partir del 1 de enero de 2026 quedan "sin un mecanismo definido de condonación"

La creación de este Fondo era uno de los compromisos del Govern cuando firmó este convenio con Endesa hace cinco años. Entonces, se estableció que serviría para transferir recursos económicos a los entes locales para aportar ayudas a los hogares vulnerables y que estaría financiado como mínimo en un 60% por las compañías eléctricas y como máximo en un 40% por las administraciones públicas.

La condonación de la deuda, a medias entre Endesa y el Govern

Una de las medidas clave del convenio era la condonación de la deuda que acumulaban unas 40.000 familias vulnerables. Durante los primeros cinco años —con efectos retroactivos desde 2015 hasta 2020—, Endesa asumió el 100% de la condonación de la deuda. A partir de 2021, el acuerdo preveía una cofinanciación al 50% con la Generalitat. La APE recuerda que queda pendiente la deuda que se ha generado en facturas impagadas entre 2022 y 2025.

La compañía asegura que ha "cumplido" los compromisos que contemplaba el pacto y que los retrasos en la condonación de la deuda posterior responden a la complejidad administrativa: "La administración debe encontrar sus mecanismos para hacer frente a la parte proporcional que le toca", aseguran fuentes de Endesa a Público. Por su parte, fuentes del Departament de Drets Socials aseguran que "han cumplido su parte" y que "simplemente el convenio ha caducado".

Endesa defiende que el convenio fue "pionero", pero que ha quedado "superado" por un marco normativo "más amplio y estructural", haciendo referencia al bono social y las medidas asociadas al llamado escudo social estatal, porque "se aplica a todas las comercializadoras y distribuidoras y no depende de un acuerdo bilateral". De hecho, el acuerdo entre la Generalitat y Endesa contemplaba extender el convenio a otras compañías como Iberdrola o Naturgy, pero no se llegó a materializar.

Los contadores sociales, el otro frente

El convenio no sólo regulaba la condonación de la deuda, sino que también establecía un marco para la instalación de contadores sociales en pisos ocupados por familias vulnerables, con el objetivo de regularizar suministros irregulares y garantizar unas condiciones de seguridad. Según la APE, esta medida "pretendía regular de manera segura los suministros, no validar la situación de la vivienda, sino hacer un alta de luz".

Endesa sólo ha instalado un centenar de contadores en estos cuatro años, una cifra que la entidad considera muy inferior a la de las familias que tendrían derecho. De esta manera, la finalización de este convenio, elimina el marco legal que hacía posible la instalación de estos contadores sociales. "Ahora todavía será más difícil", lamenta González, advirtiendo que la incertidumbre se añade a la precariedad económica y a los problemas de salud mental que ya sufren muchas familias vulnerables.