Devolver lo robado para obtener beneficios penitenciarios y otras claves de la nueva ley anticorrupción

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la ley orgánica de integridad pública, un texto "ambicioso" y "valiente" que pretende acabar con la corrupción en empresas, partidos y procesos de contratación, tal y como ha explicado en rueda de prensa la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La norma llega tras un "ciclo de corrupción" que ha salpicado al propio Ejecutivo, con el procesamiento y la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos y del que fuera secretario de organización de los socialistas, Santos Cerdán. El Gobierno propone ahora impulsar más de ochenta medidas y tocar casi una veintena de leyes, seis de ellas, leyes orgánicas. ¿Cuáles son las claves de este paquete de reformas? ¿Qué alcance van a tener los cambios? ¿Y cuándo entrarán en vigor?      

La última pregunta es la más fácil de responder. María Jesús Montero ha avanzado que su idea es poner en marcha las medidas antes de que termine la legislatura, toda vez que PSOE y Sumar necesitan el visto bueno de una mayoría parlamentaria que, ahora mismo, no tienen garantizada en el Congreso. Lo que sí han querido recalcar desde el Gobierno es que los cambios anunciados este martes son fruto de un trabajo coordinado de varios meses entre los Ministerios de Justicia, Hacienda, Interior, Economía y Transformación Digital. Las distintas carteras han contado además con la colaboración de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organismo con el que se reunirán la próxima semana en el marco del lanzamiento de este paquete de medidas. 

El anteproyecto no surge de la nada, insisten fuentes del Ejecutivo, sino que incorpora y configura las medidas previstas en el plan anticorrupción aprobado en agosto por el Gobierno de Pedro Sánchez y conecta con el proceso de reorganización de la justicia en el que está sumido el ministerio de Félix Bolaños. La nueva norma aspira a cubrir "todo el ciclo de la corrupción" y se estructura en cuatro fases claramente diferenciadas: prevención, detección, fortalecimiento de las instituciones y recuperación del dinero público sustraído mediante prácticas corruptas. Las tecnologías y la inteligencia artificial jugarán un papel fundamental en los dos primeros niveles, mientras que los tribunales serán una pieza clave en los dos últimos. ¿Qué recoge exactamente cada una de las cuatro fases?

Una 'lista negra' pública y procesos más vigilados

El Gobierno ha presentado la "prevención" como el primer gran elemento de la futura norma. Esta pata busca establecer una serie de controles que dificulten las prácticas corruptas y, paralelamente, impulsar campañas y cursos de formación para reducirlas. La legislación contempla un marco general en el que figuran estas últimas acciones y otras medidas como los mapas de riesgo obligatorios y la creación de encuestas anuales sobre corrupción. Moncloa ha anunciado además otro paquete específico para cada uno de los actores implicados con más frecuencia en los escándalos de este tipo: las sociedades, las formaciones políticas y los propios programas de contratación pública.

Las empresas tendrán que reforzar la transparencia societaria, de manera que su titularidad sea trazable en el Registro Mercantil. El anteproyecto tiene intención de ampliar de quince a veinte años las penas máximas de inhabilitación para los empresarios y las compañías que incurran en prácticas corruptas, además de excluirlos de licitaciones -durante el mismo período-, subvenciones y beneficios fiscales. La idea es que estas medidas y prohibiciones afecten también a la matriz de la que forman parte las empresas cuando estas se integran en conglomerados y siempre que tengan algún tipo de responsabilidad en el delito en cuestión, tal y como ha podido saber Público por fuentes del Gobierno. 

Moncloa también exigirá una mayor transparencia y más publicidad en la información contractual, poniendo especial atención en los contratos menores y de emergencia. La norma no solo prevé limitar los encadenamientos, también busca reforzar los requisitos para vigilar las licitaciones de este tipo, detallan desde el Ejecutivo. La lista negra de empresas con prohibiciones y sanciones en los procesos de contratación será pública y accesible tanto para la ciudadanía como para todas las administraciones -locales, autonómicas, estatales- que interfieren en este tipo de procedimientos. La inteligencia artificial servirá además para detectar patrones anómalos y cruzar toda la información de las empresas y sus licitaciones, analizando los patrones repetitivos que puedan constituir algún indicio sólido de corrupción. 

Los partidos políticos tendrán que realizar por su parte auditorías "externas e independientes", informando al mismo tiempo de las donaciones individualizadas que reciben siempre que tengan un importe por encima de los 2.500 euros. El límite para hacer públicas estas operaciones era hasta ahora diez veces superior. El Tribunal de Cuentas seguirá teniendo además un papel fundamental y en ningún caso su actuación fiscalizadora se verá relegada por el trabajo de despachos y consultoras, tal y como han matizado fuentes gubernamentales. Las dos tareas serán por tanto complementarias. El régimen sancionador sufrirá además una serie de cambios y las multas pasarán a equivaler al doble de la donación no publicada.

El papel de la inteligencia artificial

La reforma contempla en el segundo apartado la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, que asumirá funciones de la Oficina de Conflicto de Intereses, de la Autoridad de Protección del Informante y del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. El objetivo es "aglutinar funciones" ahora "dispersas" y coordinar la protección de los intereses financieros europeos frente al fraude, según ha explicado en rueda de prensa la ministra María Jesús Montero. El presidente de la agencia será elegido en proceso público y tendrá que contar con el visto bueno del Congreso. Ejercerá además por un período de seis años no prorrogables.

Este organismo coordinará los planes de acción contra la corrupción, gestionará los canales de denuncias -protegiendo a los informantes- y vigilará el registro de lobbies, una cuestión que contempla también la Ley de Transparencia e Integridad de los Grupos de Interés, más conocida como ley de lobbies y todavía en fase de enmiendas en el Congreso. Este punto conecta directamente con la idea de impulsar una suerte de huella normativa que recoja todas las reuniones y encuentros de empresarios y lobistas con los representantes que participan en la elaboración de textos legislativos.

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La búsqueda de instituciones más fuertes

El Gobierno creará asimismo comités de integridad en todos los ministerios y reforzará la especialización judicial en materia de corrupción, habilitando secciones concretas -también en los tribunales de primera instancia- a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esto es lo que ocurre ahora en otros ámbitos como la violencia de género o la investigación de casos que afectan a menores. La nueva norma ampliará también el plazo de prescripción -de cinco a siete años- y las penas en los delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias. Moncloa incorporará de forma paralela dos subtipos agravados del delito de obstrucción a la justicia cuando estos tengan algo que ver con la corrupción.

Los corruptos tendrán que devolver lo robado

El último bloque del anteproyecto es el que tiene que ver con la recuperación de lo robado. La premisa es que la corrupción deje de salir rentable, tal y como han detallado fuentes del Gobierno a Público. Y por eso la norma contempla una serie de medidas orientadas a la localización, la liquidación y la gestión de los bienes procedentes de las corruptelas. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) jugará aquí un papel fundamental y controlará que los elementos incautados y embargados se vendan cuanto antes, evitando así que pierdan valor. El dinero quedará depositado en las cuentas de la ORGA. El organismo cooperará además con las instituciones europeas e internacionales. 

La Ley General Penitenciaria se modificará también para vincular los beneficios penitenciarios -tercer grado, libertad condicional- a la devolución íntegra de las cantidades robadas, intereses incluidos. Esta decisión está ahora en manos de la administración penitenciaria o del tribunal que dicta la sentencia. El Ministerio de Justicia tiene previsto incorporar además figuras como el decomiso sin condena y el decomiso de riqueza no justificada -aplicando la transposición de la normativa europea-. El Gobierno destaca la transversalidad de las más de ochenta medidas y confía en enriquecer el texto durante el proceso prelegislativo con las aportaciones tanto de los partidos y las instituciones, como de la propia sociedad civil.