Regular el 'lobby' para evitar otro 'caso Montoro': las presiones son parte del juego político pero la opacidad no

España se encuentra ante un avance decisivo en términos de transparencia política, aunque toneladas de actualidad lo releguen siempre a un segundo plano. Las voces consultadas coinciden en valorar la importancia de la regulación de los lobbies que se está llevando a cabo por dos vías en el Congreso. La ley de lobbies y la reforma del Reglamento de la cámara para crear un registro de grupos de interés buscan que España deje de ser una anomalía. Pero los expertos que ha consultado Público avisan: hay riesgo de que todo termine en un paso en falso.

Antes de nada, algo de contexto. ¿Qué se entiende por lobby? La ley de transparencia e integridad de grupos de interés que está promoviendo el Gobierno los define así: tienen consideración de lobbies aquellas "personas físicas y jurídicas, plataformas, foros, redes u otras formas de actividad colectiva [...] que lleven a cabo actividades de influencia sobre el personal público", entendiendo como tal los altos cargos de la Administración General del Estado (AGE), los miembros de su gabinete, el personal directivo público "y el resto del personal de la AGE".

Con la norma que alienta el Ejecutivo (admitida a trámite en el Congreso y con los trabajos parlamentarios bastante avanzados) se pretende que esa influencia de los grupos de interés sea transparente y deje tras de sí una huella legislativa sin recovecos, precisa y accesible para la ciudadanía. "Hay que dejar claro que quien quiera influir lo haga con todos los parámetros de integridad y transparencia", subraya José Luis Aceves, portavoz del Partido Socialista (PSOE) en la comisión que estudia la ley, en conversación con este medio. 

Desde luego, esta regulación no es una extravagancia ni una ocurrencia, especialmente si se tiene en cuenta el panorama internacional. En la Unión Europea el lobby está regulado tanto para el Parlamento Europeo como para la Comisión. Los lobbistas tienen que inscribirse en un registro y para mantener reuniones con los eurodiputados tienen que estar acreditados. Países como Alemania, Estados Unidos, Francia, Lituania, Dinamarca, México, Austria, Australia o Canadá tienen leyes o una regulación más o menos solvente.

Así las cosas, España aspira en estos momentos a incluir su nombre en esa lista. En pocas palabras, lo que tiene que implantarse en nuestro país, de acuerdo con los expertos consultados, es un sistema de registro de grupos de interés —parecido al de la UE— y un informe público de publicación periódica de las reuniones que mantienen con los representantes públicos (ministros, directores de comunicación, diputados, asesores, etcétera) para influir en las leyes. En ese informe tendrían que aparecer tanto la fecha de la reunión como los presentes en la misma, así como el contenido. "Muy importante es también el apartado de las sanciones", apunta Paula Llera, analista de incidencia política y alianzas estratégicas en Political Watch, "porque tienen capacidad disuasoria".

Joan Navarro, vicepresidente de Más Democracia y experto en el sector del lobby, recuerda que el camino hasta llegar a esta ley ha sido largo. Echa la vista atrás hasta Manuel Fraga Iribarne, que trató de introducir en la legislación española, ya en el debate constituyente, un apunte sobre la actividad de los grupos de interés. Y lo cierto es que desde entonces PP y PSOE han intentado varias veces apuntalar la regulación de los lobbies, pero o bien reculaciones de última hora o incluso la moción de censura a Mariano Rajoy han desbaratado los intentos. Especialmente seria, según Navarro, fue la propuesta del socialista Ramón Jáuregui, que en 2011 trató de impulsar una ley de transparencia que finalmente no vio la luz.

"El caso Montoro es el único caso conocido de uso fraudulento de los grupos de interés en España", subraya Navarro, lo cual no quiere decir que no hayan ocurrido en todos estos años de democracia más hechos destacables producto de los encuentros entre lobbistas y representantes públicos. Lo que pasa es que al no haber un mecanismo para rastrear esas presiones, todo ello ha ocurrido bajo las alfombras de la Cámara Baja o de las dependencias del Gobierno. De lo que se trata ahora —y en eso coinciden los expertos y los diputados— es de que afloren y ocurran a plena luz del día. Sin oscuridades.

Una ley robusta que regule el lobby hubiera complicado mucho el escándalo que protagonizó el que fuera ministro de Hacienda con el PP. Tras salir del Gobierno de José María Aznar, Cristóbal Montoro fundó una consultora a la que llamó Montoro y Asociados Asesores S.L y la presidió hasta 2008. Fue entonces cuando vendió sus participaciones a un precio que Hacienda considera sospechosamente bajo y cuando la consultora cambió de nombre y fue bautizada como Equipo Económico. 

Tres años después, en 2011, Montoro tuvo un segundo asalto en el Consejo de Ministros y asumió de nuevo la cartera de Hacienda. Esta vez, con Mariano Rajoy. El sumario del caso Montoro revela que empresas de sectores muy variopintos recurrieron a Equipo Económico, el que fundó Montoro, para impactar en las políticas fiscales del Gobierno de Rajoy, una de cuyas principales figuras era el propio Montoro. La investigación por tráfico de influencias, prevaricación, cohecho o corrupción en los negocios (entre otros presuntos delitos) sigue actualmente en curso.

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Pero más allá de esas pesquisas, los expertos consultados explican a Público que con una regulación estricta de las presiones que reciben los cargos públicos, en la que —importante— una autoridad independiente se encargue de auditarlas, habría saltado algún resorte que hubiera podido permitir identificar en el acto el presunto escándalo de corrupción o incluso haber disuadido a quien lo perpetró.

Los imprescindibles para regular el 'lobby'

En un principio, la ley de transparencia de los grupos de interés que presentó el Gobierno contemplaba que fuera la Oficina de Conflictos de Interés (OCI), que depende del propio Gobierno, el organismo que centralizara la fiscalización de los lobbies, algo que automáticamente hizo que los expertos se llevaran las manos a la cabeza. "O es un registro independiente o queda en papel mojado", zanja Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y voz autorizada en este ámbito.

Según ha podido saber Público a través tanto de fuentes del PSOE como de Sumar, los socialistas han accedido ya a que la ley mandate la creación de esa autoridad independiente. Además, tal y como explica a este medio Engracia Rivera, diputada de Izquierda Unida en el Grupo de Sumar y ponente de la ley, se ha acordado que mientras no se haya creado dicho organismo será la OCI la que se ocupe de la parte burocrática y el Consejo de Transparencia (un organismo que sí es independiente) el que se encargue de incoar los expedientes pertinentes.

Con todo, si tanto la ley de lobbies como la reforma del Reglamento del Congreso terminan aprobadas, se crearán dos registros de grupos de interés: uno para la actividad parlamentaria y otro para su relación con la AGE. Un conjunto de enmiendas de varios grupos a la ley que afecta a la AGE inciden en que la actualización de la información que aparece en el registro se actualice cada poco tiempo para poder tener constancia en vivo de la influencia de los grupos de interés sobre los representantes públicos. Todo apunta a que lo que parecía que iba a ser una actualización anual, será finalmente mensual.

Por otra parte, los aliados parlamentarios del PSOE también quieren que el registro contenga toda la información posible de las reuniones: fecha, participantes y también documentación. Eso lo ve muy importante Miguel Ángel Blanes.

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En ese sentido, Paula Llera, de Political Watch, subraya que es pertinente que la información sea "accesible y clara" para la ciudadanía. Que no sean torrentes de datos ilegibles, sino que se presente en un formato fácilmente comprensible.

Sanciones para disuadir

Está muy claro, por lo tanto, que tanto los expertos como las fuentes parlamentarias consultadas consideran que para asegurar la transparencia de la presión de los lobbies es necesario un registro, que las reuniones se realicen con luz y taquígrafos y que todo ello quede plasmado en informes sobre la huella legislativa y normativa que los grupos de interés dejan en todas las leyes y medidas que se tomen en el seno del Gobierno y en el Congreso. En general, todo ello está presente en la ley de lobbies que se está trabajando en la Cámara Baja, aunque los distintos grupos están tratando de matizar algunos puntos, como figura más adelante en este artículo. 

En el apartado de las sanciones, el proyecto de ley que presentó el Gobierno contempla tres grados: leves, graves y muy graves. Alcanzan, incluso, la expulsión del grupo de interés en cuestión del registro y, por lo tanto, la imposibilidad de que ningún representante del mismo se reúna con un representante público. No es moco de pavo. En caso de que eso ocurriese el grupo de interés estaría incurriendo en un delito. Esquerra Republicana de Catalunya, además, introdujo una enmienda para que las sanciones por saltarse la ley no recaigan solo en los propios grupos de interés, sino que también afecte al representante público en cuestión. "Para nosotros la integridad del sistema depende de que todas las partes implicadas estén sujetas a las mismas reglas y consecuencias", explican.

Todas las voces consultadas coinciden en que las sanciones deben ser severas para disuadir de saltarse la ley, aunque Joan Navarro recuerda que delitos como el tráfico de influencias ya existen el Código Penal. Y eso le lleva a reflexionar que no se debe caer en el error de redactar una ley extremadamente punitiva. Tanto él como Miguel Ángel Blanes inciden en que la actividad de los grupos de interés es lícita (también el Gobierno lo remarca así en el preámbulo de la ley), toda vez que la propia Constitución Española reconoce el derecho a la participación política y consideran positivo que los distintos sectores de la economía traten de influir durante un proceso legislativo, siempre que sea sin "merma del interés general", en palabras de Blanes. Eso es lo que convierte la influencia en ilegítima y eso es lo que la nueva ley deberá ayudar a detectar.

Lo que lamenta Navarro es que esta ley no vaya a ir al fondo de la cuestión. Para él, "el Gobierno ha preferido no entrar en conflicto con algunos de sus socios, que tienen una visión negativa del lobby, y en lugar de abrir un gran debate sobre ello que profundice en el desarrollo de los artículos 6 y 23 de la Constitución, ha apostado por una ley de carácter técnico". Esa "poca ambición" es para él una decepción, toda vez que no ataca de frente esa discusión social que considera pendiente, algo que puede impedir que la actividad del lobby salga de las sombras.

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Choque en cuanto a los movimientos sociales y ONG

De todas formas, todavía hay tela que cortar para ver aprobada la ley de lobbies y, en menor medida, su muleta parlamentaria con la reforma del Reglamento del Congreso. La ley se encuentra en estos momentos en fase de ponencia. Bastante avanzada, según informa José Luis Aceves. Al texto que presentó el Gobierno los distintos partidos le registraron 105 enmiendas. De ellas, 24 han sido aceptadas directamente y 59 se han transaccionado. "La ponencia va bien, pero falta el cohete final", explica Aceves en referencia a terminar de poner a todo el mundo de acuerdo para poder ir a Pleno con la seguridad de que la ley saldrá aprobada.

El socialista lamenta, eso sí, que el PP esté tratando de imponer una enmienda para que la ley afecte tanto a la Administración central como a las comunidades, algo que, según los socialistas y sus aliados de perfil territorial, llevaría a la ley, que no es una "ley básica", a violentar las competencias autonómicas. El PP ha preferido no participar en este reportaje de Público. Además, ya hay comunidades autónomas y municipios (Generalitat de Catalunya, Generalitat Valenciana, Castilla-La Mancha o el Ayuntamiento de Madrid) u organismos, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que tienen sus propios registros de lobbies.

Pero también hay un cierto choque entre el PSOE y grupos como EH Bildu o el BNG con respecto a dónde se pone el límite para considerar algo un grupo de interés. El diputado abertzale Oskar Matute, en conversación con este medio, explica que agentes políticos como los movimientos sociales, que no buscan un interés particular (sí lo hacen los lobbies vinculados al mundo empresarial), sino un interés general no deberían someterse a unos controles tan estrictos como los que fija la ley.

También el BNG está en eso. "No se puede dar el mismo tratamiento a una empresa y a una plataforma de carácter social. No tratar, en definitiva, a Repsol o a Iberdrola igual que a una Plataforma de jubilados o a una asociación de vecinos", apuntan fuentes de los nacionalistas gallegos. Tanto ellos como los abertzales han registrado enmiendas en ese sentido.

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El PSOE tiene claro, en suma, que quiere sacar adelante la regulación durante esta legislatura. Está por ver si es con la mayoría de la investidura (a pesar de que Junts se mantiene por el momento en el bloqueo) o acercando posturas con un PP que ha apostado en muchas ocasiones por una medida como esta.