El 10 de noviembre, más de setenta científicas y científicos firmaron una carta abierta dirigida a Ursula von der Leyen. Le pedían retractarse de su afirmación de que la inteligencia artificial alcanzará el razonamiento humano en 2026. No era una disputa técnica, sino una advertencia política. 

Competitividad, IA y soberanía digital: cómo el proyecto europeo se hunde en la lógica del capitalismo racial    

La presidenta de la Comisión Europea había repetido sin contraste los mantras de tres figuras clave del negocio tecnológico global (Dario Amodei, Jensen Huang y Sam Altman), hombres que encarnan la alianza entre especulación financiera, fe tecnocrática y poder empresarial. Que la máxima representante del proyecto europeo asuma sin cuestionamiento su discurso es más que una anécdota: es síntoma de una deriva ideológica. Europa, que se presenta como garante de la razón y la evidencia, se ha dejado arrastrar por el relato mágico del progreso digital.

Esa confusión entre ciencia y marketing es la expresión más visible de un consenso mucho más amplio: el tecnosolucionismo. La creencia de que los problemas sociales, políticos o ecológicos, complejos por naturaleza, pueden resolverse mediante la tecnología se ha convertido en el núcleo de la política europea contemporánea. Se aplica a todo: desde la transición energética hasta el control migratorio o la seguridad interior. Se parte de la idea de que más datos y más automatización son sinónimos de progreso. Lo que se omite es quién controla esa infraestructura, a quién sirve y a costa de quién se sostiene. 

 Competitividad, seguridad y desregulación  

Desde 2024, la Comisión Europea ha reordenado su agenda en torno a la competitividad. En nombre de la soberanía tecnológica, se impulsan reformas que debilitan el marco de derechos y trasladan poder al sector privado. La retórica de la "simplificación" - un eufemismo para desregulación -  es el hilo conductor de esta transformación. Bajo esa bandera se revisan normas esenciales como el Reglamento General de Protección de Datos o los límites a la vigilancia biométrica. El objetivo real no es "modernizar" el Estado, sino liberarlo de sus obligaciones frente a las personas.

El nuevo mantra europeo combina tres ideas: crecimiento, seguridad y autonomía estratégica. Pero esa tríada no refuerza la soberanía de los pueblos , sino la de los conglomerados industriales y militares que se presentan como garantes de ella. La llamada "simplificación" es, en realidad, una transferencia de poder hacia actores que operan fuera de cualquier control democrático, y que convierten los derechos fundamentales en obstáculos burocráticos. Lo que se presenta como eficiencia administrativa es, en realidad, una forma de desmantelamiento institucional en nombre de la geopolítica.

La militarización de la agenda digital confirma este desplazamiento. En los últimos años, la Unión Europea ha financiado sistemas de vigilancia algorítmica, drones autónomos y tecnologías de predicción de movimientos migratorios. Estas herramientas, desarrolladas con fondos públicos, se justifican con el lenguaje de la innovación, pero se aplican principalmente al control de cuerpos racializados. En las fronteras, en las ciudades o en las redes, la IA se despliega como infraestructura de sospecha. El resultado es una arquitectura digital que automatiza la exclusión y convierte la excepción securitaria en norma política.

 El espejismo de la soberanía digital  

La llamada soberanía digital europea se ha convertido en un fetiche. Se invoca como defensa frente al poder de Estados Unidos y China, pero rara vez se interroga qué tipo de poder se busca construir. Se confunde independencia corporativa con autonomía política, y se da por hecho que una Europa tecnológicamente fuerte será, por definición, más democrática. La realidad es más incómoda: la soberanía digital europea aspira a replicar los mismos modelos extractivos, jerárquicos y concentrados que dice querer superar. Lo que cambia es la bandera; la lógica de acumulación permanece intacta.

El discurso de la soberanía se sostiene sobre una paradoja. Mientras se proclama la defensa de los derechos y la democracia, se avanza hacia un modelo de gobernanza cada vez más tecnocrático. Las decisiones sobre qué sistemas de IA financiar, qué usos de datos permitir o qué límites relajar se toman sin debate público y bajo la influencia directa de los grandes conglomerados tecnológicos. Se refuerza así una Europa que habla en nombre de los suyos, pero sin ellos; una Europa que protege su industria mientras sacrifica el principio mismo de autodeterminación colectiva. 

 La ideología del progreso inevitable  

El tecnosolucionismo es una ideología profundamente política. Convierte los conflictos sociales en problemas de gestión y los debates éticos en dilemas técnicos. Cuando todo puede resolverse con una app, desaparece la necesidad de deliberar colectivamente. Lo que se presenta como innovación es, en realidad, una forma de desposesión: desplazar el poder de decisión de las instituciones comunes a los actores tecnológicos que diseñan las infraestructuras donde transcurre la vida.

Esta ideología se refuerza con un lenguaje moralizador, el de la "IA responsable", la "tecnología ética"…,  que neutraliza la crítica y desvía la atención del poder. Se asume que los sistemas algorítmicos son inevitables, y que el problema no es su existencia sino su regulación. Pero el problema es precisamente ese: su naturalización como horizonte único. La Unión Europea financia, regula y utiliza tecnologías que contradicen los valores que dice defender, desde la vigilancia masiva hasta la automatización de decisiones que afectan derechos esenciales. Y todo en nombre de la eficiencia, la innovación o la seguridad. 

 Derechos humanos en retroceso  

Durante años, la Unión Europea se presentó como referente global en materia de derechos humanos. Hoy, esa pretensión convive con políticas que legitiman la vulneración sistemática de derechos dentro y fuera de su territorio. La frontera exterior europea es un laboratorio de violencia tecnológica: reconocimiento facial, sensores térmicos, drones, algoritmos predictivos. Estas prácticas, presentadas como gestión moderna de la migración, reproducen la misma lógica de deshumanización que ha sustentado históricamente el control colonial.

Dentro de Europa, la erosión avanza de forma más silenciosa. En nombre de la competitividad, se normaliza el sacrificio de derechos laborales, la precarización digital y la vigilancia de colectivos vulneralizados mediante sistemas automatizados. El resultado es un ecosistema en el que las personas dejan de ser sujetos de derechos para convertirse en fuentes de datos. La ciudadanía se vacía de contenido político y se reduce a un perfil en una base de datos.

Europa se encierra en una fantasía de modernidad mientras adopta, con otro acento, las mismas lógicas que dice combatir: concentración de poder, desigualdad estructural, control poblacional y desprecio por la vida que no produce beneficio. 

Descolonizar Europa  

Frente a la lógica del AI hype y del "todo vale por la competitividad", la urgencia no es que Europa se salve, sino que deje de situarse en el centro. Las políticas digitales deben orientarse hacia la justicia, los cuidados y la redistribución, no como un gesto humanitario, sino como una obligación histórica frente a los daños acumulados por siglos de extracción y desigualdad. Reimaginar la tecnología implica reimaginar también las relaciones de poder que la sostienen.

El problema no es técnico ni exclusivamente europeo. Es estructural. La digitalización contemporánea prolonga un capitalismo racial global que organiza quién vive, quién trabaja y quién muere para sostener la comodidad de otros. Las mismas redes que alimentan los centros de datos del norte dependen de la expropiación material y vital de pueblos enteros en el sur. La aparente neutralidad tecnológica descansa sobre las mismas lógicas coloniales que definieron la modernidad.

Descolonizar desde Europa significa asumir esa complicidad y renunciar al mito de la excepción moral. No se trata de conquistar una soberanía digital propia, sino de desactivar el principio de dominación que atraviesa la economía, la política y el conocimiento. Significa reconocer que el derecho a vivir con dignidad no se detiene en las fronteras de Schengen ni en las pantallas que median nuestra existencia. Y que cuidar - de las vidas humanas, de los territorios y de las infraestructuras - no es un complemento ético, sino la base de cualquier proyecto político que pretenda ser emancipador.

La tarea, entonces, no es que Europa lidere una nueva era tecnológica, sino que aprenda a convivir en un mundo que exige reparación. Eso implica escuchar, redistribuir y ceder poder. Dejar de pensar el futuro como un privilegio reservado a unos pocos y entenderlo como una responsabilidad compartida. Solo así será posible imaginar una tecnología, y una política,  al servicio de la vida, no del beneficio.