Ayer el excomisario Villarejo salía en libertad provisional tras haber permanecido cuatro años en prisión preventiva a la espera de un juicio que, con suerte, no comenzará a celebrarse hasta el próximo otoño. Por muy infame que pueda parecernos el personaje en cuestión, no es de recibo que una persona permanezca en la cárcel todo ese tiempo sin que haya sido demostrada judicialmente su culpabilidad. ¿Qué sucedería si, posteriormente, es absuelto? Porque esas cosas suceden... que se lo digan si no al expresidente del Barça, Sandro Rosell, absuelto tras permanecer en prisión preventiva casi dos años (643 días).

El caso de Rosell no es una excepción. Por eso el Tribunal Supremo avala indemnizar a todos los presos preventivos absueltos. Es el caso de otro hombre que, tras pasar en este estado casi un año (351 días), también fue absuelto. La indemnización que se fijó fue de 3.000 euros. ¿Compensan 3.000 euros un año de tu vida tirado por la borda? ¿De veras es indemnización suficiente ese dinero por el descrédito sufrido durante ese año, no sólo del preso, sino de su familia?

No parece que Villarejo vaya a salir airoso de todas las causas que tiene pendientes, nada menos que 31, pero esos cuatro años de prisión preventiva dice muy poco de nuestra justicia, cuyo colapso la hace en sí menos justa. Aseguran que en la puesta en libertad del excomisario no hay riesgo de fuga y tal vez tengan razón, pese al dinero y los contactos que tiene quien presume de haber sido espía. Cuestión distinta es cuántas pruebas puede ocultar o destruir, sino lo ha hecho ya a distancia durante estos largos cuatro años.

El colapso de la justicia es total. Ahora agitan la cortina de humo de la pandemia que, si bien es cierto que ha agravado la situación, no es el origen de una justicia esclerótica que padecemos desde hace décadas, sin que ningún gobierno se haya remangado para solucionarlo. Esta misma semana conocemos que, fruto de ese colapso, Isco Tejón del clan de narcotraficantes 'los Castaña' vuelve a la calle con libertad bajo fianza de 600.000 euros, lo que ha provocado el estupor de la policía gaditana. Un despropósito.

Los más débiles, quienes tienen menos medios para afrontar una justicia que es carísima salen siempre perdiendo, algo de lo que también se aprovechan las Administraciones Públicas que, en ocasiones, reclaman pagos de tasas o tributos que no están de acuerdo a ley, confiando en que la víctima de este abuso no tenga ni energía ni recursos para embarcarse en contenciosos administrativos. Algún día abordaremos esta estafa institucional.

No es en absoluto inusual que pasen muchos meses para que se admita a trámite una demanda, varios años para que se obtenga una sentencia y quizás, hasta un lustro para que finalmente ésta sea ejecutada. En un país en el que a la mínima se judicializan los asuntos, en el que los casos de corrupción son una absoluta lacra, ¿cuántas veces han escuchado debatir en campaña electoral la reforma de la Justicia? Pues eso. No hay más preguntas, señoría.