Con la ola de calor más larga desde que hay registros, según Aemet, los fuegos se han cebado con el noroeste de España en un año que se ubica en el más catastrófico en cuatro décadas, según el sistema de vigilancia satelital Copernicus, que cifra en 350.000 hectáreas las superficies quemadas en total en lo que va de 2025. La catástrofe debe servir al menos para extraer lecciones.  

Desgraciadamente, esto no es una lotería. El cambio climático, aunque no es el factor único que provoca los incendios, sí eleva el riesgo de que se produzcan y, no solo eso, sino de que sean más intensos y afecten a una mayor superficie, y también los hace más difíciles, o incluso imposibles de controlar. De hecho, estos días hemos oído hablar mucho más de los incendios de sexta generación, fuegos que, por su tamaño y virulencia, son prácticamente imposibles de apagar. 

Desde luego, como digo, esto no era algo imprevisible. La comunidad científica lleva décadas advirtiendo de los riesgos derivados de la emergencia climática. No actuar contra el cambio climático tiene consecuencias, y el aumento de la frecuencia y la magnitud de los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor, danas, sequías… unido a la despoblación y abandono rural, genera unas condiciones propicias para que los impactos más extremos golpeen de lleno en ecosistemas muy vulnerables. 

Las advertencias, sin embargo, se han ido dejando de lado tras cada fuego. En 2017, recuerdo haber escrito un artículo, tras los brutales incendios en Galicia, titulado Crónica de una tragedia anunciada. Comenzaba argumentando que "el cambio climático debe ser tenido muy en cuenta en la lucha contra los incendios forestales". Y apuntaba que, "frente al agravamiento del riesgo de incendios y el impacto del cambio climático, falta una verdadera política que no sea un parche y aborde las amenazas desde la raíz del problema. Una política transversal y amplia, que incluya un plan forestal sostenible y propuestas para que el mundo rural tenga posibilidades reales de futuro".

Han pasado ocho años, la tragedia de los incendios de la Sierra de la Culebra mediante, en el año 2022, y hoy estamos asistiendo a los peores incendios en décadas. ¿Por qué seguimos tropezando con la misma piedra, pero en peores condiciones en un contexto de emergencia climática desbocada? O, peor aún, con negacionistas al frente de las instituciones encargadas de gestionar la crisis. 

El pacto de Estado propuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solo puede servir si aborda de manera integral las medidas profundas para descarbonizar la economía, como algunos venimos proponiendo desde hace mucho tiempo. Y no puede ser que sea una cortina de humo más para que el tiempo siga pasando sin que la industria fósil pague por las emisiones que genera, contribuyendo a la crisis climática o mientras se siguen ampliando puertos y aeropuertos. Un pacto de Estado sí, pero solo si va a servir para cambiar y acelerar las políticas climáticas. 

Al señor Mañueco y su consejero Suárez-Quiñones, que culpó a los ecologistas de los incendios o que veía absurdo y un despilfarro mantener el operativo de incendios todo el año, les queda una salida: dejar la Junta de Castilla y León. Y que sirva de ejemplo de lo que pasa cuando los negacionistas están al frente de las instituciones, al igual que sucedió en Valencia, con la DANA y la extinta unidad de emergencias, o contra la emergencia climática, por exigencia de Vox.  

Puede que los incendios los provoquen unos pirómanos. Y es necesario que paguen duramente por ello. Pero también deben pagar, con el ostracismo político, quienes han precarizado los operativos de extinción de incendios y han reducido al mínimo las partidas de prevención. Y quienes niegan el cambio climático, porque el negacionismo es irresponsable, negligente y criminal.