Indignación y rechazo por el auto de la Audiencia Nacional sobre la DGS

Leo con indignación la noticia de la paralización cautelar, por parte de la Sección Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria.

Los argumentos son ridículos; la Audiencia Nacional dice que colocar una placa mencionando el uso que tuvo ese edificio durante toda la dictadura y parte de la transición, puede dañar la imagen institucional de la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, la misma presidenta de los "protocolos de la vergüenza" que causó la muerte en condiciones indignas y terribles a 7.291 personas mayores en las residencias de la Comunidad.

Como represaliado durante el franquismo, torturado en esas mismas dependencias por la Brigada Político Social durante siete días, ese argumento no puede ser más ofensivo y falsario.

Efectivamente, el edificio de la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, en Madrid, fue durante la dictadura franquista y parte de la transición, sede de la Dirección General de Seguridad y el centro de operaciones de la Brigada Político Social, policía encargada exclusivamente de la represión a las personas “desafectas” al régimen, es decir a todas aquellas personas que no eran franquistas. Sus métodos, aprendidos de la Gestapo nazi, son harto conocidos por todos: los golpes, los insultos, las humillaciones a las que me sometieron durante esos siete días, los meses de cárcel, son recuerdos imborrables que me han acompañado durante toda la vida, pero que también me sirvieron de orgullo personal, porque me enfrenté, como otros miles de personas, a una dictadura sangrienta que se valió del terror –principalmente ejecutado por la Brigada Político Social, aunque no en exclusiva–, para mantenerse en el poder durante treinta y nueve años y otros siete más de transición sangrienta.

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Público / Europa Press

En febrero de 2023, con el apoyo de CEAQUA (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina) interpuse una querella criminal contra cuatro policías miembros en aquellos años de la policía política franquista. La querella fue admitida a trámite por un juzgado de instrucción de Madrid, el número 50. En septiembre de ese mismo año tuve que declarar ante la jueza como querellante. Fue una de las pocas veces que se escuchaba el testimonio de un torturado por el régimen franquista en un juzgado del Estado español.

Al  cabo de un año la querella fue sobreseída, basándose en un auto del Tribunal Constitucional que, en esencia, volvía a ratificar la impunidad de los crímenes franquistas y la imposibilidad, hoy por hoy, de que las víctimas del franquismo y la transición obtengamos en España verdad, justicia y reparación. Estos son elementos centrales de la justicia transicional, que es el conjunto de medidas judiciales y políticas aplicadas a sociedades que emergen de conflictos armados o regímenes dictatoriales, según la justicia internacional, recogido en el Derecho Internacional de Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y la Carta Europea de Derechos Humanos.

De hecho, tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en octubre de 2022, CEAQUA ha interpuesto mas de veinticinco querellas por crímenes del franquismo tales como torturas y detención ilegal, desaparición forzada, asesinato policial, robo de bebés, trabajos forzados, exilio forzado, etc. Prácticamente todas estas querellas han sido archivadas, excepto la interpuesta por Carlos Serrano, también por sufrir torturas en la DGS, en octubre de 1975, siendo un adolescente de 17 años, y que tiene que declarar el próximo 22 de junio ante los juzgados de instrucción de la Plaza de Castilla de Madrid.

Los crímenes del franquismo y la transición son crímenes calificados como de lesa humanidad, que no prescriben ni se pueden amnistiar, algo que ya está recogido en varios pactos internacionales y protocolos a los que el Estado español se ha adherido como, en el caso de las torturas, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Sin embargo, los distintos gobiernos del Estado han hecho oídos sordos a esta obligación, a pesar de las múltiples recomendaciones de distintos organismos internacionales que les conminan a derogar la Ley de Amnistía de 1977, principal argumento utilizado por la judicatura para archivar las querellas interpuestas por CEAQUA.

Las reivindicaciones de verdad, justicia y reparación no son solo exigencias del movimiento memorialista, las generaciones más jóvenes, que no vivieron esa época, tienen derecho a conocer la realidad de su historia, a conocer lo que significaron los casi cuarenta años de franquismo: el atraso político, económico y cultural respecto a los avances que la República trató de impulsar y el terror impuesto a toda la población durante décadas de dictadura.

Por todo lo expuesto más arriba, ratifico mi indignación y rechazo el auto de la Audiencia Nacional, y es más, estoy convencido de que poner una placa en la fachada frontal del edificio de la Puerta del Sol, recordando el uso que tuvo durante el franquismo, sería un homenaje a los luchadores y luchadoras antifranquistas que nos enfrentamos a la dictadura para conseguir una sociedad mejor, más democrática y justa, lo que dignificaría ese lugar. Aunque, pensándolo bien, puede que sea eso lo que Ayuso quiera evitar, para seguir siendo la adalid de la ignorancia, la incultura y el desprecio a la memoria democrática.