El Ingreso Mínimo Vital le saca los colores a nuestra Administración electrónica

Durante la última década corrieron ríos de tinta en torno a los términos "Sociedad de la Información" y "Administración electrónica" o "e-Government". En la actualidad han caído en desuso, hasta el punto de comenzar a perfilarse como indicadores de la edad de quien las pronuncia. "Digitalización" o "transformación digital" encabezan el neolenguaje que no deja de enmascarar lo que la gestión de los expedientes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha vuelto a evidenciar: La Administración electrónica en España ha fracasado.

Asegurar que nuestro país no ha avanzado en esta materia sería mentir; lo ha hecho, y mucho, especialmente en aquellas áreas en las que recauda, como son la Agencia Tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social que, de lejos, encabezan la modernización de nuestra Administración en lo que a Tecnologías de la Información se refiere.

Sin embargo, no se han producido los avances que cabría esperar en lo que a interoperabilidad entre Administraciones se refiere, algo esencial para la mejora de la calidad en el trato de éstas con la ciudadanía. No es casual que sea tan complicado encontrar métricas capaces de poner esto de manifiesto. Ni siquiera el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTSI) publica este tipo de informes. Los indicadores para evaluar el nivel de nuestra Administración electrónica acostumbran a ser el número de trámites realizados por internet, la cantidad de descargas de formularios oficiales o el uso de certificados digitales, entre otros. En su último Informe sobre la Sociedad de la Información y las Telecomunicaciones y el Sector TIC y de los Contenidos en España por Comunidades Autónomas (Edición 2019), el ONTSI ni siquiera se plantea esta interoperabilidad entre Administraciones.

Por mucho que se escurra el bulto, estas carencias aparecen cada vez que cambiamos de Comunidad Autónoma y acudimos al médico. El hecho de que nuestra historia médica no sea visible para quien nos atiende, con el consiguiente riesgo para nuestra salud si olvidamos alguna alergia a un medicamento, nos recuerda la histórica ineptitud existente en la Administración General del Estado (AGE).

El Ingreso Mínimo Vital también ha puesto encima de la mesa esta sonrojante realidad. El funcionariado encargado de gestionar todos los expedientes han de cruzar una gran cantidad de información procedentes de diversas áreas administrativas: DNI o NIE en el caso de extranjeros; inscripción en el registro para acreditar la residencia legal en España; certificado del Padrón Colectivo Histórico; libro de familia, certificado de nacimiento del registro civil de los hijos o inscripción en el registro de parejas de hecho; y declaración responsable de ingresos y patrimonio.

Si, además, se da alguna situación especial, la documentación requerida es mayor, con necesidad de aportar sentencias/resoluciones o documentos judiciales que acrediten incapacitación judicial; acogimiento; separación judicial o divorcio; parejas de hecho en las que no existe convivencia; víctimas de violencia de género, de trata de seres humanos y explotación sexual; menor emancipado...

Dicho de otro modo, en el remoto caso de que la persona solicitante haya sido capaz de remitir toda la información requerida correctamente, el funcionario o funcionaria que ha de gestionar su expediente habrá de cruzar una gran cantidad de información para comprobar su veracidad, teniendo que ir saltando de Administración en Administración, con excepción de todo lo referido a ayuntamientos (padrón), a los que ni siquiera tiene acceso digital.

Toda esta información se encuentra digitalizada pero, a pesar de la existencia desde hace años de un Esquema Nacional de Interoperabilidad, los datos no fluyen como debieran. Existe la tecnología y ya se han gastado cientos de millones de euros más que suficientes para que esta siuación no se diera, pero se da. Con toda la inversión realizada desde hace años, España debería encontrarse en un punto en el que las personas solicitantes del IMV únicamente tuvieran que rellenar una solicitud con su correspondiente certificado digital (el del DNI electrónico, por ejemplo) para poder iniciar el trámite, sin adjuntar ningún otro documento.

Por parte del funcionariado, bastaría con ingresar el nombre de esa persona para poder acceder a toda la información necesaria, sin tener que saltar de ventana en ventana en su pantalla del ordenador en el mejor de los casos y, en el peor, ni siquiera poder acceder a la información. Ni habría problema de seguridad, dado que la identificación previa con certificado digital del funcionari@ marcaría con precisión la trazabilidad de todos sus movimientos por la nube administrativa, ni habría peligro de vulneración de la privacidad y de la protección de datos de carácter personal porque l@s solicitantes habrían marcado la casilla de consentimiento para ese fin.

Esto, hoy por hoy, es ciencia ficción. De cara a la relación del ciudadano con la Adminitración, la Carpeta Ciudadana que se supone que tendría que funcionar como el gran portal donde cualquiera pudiera acceder toda la información que la Administración tiene de él o ella nos recuerda que "se está trabajando para incluir a todas las administraciones públicas y sus organismos y cualquier tipo de expedientes. Mientras tanto puedes acceder a la sede electrónica de cada administración y/o organismo". De cara a la relación entre Administraciones y, por tanto, el trabajo que tiene que hacer el funcionariado, sucede exactamente lo mismo.

La Administración electrónica ha fracasado, porque a estas alturas de la película este sería el mínimo exigible y, sin embargo, continúa siendo el horizonte a alcanzar. Durante décadas ha primado la visión cortoplacista, el gasto sin planificación y los silos estancos de información entre Administraciones, por no hablar de cómo los grandes proveedores y consultoras tecnológicas se han hecho de oro a costa del erario público. Menos inteligencia artificial y un poco más de humana.