Ha transcurrido un año desde que en Catalunya se declarasen las primeras zonas de mercado residencial tensionadas, esto es, se aplicará la regulación de precios establecida en la Ley de Vivienda, tantas veces mencionada como incumplida e incompleta.  

Lo cierto es que la información, un año después, arroja datos interesantes para contestar a aquellos que vaticinaban el hundimiento de la oferta de contratos de alquiler o que ese tipo de medidas – que se aplican desde hace tiempo en numerosas capitales europeas- no funcionan.

Regular precios funciona. Intervenir el mercado funciona. Poner coto a la avaricia especulativa funciona. Los datos demuestran que en los 140 municipios catalanes dónde se aplicó la regulación de precios, estos han bajado, al menos un 3,7%. No es ninguna panacea, pero menos da una piedra. En Barcelona de hecho los precios han descendido un 6,4% mientras que en Madrid han aumentado un 18%. Saquen sus propias conclusiones.

Hay que recordar que la Ley de Vivienda lo que hace, por un lado, es limitar las subidas de precios, una suerte de “congelación” de precios de aquellas viviendas propiedad de “pequeños” propietarios (los que tienen menos de 10 viviendas), aunque permítanme que dude de que esa categoría pueda ser calificada como “pequeño” propietario. Quizás sería más exacto llamarle rentista amateur. Y, por otro lado, obligar a bajar los precios, ajustándolas al índice de referencia, a aquellas viviendas propiedad de grandes propietarios; rentistas profesionales.

Sin embargo, conviene recordar que el mecanismo que decidió utilizar el Gobierno para “incentivar” su aplicación fue el método de las bonificaciones fiscales y apelar a la “solidaridad” de los rentistas, en vez de utilizar la sanción contra los comportamientos antisociales de la propiedad privada. ¿Qué hubiera pasado si en vez de “incentivarles” o invitarles a que se porten bien se les hubiera aplicado un régimen sancionador (un buen multón) en caso de no aplicar la Ley? Pues que los precios hubieran bajado más, sin duda. Hete aquí lo que hay que hacer. Y es que los precios tienen que bajar, pero no un 6%, ni un 10%, al menos un 50% como propone el Sindicato de Inquilinas.

Igualmente, los datos que hemos conocido estos días demuestran que si bien la oferta no se ha detraído, durante 2024 se han puesto en Catalunya, 17.000 nuevas viviendas en el mercado, lo cierto es que la especulación ha encontrado acomodo y refugio en el alquiler de temporada, vacacional y de habitación.

Esta es la puerta abierta que decidió dejar el Partido Socialista al rentismo. ¡No fuese a ser que, por una vez, decidiesen defender de forma nítida el derecho a la vivienda! Y, así las cosas y a pesar de las advertencias del socio de Gobierno en su momento, Unidas Podemos, se dejo una fuga a la especulación.

Y de esos polvos, estos lodos. Según datos oficiales del INCASOL, casi un 20% de la oferta se desvió fraudulentamente al alquiler temporal, de habitación o vacacional. Ahí no impera la limitación de precios porque los contratos de alquiler no se regulan en aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos o la Ley de Vivienda. Ahí está el fraude.

Lo cierto es que, si bien acaba de demostrarse que la Ley de Vivienda funciona, funciona a un ritmo que resulta del todo ineficaz teniendo en cuenta cómo están los precios y como el mercado inmobiliario va tan rápido como la especulación le exige.

A más a más, cuando tenemos decenas de regiones donde sus gobiernos se rigen por el principio-pro especulatione- y jamás, salvo que se les obligue ( ya están tardando porque hay mecanismos para hacerlo) aplicaran ningún instrumento para reducir precios, porque el negocio que han de garantizar es, precisamente, el de que sigan subiendo.

Dicho lo cual, un año después, el balance es el que ya vaticinábamos. ¿Hace falta una Ley de Vivienda? Sí. Pero hace igualmente falta que sea lo suficientemente contundente, y tal y como está ahora mismo no lo es. Esta misma semana el CIS ha vuelto a reflejar la vivienda, como principal problema y preocupación ciudadana.

Sinceramente, no sé a qué está esperando el Gobierno. Aunque no nos engañemos, por muy perfecta que fuese la Ley- que no lo es- una Ley no acaba con un ciclo especulativo que viene fraguándose desde hace años. El cambio necesario empezaría con una verdadera voluntad de hacer efectivo el derecho a la vivienda y esa voluntad no reside en los partidos mayoritarios del arco parlamentario y prueba de ello es que, destacados miembros como Helena Beunza o Joan Clos que han ocupado cargos de responsabilidad en el Gobierno o en la Administración acaban ocupando cargos y presidencias en el Consejo de Administración de la Patronal Inmobiliaria. Una aberración.

Esa voluntad está en la calle, en las organizaciones populares y vecinales, en el sindicalismo social que está emitiendo un nítido mensaje: o bajan los alquileres o lo haremos nosotras, porque el rentismo por sí sólo no funciona.

Nos vemos el 5 de abril en las movilizaciones estatales contra la especulación y el rentismo.