Juan López de Uralde

La alta velocidad ferroviaria es, con diferencia, la infraestructura de transporte en la que más fondos públicos se han invertido en los últimos años en España. El AVE ha cumplido recientemente los 25 años. En este tiempo se han invertido, según ADIF, nada menos que 51.175 millones de euros, lo que supondría una media de más de 1.100 euros por español. Y esta cifra se refiere sólo al importe que ha supuesto la infraestructura, sin incluir, por tanto lo invertido por Renfe en la compra del centenar de trenes AVE con que cuenta para explotarla.

Hoy en día hay serias dudas sobre la sostenibilidad económica, ambiental y social del AVE, y en su conjunto requeriría de una profunda revisión, que se debería concretar en una auditoría independiente. El desarrollo del AVE se ha hecho sin planificación global, a golpe más de decisiones políticas que de necesidades reales.

Algunos años se ha invertido en AVE una cantidad equiparable a la que se recortaba, por otro lado, en partidas sociales. Por ejemplo, el primer recorte aplicado por Zapatero en su 'decretazo' de mayo de 2010 suponía 15.000 millones de euros durante dos años, y la inversión en AVE en esos mismos dos años fue de 11.400 millones.

Son conocidos los servicios de AVE que se han tenido que cerrar porque, con un coste económico disparatado, daban servicio a menos de 10 pasajeros. Sin embargo, ha trascendido menos el tremendo despilfarro –además de su fuerte impacto ambiental y territorial– de muchos de los nuevos corredores de alta velocidad en los que se sigue enterrando el dinero que se nos recorta por otros lados.

De hecho no es de extrañar que países más ricos que España como Suecia, Finlandia Noruega... no tengan ninguna línea de alta velocidad, aunque sí disponen de una amplia y eficiente red de ferrocarriles.

Otro caso, y por quedarnos más cerca: el Tribunal de Cuentas portugués decidió no asignar fondos a la línea de alta velocidad que conectaría Madrid con Lisboa, porque “no defiende el interés público y de los contribuyentes portugueses”. Mientras, en España vamos a gastar más de 2.600 millones de euros en la línea.

Luego está la tremenda disparidad en la asignación de presupuestos comparando con otras líneas de ferrocarril. Ha habido años que el AVE se ha llevado 150 veces más fondos que las cercanías, a pesar de que cada día viajan 30 veces más pasajeros en cercanías que en AVE. Una muestra clara de en qué tipo de pasajeros están las prioridades del Gobierno. Y eso sin contar las líneas de ferrocarril convencional abandonadas y cerradas, pese a la reclamación social de que vuelvan a ponerse en marcha. En los Presupuestos Generales del Estado de 2016 se destinaron todavía 3.500 millones para la construcción de nuevas líneas AVE y apenas 150 millones para nuevas líneas de trenes cercanías.

El coste la Y vasca

La llamada 'Y vasca' no se escapa de esta situación general: cuando el Gobierno vasco y el Central acordaron la construcción del AVE vasco, el presupuesto previsto fue de 4.178 millones de euros, de los que casi un 40%, 1.642 millones, los adelantaría la Administración vasca, para descontarlos después vía Cupo. Una pequeña parte, 118 millones, procederían de fondos europeos y el grueso de la operación correspondería a Adif, con algo más de 2.500 millones por asumir. Sin embargo esos presupuestos ya están desfasados, y hoy se estima que el coste superará los 6.000 millones cuando finalice en 2023. La desviación es, por tanto, notable, y justifica un informe específico del Tribunal de Cuentas.

Las obras de la denominada ‘Y vasca’, según un informe entregado al Parlamento vasco por la consejera competente en materia de Transportes, Arantxa Tapia, acumulan 263 millones de sobrecoste con respecto al presupuesto de adjudicación en los tramos que construye el Gobierno vasco en Gipuzkoa tras una encomienda de gestión por parte del titular de la infraestructura, la sociedad pública estatal Adif. El denominado “presupuesto vigente líquido” es de 1.838,59 millones frente a los 1.699,81 estimados inicialmente, que se redujeron a 1.575,30 merced a las mejoras económicas ofrecidas por las contratistas.

Con estos números, la Administración ha puesto un 16,71% más de fondos públicos con respecto a lo contratado y un 8,16% más si lo que se toma como referencia es lo presupuestado. Un total de 263 millones en sobrecostes. Ni uno solo de los 17 tramos en que se divide el corredor guipuzcoano ha cumplido su presupuesto.

Además, ha de tenerse en consideración también que tras más de medio año de investigación secreta, la Fiscalía de Álava, apoyada por la Ertzaintza y por la Guardia Civil, tipificó el pasado mes de marzo como un posible caso de “prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial” el millonario sobrecoste registrado en las obras de construcción del tramo Beasain Este de la 'Y vasca', terminadas hace ya un lustro.

Estos trabajos tuvieron un sobreprecio del 16% respecto al presupuesto original y del 23% respecto al precio de adjudicación del contrato a la UTE compuesta por las empresas Dragados, Iza, Ossa y Campezo.

Todo ello debería invitar a la reflexión, y es que la actual huida hacia delante del Gobierno impulsando nuevas líneas de AVE carece de sentido. Las líneas de AVE ya construidas suponen un lastre económico muy importante, por ello es necesario repensar el futuro de esta infraestructura que sólo ha demostrado, en sus 25 años de existencia, ser insostenible económica, social y medioambientalmente.