Investidura: ya no hay marcha atrás

“El acuerdo entre PSOE y Junts está hecho, otra cosa es el detalle y la puesta en escena”. Un destacado integrante del Gobierno en funciones, conocedor de cada segundo de la negociación sobre la investidura de Pedro Sánchez, hablaba en estos términos a última hora del viernes pasado, cuando se conoció el frenazo de la negociación entre los socialistas y el partido de Puigdemont. La parada a repostar los últimos pormenores dio al traste con las pretensiones del líder socialista de tener los acuerdos listos con Junts y ERC la semana pasada, aunque “negociar al límite”, como está haciendo Junts y como avisaban quienes conocen bien a Junts, es exactamente esto, y todavía no se descarta que este mismo lunes, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, anuncie las fechas de la investidura (las fechas posibles irían del 8 al 11 incluido) esté cerrado el documento de la proposición de ley, o no. Un texto, por cierto, que ni requiere el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni éste está legitimado para dar visto bueno o malo alguno con sus cinco años de inconstitucionalidad a cuestas. La democracia es esa proposición de ley de la amnistía con su respaldo parlamentario y no, la ocupación del CGPJ por cinco años, sin el apoyo de las Cortes y cobrando de nuestros impuestos.

Ni PSOE ni Sumar contemplan en absoluto la voladura de las negociaciones. Los independentistas catalanes, tampoco. El texto de la propuesta de ley de amnistía ha sido trabajado meticulosamente hasta la última letra, hasta la más irrelevante coma, y su importancia directa para una parte sustancial de la población catalana, que depositó en sus partidos y líderes políticos la confianza y el riesgo de emprender un proceso de independencia de Catalunya avalado por las urnas, es de tal magnitud que hace imposible que Junts rechazara su salida adelante. No es una norma elitista, como se esfuerza en vender la (ultra)derecha desatada, sino un texto que abarca a todos los estamentos políticos y sociales que se vieron implicados en el procés desde 2013 y que pretende poner a cero el contador de las relaciones entre Catalunya y el Estado y dentro mismo de Catalunya.

Junts, ERC, PSOE y Sumar, con el respaldo del resto de socios de investidura (Bildu, PNV, BNG y quién sabe si Coalición Canaria), saben lo que tienen enfrente: una (ultra)derecha frustrada por la lógica más aplastante que les echan en cara sus bases, “Si es delito, si es ilegal, si es inconstitucional, ¿por qué se va a poder hacer la amnistía y por qué Sánchez y Díaz gobernarán otra vez?”. La respuesta es obvia: porque es mentira lo que PP, Vox y la parte más reaccionaria de la elite (esa sí) de la judicatura están diciendo, junto a otros sectores autoritarios de la sociedad. La propuesta de ley, la investidura de Sánchez, el voto de los independentistas, la aprobación parlamentaria de la amnistía -incluso, con el retraso en el que trabaja el PP, con mayoría absoluta en el Senado- y su recurso (seguro) ante el Tribunal Constitucional son perfectamente legítimos y legales. El redactado de la ley debe ser casi perfecto, si admitimos que la perfección no existe por el componente de interpretación humana de las leyes; su aprobación parlamentaria, impecable, dilatada por el PP o no. Y que después se pronuncie el TC ninguneado por sus compañeros del Poder Judicial.

El Gobierno en funciones, Junts y ERC se enfrentan a jueces que han hecho ostentación pública de su rechazo a una ley, primero, que ni conocen y, segundo, cuya competencia para evaluarla implica solo al Constitucional. Saben los socios de investidura que se enfrentan a muchos y muchas magistradas que ampliarán todo lo posible el decreto de la amnistía a muchas y muchos catalanes, solo por ideología, cuando no intenten tumbarla. Por eso es imprescindible todo pespunteado de refuerzo. Así ocurrió con la ley del solo sí es sí, donde hubo magistrados con más ganas de rebajar penas a criminales sexuales por ir contra el Gobierno que aquéllos/as que las aplicaron consecuentemente por un error técnico o falta de precaución del Ejecutivo incontestables. Es el resultado de dar a jueces y juezas potestades que no les corresponden, como las políticas durante el procés.