Por Álvaro Esteras, activista de La Comuna.

El 7 de diciembre de 1979, medio millón de trabajadores se sumaron a la huelga general en Euskadi, que fue, según muchos observadores, la mayor huelga en la historia del País Vasco de los últimos cuarenta años. En Asturias, provocó el cierre casi total de la minería y de Ensidesa. La protesta estaba convocada contra el proyecto de ley de Estatuto de los Trabajadores. Se extendía la huelga y las protestas por todo el territorio del Estado.

Los siguientes días de diciembre de 1979 tuvieron lugar huelgas generalizadas de estudiantes contra la Ley de Autonomía Universitaria (LAU) y el Estatuto de Centros Docentes.

En Madrid, la Coordinadora de Enseñanza Media y Formación Profesional estaba muy organizada, sacaba todos los días un boletín informativo con el balance diario, contactos mantenidos, recomendaciones, caja de resistencia, etc. El día 11 de diciembre daba cuenta de que eran 90 centros los que estaban en paro total y 5 en paro parcial, que había habido 8 encierros, una manifestación de 2.000 estudiantes disuelta por la policía en Embajadores, una concentración de 700 en Móstoles, una marcha…

La otra Coordinadora, la de los estudiantes universitarios, también estaba haciendo su trabajo. En la Coordinadora Universitaria de Madrid estaban representados, por delegados elegidos democráticamente, unos 100 centros. La Coordinadora luchaba por mantener la unidad y la independencia del movimiento estudiantil, lo que no era fácil. El Secretario del PCE de Madrid, Simón Sánchez Montero, intentó acordar el recorrido por la manifestación de estudiantes del día 13 con el Gobernador Civil, encontrándose con el rechazo del movimiento al no haber sido elegido en las asambleas.

El PSOE y PCE pedían la modificación del proyecto de LAU frente la posición abrumadoramente mayoritaria del movimiento estudiantil que exigía, por su contenido y por como se había elaborado, su retirada.

Lo mismo que Madrid estaban movilizados los distritos universitarios, Córdoba, Granada, Sevilla, Málaga, Murcia, Valencia, Zaragoza, Oviedo, León, Tenerife,…, estaba movilizada hasta la UNED. Las movilizaciones tenían una clara vocación unitaria, impuesta por una dinámica asamblearia desde la base y con una fuerte desconfianza manifestada en las asambleas ante posibles acuerdos partidistas al margen del movimiento estudiantil.

Esta actitud por parte de los estudiantes no era gratuita, ya que el uso de la figura del “consenso” entre los poderes franquistas y parte de la oposición antifranquista había generado una desconfianza en los pactos y las negociaciones llevadas a cabo por ambos, en las que la derecha postfranquista seguía teniendo en sus manos el aparato del Estado: el gobierno, la administración, el ejército, la policía, los tribunales, las prisiones, etc.

El movimiento estaba impulsando movilizaciones enormemente masivas, siempre pacíficas, contra leyes que se entendían restringían derechos democráticos básicos. Los estudiantes rechazaban los proyectos de ley porque entendía que estaban muy lejos de representar un avance hacia la educación democrática que se necesitaba.

El día 13, a las 12 del mediodía, la manifestación convocada por los estudiantes transcurrió por Isaac Peral y, a su encuentro con trabajadores de la Chrysler (movilizados contra 8 despidos disciplinarios) junto a los gritos de “Seara (por el entonces ministro de educación) tienes mucha cara “ también se escuchó “el hijo del obrero a la universidad”. La manifestación finalizaba en la plaza de Juan Zorrilla pero, poco después, empezaron a producirse, por todo Madrid, otras concentraciones de estudiantes.

La Constitución en su articulo 21 había reconocido el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitaba autorización previa y los estudiantes, los universitarios y los de enseñanza media, se emplearon aquel día, como se habían empleado los días precedentes, en ejercerlo. Se estimó que fueron aproximadamente 100.000 personas las que, en la calle, de una u otra forma, lucharon aquel día contra los planes para la enseñanza, del gobierno.

Esa tarde estaba convocada una manifestación contra el proyecto de ley del Estatuto del Trabajador y finalmente la asistencia fue enorme, estimándose en 300.000 personas.Cuando la cabecera alcanzó Embajadores la cola estaba todavía en la Plaza de Santa María de la Cabeza.

La gente se estaba concentrando para escuchar a los dirigentes sindicales cuando se oyeron disparos en Ronda de Valencia. El servicio de orden dió por terminada la manifestación y pidió a los manifestantes que se dispersasen en sentido contrario a la Ronda. Fue entonces cuando comenzaron a caer botes de humo en Embajadores. Había enfrentamientos entre estudiantes y la policía en la Ronda de Valencia, donde había dos autobuses parados en medio de la calle. Allí, efectivamente, se estaba produciendo un gran lanzamiento pelotas de goma y botes de humo. Dos chicas llegaron llorando a Embajadores y cuando se las pregunto que había pasado dijeron, entre sollozos, -¡Han matado a un compañero!- En realidad, los muertos eran dos estudiantes: Emilio Martínez y José Luis Montañés que habían sido alcanzados por disparos entre los números 6 y 8 de la Ronda de Valencia. Sus compañeros los llevaron en taxis al Hospital Provincial Francisco Franco. José Luis ingresó cadáver y Emilio murió en el quirófano. Además había muchos más heridos algunos alcanzados por disparos de bala de la policía.

El gobierno de Suárez lanzó una campaña de intoxicación utilizando el lenguaje policial del franquismo, negando la condición de estudiantes de los fallecidos o llegando hasta el punto de especular de forma vil con la procedencia de 70.000 pesetas halladas en el bolsillo de uno de los muertos - era cobrador de una empresa, pero eso nunca fue aclarado por la TVE que fue quien muy tendenciosamente había dado la noticia.

El gobierno de UCD lo dejo muy claro:

Primero, el muy condecorado ministro de interior, teniente general Ibáñez Freire – había recibido, de Franco, entre otras muchas condecoraciones, La Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas (Suárez, también) y de Hitler, la Cruz de Hierro – manifestó: “cuando las manifestaciones son como deben de ser, no pasa nada; pero otra cosa es organizar manifestaciones ilegales para ir al asalto de las FOP, y éstas tienen que defenderse”.

Después, el Secretario de Estado de Información Josep Meliá no se quedo atrás diciendo que “se trataba de una autentica guerrilla urbana”.

Los medios de comunicación tampoco se quedaron cortos: “El País” describía a policías acorralados; según el testimonio de un testigo, cuya identidad debía permanecer en secreto – eso decía el periodista, como si pareciese que se debía que proteger al testigo de los alborotadores - que afirmaba que los estudiantes habían acorralado a la policía para, a continuación, “informar” que entre los agentes del orden y los manifestantes había una distancia de al menos 15 metros.

La versión del acorralamiento fue corroborada en el mismo medio por el Gobernador Civil, el Sr. Rosón. Diarios como YA y ABC hablaron de una “enorme piedra” arrojada contra el todoterreno de la policía, de esta piedra no existe ninguna foto y no se informó de que a ningún manifestante se le interviniese la catapulta necesaria para lanzarla según la descripción que estos medios hacían de la misma.

En el Congreso, Felipe González, en nombre de todos los grupos parlamentarios (eso sí, pidiendo excusas por adelantado ante posibles valoraciones personales), formuló al ministro del Interior una pregunta sobre la muerte de dos jóvenes de veinte y veintitrés años, en el transcurso de una manifestación no autorizada. Advirtió que «de ninguna manera estamos enjuiciando la actuación de dos, tres, cinco o veinte policías concretos».

En su respuesta, el gobierno pidió que se defendiese la mano dura frente a los alborotadores.

Y a los demócratas de extremo centro, se fueron uniendo, primero la Federación Socialista Madrileña que declaro que “los trágicos incidentes ocurridos solo benefician a los grupos minoritarios que han encontrado la respuesta que buscaban en las FOP”. Si, así, tal cual.

Y, después, el MUNDO OBRERO, del domingo 16, en su editorial daba respuesta a otra del periódico YA en la que se acusaba al PCE y la “ultraizquierda” de haber alentado las movilizaciones y de ser los causantes de los incidentes del día 13. Recalcaba que, ni el Gobierno, ni el Ministerio del Interior, ni la policía confundían al PCE con la “ultraizquierda” en su versión de lo hechos y terminaba denunciando a “grupos ácratas” -por llamarlos de alguna manera – que buscaron implicar a los trabajadores en su aventura.

Entre los jóvenes se había venido produciendo la ruptura con la cultura asociada al franquismo, eran cuestiones vitales más que culturales. Las manifestaciones de este hecho se apreciaban por todas partes: música, hábitos, estilos y modas, hasta tímidamente en las relaciones sexuales y la crisis cultural del modelo – que era la cosa más cateta, aburrida, pazguata, triste y, sobre todo, represiva que se pueda imaginar – producía y/o acompañaba a fuertes distorsiones en la esfera política en la que la ruptura se producía de un modo muy desigual, muy estratificado, incluso para fines de 1979

Pero lo que estaba claro es que en las movilizaciones de los estudiantes había dos cuestiones, que desde hacia tiempo, años ya, llamaban muy poderosamente la atención y que eran algo profunda, radical, genuinamente democrático: la negación del concepto de Autoridad en el que tan firmemente algunos creían - como ejemplo, vale el “miles gloriosus” que había por Ministro del Interior - y el fortísimo anhelo de participación en las diferentes esferas de decisión de aquello que les pudiese afectar, y la firme determinación de seguir luchando por ese camino.

El juez Clemente Auger, instructor del caso, fue precisando ciertas cuestiones. Aparte de los dos estudiantes muertos, resultaron con heridas de bala, Luis Sáenz Robles, la turista británica María Patricia McAnulty y Esteban Montero Cerrada, estos dos últimos viandantes que transitaban por aquellos lugares sin tener nada que ver con los hechos, los autores de los disparos que produjeron las muertes y las heridas fueron los miembros de la dotación del Land Rover matrícula CPN-1708, formada por el cabo Juan Pancorbo Crespo, el conductor Antonio Francisco Garrido y los números Paulino Gómez del Pulgar, Juan José López Tapia, Pablo Santos Turégano y Manuel Ortega García.

Según los resultados de la instrucción sumarial, el citado Land Rover, «al girar para volverse hacia Atocha, paró en el cruce de peatones de la calle de Valencia, en la calzada de la ronda de Valencia, junto a la acera de los números impares de esta última vía, y los seis miembros de la Policía Nacional, ocupantes del vehículo, se bajaron del mismo y se produjeron disparos de armas de fuego por los mismos, manifestando todos estos haber disparado sus armas reglamentarias, el cabo un subfusil, y los demás, pistolas Star, al aire, todo un clásico (el subrayado es nuestro), con excepción del policía nacional Pablo Santos Turégano, que manifestó no haber disparado – Los dos estudiantes muertos fueron impactados a unos 56 metros, (si, 56 metros), del lugar donde se encontraba parado el Land Rover policial, y alguno de los heridos, en concreto Esteban Montero Cerrada, en la glorieta de Embajadores, muy lejos de aquel lugar.

Las pruebas periciales realizadas demostraban que el conductor del Land Rover, Antonio Francisco Garrido, hizo el disparo que alcanzó a Luis Sáenz Robles, y también el que alcanzó a Esteban Montero Cerrada. El policía nacional Manuel Ortega García hizo el disparo que alcanzó a Emilio Martínez Menéndez y que determinó su fallecimiento. Por no haber sido halladas, las balas que impactaron a José Luis Montañés, por la que resultó muerto, y a María Patricia McAnulty, que resultó lesionada, no fueron incorporadas al sumario. – según las conclusiones enviadas por el juez instructor a la audiencia provincial, los hechos podrían constituir un delito de homicidio, y en los mismos no se apreciaban causas que los justificasen, y excluían, por tanto, la legítima defensa y el cumplimiento de un deber.

El día de la reconstrucción judicial de los hechos los policías presentes no cesaron de amenazar e intimidar a quienes habían sido citados como testigos, hasta el punto el juez tuvo que ordenarles que se retirasen unos metros.

El sumario cuestionaba también claramente las roturas que presentaba el vehículo, y la versión del comandante de las FOP Jaime Togores Franco Romero, jefe de servicio en la DGS el 13 de diciembre, quien, según sus propias declaraciones, se encargó de conducir él mismo el coche policial, desde la Casa de Socorro a las dependencias de la DGS en la Puerta del Sol. La dotación del todoterreno tardo más de tres horas en llegar desde el lugar de la manifestación hasta el centro sanitario, que está a menos de dos kilómetros. Según dijeron, “por problemas de tráfico”. La Policía presento también numerosas piedras que, según ella, habían sido lanzadas contra el Land Rover. Del análisis de las piedras se comprobó que procedían de un río. No se encontraban entre las “piedras-prueba” la enorme piedra de la que hablaban ABC y YA.

El juez Clemente Auger elevó la instrucción del caso a la Audiencia Provincial, solicitando el procesamiento de tres policías.

Formaban parte de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial, que se ocupó del caso, los magistrados Francisco Alberto Gutiérrez Moreno y Alberto Leiva Rey. Este último había sido nombrado en 1966 gobernador civil —y jefe provincial de FET de las JONS— de Ávila. En diciembre de 1969 fue nombrado delegado nacional de Prensa, Propaganda y Radio del Movimiento, cargo que ejercería hasta septiembre de 1970. También fue nombrado miembro del Consejo Nacional del Movimiento, así como procurador en las Cortes franquistas. Con posterioridad desempeñaría los cargos de gobernador civil en las provincias de Sevilla y Granada.

Presidía la sala el magistrado Luis Pérez Lemaur García, a quien le gustaba lucir ostensiblemente la bandera nacional con el águila franquista en su chaqueta. Entre otros juicios, Pérez Lemaur presidió el tribunal que condenó a Francisco García Salve, dirigente histórico de CC.OO., por criticar al Tribunal de Orden Publico, órgano judicial franquista encargado de la represión.

¿Que podía salir mal?, estábamos en un Estado de Derecho, la independencia del poder judicial estaba garantizada.

El procesamiento de los tres policías fue denegado y se archivo el caso.

La lucha de los estudiantes no cesó ahí, un mes y medio más tarde se cometió el asesinato de Yolanda González, de 19 años, miembro de la Coordinadora de Estudiantes de Madrid por el centro de Formación Profesional de Vallecas. Yolanda, militante del PST, fue secuestrada y asesinada por los militantes de Fuerza Nueva Emilio Hellín e Ignacio Abad. La trama en la que participó algún miembro de las FOP estaba formada por muy conocidos matones franquistas. Emilio Hellín fue luego colaborador del Ministerio del Interior y hace poco también colaboró en la defensa legal de Cristina Cifuentes.

El proyecto de la LAU, ese bodrio irremediablemente antidemocrático, fue retirado.

El Estatuto de Centros, aunque se aprobó, nunca pudo ser aplicado.

A los que participamos en aquella lucha nunca nos pareció una victoria. Con aquellos mimbres no estaba asegurado que se fuesen a promulgar nuevas leyes que fueran mejores que las se habían quedado atrás.

Pero, sobre todo, se nos había quedado mucho en el camino, se nos habían quedado muchos en el camino.

Existe una placa dedicada a Yolanda González que periódicamente es atacada de un modo cobarde por los correligionarios de sus asesinos. No hay ninguna placa dedicada a José Luis y Emilio.